En el contexto de las próximas elecciones y acercándonos al debate de los candidatos presidenciales tenemos puntos cruciales que deben ser abordados por ser los principales problemas de nuestro país, tales como el conflicto fronterizo con Haití, la inseguridad y delincuencia, el índice de pobreza, la corrupción, la justicia parcializada, el desempleo, la inflación, el problema eléctrico, la escasez de agua, la educación, las cárceles, entre otros, pero debemos considerar como una prioridad, entre los puntos a abordar, los temas de la deuda y su correlación con el crecimiento económico por su alta incidencia en la inversión y porque podría limitar la capacidad del gobierno de implementar reformas. Entendemos que la deuda es un problema que exige una solución política y expedita para erradicar la restricción financiera que ralentiza el crecimiento económico.
Durante tiempo hemos pretendido obviar este serio problema de endeudamiento al creer que no constituye un obstáculo grave para el crecimiento y en el mejor de los casos solo se habla de la administración de la deuda, no obstante, tenemos que tener bien claro que una deuda pública en aumento es un drenaje de los recursos que podrían ser utilizados en obras de capital para promover el crecimiento.
Una de las preguntas claves sería: ¿cuáles podrían ser las estrategias para reducir la deuda e impulsar el crecimiento? En adición ¿cuáles serían los sectores productivos básicos identificados para impulsar el crecimiento? Para integrar el tema de la deuda pública al debate, que en última instancia es un tema en torno a la pobreza y a la riqueza del país, se debe dimensionar el problema del endeudamiento en su justa posición y exposición.
Actualmente la carga de la deuda es una amenaza porque esta combinada con la insolvencia fiscal, y ese es en definitivamente el mayor reto para el próximo gobernante para lograr la estabilidad financiera de nuestro país. Cada vez se hace más evidente la necesidad de iniciar un proceso de consolidación fiscal, la cual para que sea efectivo debe estar basada en reglas fiscales que reduzcan el déficits mediante una Ley de Responsabilidad Fiscal, a la par de esto es inminente una reforma tributaria que simplifique el código tributario, elimine distorsiones, que amplie las bases y reduzca las tasas existentes, solo con esas reformas estructurales, será posible incrementar la productividad promedio en la economía y elevar los ingresos de los ciudadanos.
En ese orden nos cuestionamos ¿tenemos moral para hacer un ajuste fiscal si gran parte de la elite política y económica utiliza paraísos fiscales para obviar pagar impuestos y para no declarar la procedencia de los fondos? Necesitamos ser coherentes con lo que enarbolamos para así granjearnos la confianza de los ciudadanos, el requerimiento moral y la honestidad al parecer solo son para el pueblo no para los políticos.
Es necesario además de la reforma fiscal, una política de crédito bien llevada, una política de restricción del gasto corriente, mejorar la eficiencia del gasto, reducir la corrupción, promover el empleo, mejorar el clima de negocios, integrar las innovaciones tecnológicas, procurar la redistribución justa del ingreso, la defensa de los recursos estratégicos, un saneamiento institucional reduciendo la dualidad de funciones, y por ende el tamaño del gobierno.
¿Cuál es la causa por la cual hemos llegamos a esta situación tan crítica? es una realidad que las élites políticas, durante décadas, en lo fundamental, han tomado decisiones para mantenerse en el poder. Hay medidas que no se toman porque no son populares y su objetivo primordial nunca ha sido la creación de instituciones para alcanzar la eficiencia y la justa distribución del producto, es todo lo contrario, los gobiernos se han distinguido en aumentar el gasto corriente, estableciendo una política clientelar desviando los recursos del desarrollo para adormecer a las masas con limosnas y mantenerse gobernando, en esas condiciones el Estado no está protegiendo a los ciudadanos, el populismo, el regalito de corto plazo, el bono, las migajas, el pensionar a ciudadanos que no han cotizado en los sistemas de pensiones del Estado tan solo para aumentar a su favor una masa de votantes, son las decisiones políticas, que nos están hundiendo, nunca presentan una solución de fondo, todo es demagogia.
En consecuencia, visiblemente no hay una solución económica ni financiera ni en el corto ni el largo plazo del problema de la deuda pública, hasta hoy lo que tenemos es un círculo vicioso que se va agravando en el tiempo y las reestructuraciones y otras medidas de alivio financiero no solucionan el problema de la deuda, sino que, al contrario, lo adormecen. En efecto, cuando el gasto es mayor que el ingreso, el país se ve obligado a imprimir más dinero, para hacer frente al pago de la deuda, lo que provoca la devaluación de la moneda, esto a su vez provoca inflación al aumentar el precio de sus importaciones, lo que puede desembocar en una crisis económica.
Por otro lado, es entendible que la deuda puede ser una herramienta útil si es transparente, si se gestiona bien y se usa en el contexto de una política de crecimiento y desarrollo y si es un instrumento que contribuye a fortalecer la liquidez y profundidad del mercado financiero local, facilitando el acceso de las empresas a los mercados de capitales local e internacional, no obstante en una situación de lenta recuperación de la actividad económica y alto déficit fiscal como la actual, el restablecimiento de límites cuantitativos y de prioridades parecería no reunir el consenso político que se requiere. Con la prima de riesgo que demandan los inversionistas para comprar bonos soberanos (riesgo país) aumentando, implica que el costo de emitir nueva deuda para República Dominicana será mayor; el endeudamiento público cada vez implicará un mayor consumo de ingresos corrientes.
Ante, la incertidumbre actual en torno a las perspectivas de crecimiento, es necesario gestionar con sumo cuidado el servicio de la deuda, por tanto, es impostergable políticas de endeudamiento responsable. ¿Cuánto es demasiado? Son varios los factores que determinan cuánta deuda podemos soportar antes de sobrecargarnos demasiado; entre ellos, la calidad de las instituciones, la capacidad de gestión de la deuda, las políticas y los fundamentos macroeconómicos.
De acuerdo a la última actualización de los informes de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) que publica el Ministerio de Hacienda, tenemos que a septiembre de 2020 totalizaba 43,091.1 millones de dólares y subió a 52,264.4 millones de dólares a noviembre del 2022, para un incremento de 9,173.27 millones de dólares. Al 31 de enero de 2024 la deuda del sector público no financiero totalizó US$54,426.6 millones, representando el 44.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Este saldo está compuesto en un 70.3% por deuda externa y 29.7% por deuda interna. Entendemos que la deuda pública del sector no financiero del Gobierno se aproxima a su umbral de riesgo ya que supera el 40% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que incide en las tasas de interés de los bonos soberanos que coloca el país en los mercados internacionales.
De acuerdo al Centro Regional de Estrategias Sostenibles (Crees), la evolución de la deuda publica consolidada, es decir, la contraída por el sector público con el resto de los agentes económicos, tanto locales como internacionales, es la siguiente: para el 2018 ascendía a la suma de 44,065 millones de dólares, para el 2019 a 47,860.5, para el 2020 a la suma de 57,266, para el 2021 ascendió a 62,036.8, para el 2022 a 68,882.7 , finalizó en un 60.4 % respecto al PIB y para el 2023 totalizo con la suma 74,941.7 millones de dólares, situándose en 62.3 %, respecto al PIB. Esto implica un crecimiento de 56.6% en 4 años, De este monto, 19,054.3 millones de dólares corresponden a la deuda del sector Público no Financiero (SPNF) y 8,026.9 millones de dólares que corresponden a deuda intergubernamental de bonos emitidos por el Gobierno Central para la recapitalización del Banco Central.
La evolución del endeudamiento interno y del endeudamiento total del sector público, nos muestra la necesidad de estudiar la magnitud y evolución futura de la deuda pública total debido a que los déficits del sector público se han incrementado sostenidamente y han comenzado a ser financiados crecientemente con deuda interna.
Unos de los objetivos principales respecto a la relación entre deuda y crecimiento económico, es el de cuantificar el umbral, es decir el nivel de deuda, bajo el cual los incrementos dejan de contribuir al crecimiento en la economía del país, por igual considerar las variaciones limites en la tasa de interés debido a que elevados niveles de deuda tiende a reducir el consumo y a ahuyentar inversión privada. Actualmente el gasto en intereses de la deuda representa entre un 23 y un 25% de los ingresos tributarios. Finalmente es importante que la ciudadanía entienda que mientras más alto es el porcentaje de la deuda pública con relación al PIB del país, menor es la capacidad de nuestra economía para pagarla, al tiempo que tendrá mucho menos recursos para solventar el resto de los pagos que se necesitan para mantener la administración del Estado, distorsionando y perjudicando el crecimiento económico.
Por: Jacoba Hasbun