RESUMEN
“En el oficio de reportero se puede decir lo que se quiera con dos condiciones: que se haga en forma creíble y que el periodista sepa en su conciencia que lo que escribe es verdad, o quien cede a la tentación y miente, aunque sea sobre el color de los ojos.»
Gabriel García Márquez
Los costos de producción de los medios de comunicación son sumamente elevados, es una realidad que los medios, tanto radial, televisivo o escrito compiten por los ingresos de la publicidad disponible tanto la privada como la estatal y cierto es que muchas veces sucumben ante la imposibilidad de cubrir sus gastos de producción, por lo que la forma más viable de cubrir esos gastos es con la publicidad del Estado, lo cual representan un porcentaje sustancial de la inversión total en publicidad en los medios. En sentido general el público no conoce las cifras exactas de lo que se gasta en publicidad estatal, pero hay constancia en varios informes que indican que numerosos medios reciben del Estado entre el 40% y el 50% de sus ingresos.
Hay un enorme gasto interno del Estado destinado a publicidad y no se evidencian criterios de selección para asignar la publicidad, más bien responden a la discrecionalidad de los gobernantes y lo que es peor sin ninguna restricción o supervisión legal. Ello da lugar a una selectividad arbitraria en la colocación de publicidad estatal y como consecuencia de esto conlleva a que el Estado tenga el control sobre la información que se divulga a los ciudadanos, esto es muy preocupante debido a que puede constituirse en una violación de la libre expresión al mantener desinformado de la realidad a la población. Ante esta situación, nos surge la siguiente pregunta ¿Cómo se comportará un medio que recibe entre un 40 o 50% de sus ingresos totales via una asignación estatal? ¿no estará comprometido a apoyar las opiniones del gobierno y a guardar silencio sobre asuntos de interés público que no sean favorables al Estado? Es factible entender que para mantener su cuota de publicidad estatal, algunos medios, no todos, se verán comprometidos y, en efecto, muchas veces a producir comentarios e informes favorables al gobierno y a quienes toman las decisiones sobre asignación de publicidad estatal.
La asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial incide directamente en las líneas informativas de los medios y esto obviamente es incompatible con la libertad de expresión, por lo que la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas, por lo que se comete ilegalidad cuando se produce la asignación discriminatoria de publicidad estatal. No hay dudas de que la gran mayoría de la información responde a intereses, salvo casos de panelistas y periodistas comprometidos con la verdad que no se prestan a dar información incompleta y, por tanto, a distorsionar los hechos y que no se doblegan ante presiones que prefieren callar su voz y no su conciencia, son pocos, pero los hay. Un mal ejercicio del periodismo le quita a las nuevas generaciones la oportunidad de conocer la verdadera historia de una nación.
¿Cuánto gasta el gobierno actual en publicidad? de acuerdo con las cifras obtenidas de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), en el año 2021 el gasto en publicidad y propaganda fue de 3,651 millones, monto casi duplicado en el 2022 cuando ascendió a la suma de 6,375 millones, prácticamente equiparado al máximo histórico del gobierno anterior del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). En este año 2023 la situación no ha cambiado, se mantiene el mismo ritmo de incremento en gasto de publicidad con una asignación presupuestaria de RD$7,903 millones, la cual, en caso de ejecutarse por completo, superaría en más del doble lo gastado en 2021 y superaría en un 24% lo gastado en el 2022. Mientras eso sucede el presidente Abinader en declaraciones, realizadas el pasado 12 de mayo del presente manifiesta su disposición a mantenerse vigilante para impedir que los recursos del Estado sean usados en campaña, e indicó que en su Gobierno no pasará lo que ha sido común en el pasado, por igual el ministro Administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza negó que este Gobierno esté haciendo uso de los recursos públicos para promocionar o posicionar un candidato presidencial, e indicó que esa es una práctica de la «vieja política». nosotros queremos generar un antes y un después. Lo mas lamentable de esto es que saben que en política, y más específicamente en comunicación política, las acciones se expresan a través de un conjunto de palabras que transportan un significado más allá de la realidad y de lo literalmente hecho y que de manera subliminal se quedan en la conciencia de los ciudadanos.
¿Este gobierno sabe muy bien que gran parte de su éxito depende de la construcción de la percepción, es decir en ¨el hacer ver¨ o en ¨el hacer creer¨ un ejemplo de eso es cuando se dice insistentemente que tenemos una justicia independiente el país lo cree y realmente ¿es así? La publicidad es el poder más grande de la democracia, existe el dicho que una mentira repetida con suficiente frecuencia se convierte en verdad, entre los psicólogos esto se conoce como el efecto de ¨ ilusión de la verdad¨ si bien es cierto que la repetición tiene un poder de hacer que las cosas suenen más ciertas, incluso cuando sabemos que no lo son, no logra sin embargo anular el conocimiento y siempre van a existir voces y fuerzas que impidan que estas desinformaciones se conviertan en verdades absolutas.
Aun a sabiendas de que el uso debido de los recursos públicos es destinarlo a la educación, salud, seguridad, justicia, transporte, entre otros y en la adquisición de insumos necesarios para la producción de bienes y servicios, es muy lamentable que no solo en este gobierno sino en todos los anteriores la practica ha sido desviar esos recursos para capitalizarlo políticamente a favor de quienes ejercen la función pública en un momento determinado. En los aspectos del gasto del gobierno en publicidad se viene realizando a discrecionalidad sin un marco normativo, se toman decisiones sobre recursos del Estado, excediéndose en los límites que impone el ejercicio de la función pública, y haciendo que esos recursos generen beneficios personales o para el espacio político que tiene a su cargo el gobierno en un momento determinado
Es innegable que el uso excesivo de la publicidad estatal para resaltar la figura presidencial o de determinados funcionarios, promocionando los logros y obras de infraestructura que se están ejecutando y por ejecutarse que muchas veces son promesas y demagogias, dejo de ser una herramienta de información para convertirse en una herramienta de promoción. Los logros de un gobierno en materia de ejecución de políticas públicas tienen una gran capacidad de influir en la opinión pública, por lo que, asociar de manera fuerte y directa, esos resultados a una persona y a su espacio político, puede funcionar como medio de acumulación de capital electoralista, desvirtuándose la equidad de la competencia política sobre todo en períodos no electorales, No es lo mismo un anuncio indicando el calendario de vacunación infantil que un spot televisivo sobre las virtudes de un gobierno durante su gestión. La inclusión de los nombres, fotos e imágenes de los funcionarios, e inclusive la utilización de los colores o signos partidarios para identificar las gestiones gubernamentales en el espacio público, desvirtúan el objetivo de la publicidad oficial y provocando un desbalance entre fuerzas políticas, todo en base a recursos que no son accesibles de igual forma para todas ellas y que deben ajustarse a plasmar la lógica de las políticas de Estado más allá de los gobiernos.
¿Que esta provocando que se produzcan estos excesos y esas asignaciones discrecionales, las cuales fomentan la arbitrariedad y la discriminación a la hora de asignar los presupuestos del gobierno? no tenemos dudas de que es debido a la falta de un marco regulatorio y a la carencia de normas sobre el gasto en publicidad oficial pese a los numerosos intentos legislativos nacionales y locales por llevarla a cabo. Entendemos que no se materializa porque es una herramienta poderosa para promocionar la reelección en situaciones de desigualdad para los demás partidos políticos y es en definitiva un ejercicio arbitrario del poder público que afecta la libertad de expresión y el derecho a la información veraz. . Existe un proyecto de ley sobre la regulación de la publicidad estatal con la finalidad de frenar los altos niveles de discrecionalidad en la asignación de las pautas publicitarias oficiales que se presta o se puede prestar para castigar a críticos del gobierno y premiar a partidarios, sin embargo, no ha habido forma de que se apruebe. Así, ante la ausencia de regulación ¿Qué seguridades existen para que el uso de los recursos públicos sea íntegro y transparente? Solo la voz del pueblo y de los organismos civiles vigilantes de la acción de nuestros gobernantes y de los asuntos públicos ejercen el papel de contrapeso para intentar frenar los excesos.
No es un secreto que el uso indebido de los recursos públicos, quebranta derechos, debilita a las instituciones y, como consecuencia, limita la vida democrática. Muchas de las instituciones del Estado destinan cuantiosas sumas millonarias en la promoción de la personalidad más que de los servicios de la institución que dirigen. A pesar de sus efectos, estas prácticas se han usado por los gobernantes desde hace décadas con la finalidad de extender su permanencia en el poder, en detrimento de los demás participantes de la fiesta nacional de la democracia. En esas practicas se tiende a igualar el partido de gobierno con el Estado donde se aprovecha la posición del Estado para acumular poder para el partido de gobierno y así anular los contrapesos que permiten balancear el delicado equilibrio entre lo público, lo gubernamental y lo partidario. Debemos establecer la diferencia entre inversión del Estado en publicidad y el gasto en promoción estatal, la primera va dirigida a orientar, informar, alertar, concientizar y tiene como finalidad promover conductas relevantes en la sociedad como el ahorro de energía eléctrica, ahorro del agua, la preservación del medio ambiente, el pago de impuestos, entre otras, y son campañas de orientación de poca duración y racionalizada, mientras la promoción estatal, caracterizada por ser invasiva y frecuente, que pregona lo bien que lo están haciendo y lo mal que se hacía antes, supone por sí misma una fuente de poder que eventualmente podría utilizarse para satisfacer intereses ajenos al bien común y al uso indebido de los recursos públicos.
En medio del dispendio en publicidad del gobierno, ¿nos preguntamos cuantas escuelas y cuantos hospitales se hubiesen reparado con esos gastos?, El presidente Luis Abinader sostuvo durante su tercer discurso de rendición de cuentas, que el sistema educativo está en un cambio de paradigma en República Dominicana, asi lo indicó al destacar que, entre febrero de 2022 y 2023, se invirtieron RD$2,760 millones en la construcción de 53 escuelas y RD$6,000 millones en la rehabilitación de 5,800 planteles. Conforme al portal del Ministerio de Haciendas, el gobierno en materia educativa y de salud pública, para la construcción y ampliación de planteles escolares a nivel nacional se destinaron RD$4,061.1 millones en los primeros nueve meses del 2023 y para la edificación y reparación de hospitales RD$3,179.8 millones. En cuanto a esto ¿es posible equiparar estos gastos de capital contra los gastos corrientes en publicidad estatal? A excepción de muy pocos todos los medios radiales, televisivos, escritos están saturados de publicidad del Estado, están presentes en todos lados y para más el Banreservas es el sucesor Baninter de estos tiempos, son pocas las actividades, culturales, sociales o de entretenimientos que no esté presente y nos preguntamos ¿es esa su función?
En una época como la actual, caracterizada por el aumento de las necesidades públicas que deben ser satisfechas y por la limitación de los recursos públicos disponibles para ello, y en el entendido de que somos una nación con muchas carencias y con un alto endeudamiento público, lo procedente es la racionalidad del gasto corriente y un plan de austeridad, no es tiempo de despilfarro por lo que resulta esencial la fijación de unos criterios con la finalidad de que los escasos recursos públicos se aprovechen de la mejor manera posible. Ante la falta de lineamientos legales claros y concretos que atentan contra la transparencia y favorece la discrecionalidad en la asignación de publicidad estatal, urge que se dicte una legislación clara y específica que regule la producción, distribución y control de la publicidad del sector público.
El poder para moldear el futuro de una república estará en manos del periodismo de las generaciones futuras”.
Joseph Pulitzer.
Por Jacoba Hasbún