Este artículo, lejos de plantear soluciones específicas, busca reflejar la gravedad de la situación actual del país, post Covid-19, y el gran desafío que representa para el gobierno encauzar el país en el carril de la recuperación económica. De la urgencia y efectividad con las que el gobierno tome las decisiones apropiadas y aplique las transformaciones necesarias en el orden de primera atención, dependerán los avances hacia un desarrollo sostenible y equitativo. El poder de transformar de manera considerable las condiciones de vida de todos los dominicanos, ha de concentrarse en crear estrategias de crecimiento que posean efecto multiplicador en el desarrollo local, tanto en el mediano y a largo plazo, para lo cual debemos reducir el tamaño del gobierno, fortalecer las instituciones y darles la eficacia que ameritan.
No hay dudas de que una parte de la sociedad parece haber tomado conciencia de que estamos ante una crisis sin precedentes y que se prevé que para finales de este año la deuda publica ronde cerca del 60% del PIB, lo que equivale a decir que la magnitud de esta deuda amenaza el crecimiento futuro y coloca al gobierno en la difícil situación de amortizar la deuda con las pocas opciones disponibles, entre ellas un ajuste fiscal y la racionalización del gasto público y hacerlo más eficiente.
Está claro que este nivel de endeudamiento no es una política voluntaria del gobierno, sino impuesta por las actuales circunstancias, no obstante se debe repensar el gasto público y eficientizar las instituciones, porque el costo de esa deuda será pagada finalmente por los contribuyentes, cuando deberían estar destinadas a obras y proyectos públicos como la salud, la educación, la seguridad y las infraestructuras y en esta última cae el peso del desarrollo futuro, ya que sin ellas no estaremos aptos para competir en el mercado globalizado.
La gran disyuntiva que tiene el gobierno por delante es bastante espinosa, porque las opciones que tiene a su alcance son muy limitadas y tienen un alto costo político que afectará la popularidad del mandatario, no obstante, su compromiso debe ser tal, que entre el balance de su popularidad o tomar las decisiones correctas, estás ultimas deberían tener todo el peso, debido a que lo que está en juego es la sostenibilidad económica y social del país.
Lo complejo de esta situación es que aun tomando las decisiones que corresponden, el gobierno se coloca ante una gran encrucijada, puesto que algunas soluciones repercuten de manera negativa en otras, tal es el caso que, tomar la decisión de disminuir el gasto público. limita la inversión en salud, por lo que disminuye la capacidad, la calidad y la sostenibilidad de los servicios públicos del sistema sanitario, restringe además la inversión en la educación pilar muy importante en el mundo globalizado y coarta la construcción de las infraestructuras que requiere el país para su desarrollo.
De manera similar pasa con los aumentos de los impuestos con la finalidad de generar más ingresos, subir las recaudaciones conlleva un incremento de la carga tributaria de las personas y las empresas que ya de por si es bastante alta, y si opta por reducir el tamaño del estado conlleva reducir la nómina, fusionar o disolver las instituciones públicas obsoletas, y esto significa aumentar el desempleo y por ende la pobreza y así sucede con las demás obras sociales y publicas de desarrollo que necesita el país. No obstante, en todas las decisiones que se toman en la vida siempre habrá algo que ganar y algo que perder, pero no tomar ninguna es perderlo todo.
Dentro de este crítico panorama en que el gobierno debe tomar las decisiones, es conveniente procurar el consenso de los diferentes actores de la sociedad civil, para lograr sino la aceptación por lo menos la no oposición del pleno. De esa manera establecer con los recursos disponibles un programa de las prioridades, y la planificación de las actividades para llevarlas a cabo, ceñirse al presupuesto general de la nación y evitando los gastos no incluidos dentro del mismo. Consideramos apropiado hacer consciente al país de la cruda realidad a la que nos enfrentamos, de ese modo es seguro que contará con el apoyo de la ciudadanía.
Lo razonable sería distribuir eficazmente los recursos y que la inversión pública estuviera destinada en primer lugar a la salud y a aquellos sectores cruciales para recuperar el crecimiento y revertir la tasa de pobreza como lo son el sector industrial y el agropecuario, fortalecer los encadenamientos productivos entre empresas locales y exportadoras, reducir los costos administrativos de la burocracia y ampliar el acceso al crédito, incentivar el desarrollo con la participación del sector privado, promover el emprendedurismo, integrar y apoyar las comunidades en el desarrollo de los proyectos que generen actividad económica y educativa.
En cuanto a las recaudaciones, es cierto que, para hacer frente a la crisis económica, hay que incrementar los ingresos y una de esas vías es la reforma fiscal, no obstante, las primeras acciones a tomar deberían estar encaminadas a eliminar el alto porcentaje de las exenciones y atacar la evasión de impuestos y en esto hay una parte que nos corresponde a los ciudadanos y es nuestro compromiso el actuar con transparencia y mantener un proceder correcto con nosotros mismo y con la sociedad.
Dentro de la planificación del gasto público, hay un sector muy transcendental que debe ser una prioridad, sin embargo es el menos mencionado y me refiero a la movilidad terrestre y el transporte, su impacto negativo debe suscitar la atención del gobierno, ya que en adición al alto costo social, el congestionamiento y la desorganización del tránsito es uno de los problemas que más impacto desfavorable tiene en la productividad y en la competitividad, debido, entre otras cosas, a que los taponamientos se convierten en un incremento de tiempos de viaje, de consumo de combustibles, disminución hora/hombres/trabajado en horario regular y aumento de costo de horas extras en horarios extendidos, más consumo de energía, entre otros y todo esto se traduce en un aumento en los costos de la cadena de distribución y abastecimiento y demás costos operativos, los cuales provocan un efecto cascada de aumento generalizado.
El tránsito en la Republica Dominicana está en una fase eruptiva y todo indica que seguirá agravándose, porque por más organismos creados para regularlo, y muchas veces fragmentados en una multiplicidad de entes, su estructura, continúa siendo inoperante e ineficaz. La creación de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y la creación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Ambas instituciones creadas con un gran despliegue de funciones y de personal, no han alcanzado el enfoque integral necesario para la transformación del sector, requerido para el desarrollo socioeconómico de la República Dominicana.
Una de las principales causas de la desorganización son provocadas por los llamados agentes del tránsito, principales causantes del caos y de la obstaculización del flujo vehicular, es imposible pensar que esos agentes, puedan ser más eficaces que la sistematización de los semáforos, programados para dar luz verde en línea en un determinado tramo vial, y a futuro deberían instalarse semáforos inteligentes en las intersecciones de alto tránsito, estos poseen unos sensores capaces de captar la cantidad de vehículos en las vías y capaces de monitorear el tráfico en 3D y en tiempo real y en función de esa información de manera automática intercambian los cabios de luces según se amerite. Crear esa infraestructura es mucho menos costosa que la carga que supone para el estado mantener esas instituciones inoperantes y burocráticas creadas para regular el tránsito.
Finalmente planteo como posibles alternativas para el crecimiento económico, contribuir al proceso de desarrollo de las comunidades a través de diversas combinaciones de esfuerzos de acuerdo a las circunstancias específicas de cada comunidad local. Se deben descubrir los detonantes que pueden mover la economía en los pueblos, tal y como ocurre en la Vega con el carnaval, en la ciudad de Bani con La Feria del Mango, en Higüey con la Catedral, entre otros. Se me ocurre mencionar un proyecto que pudiera contribuir al desarrollo de la provincia San Cristóbal, pero que aún no ha se ha podido realizar por falta de recursos, es el llamado Parque de las Frutas, el diseño y establecimiento de este parque se convertiría en el único espacio botánico del país, donde estarían concentradas las diferentes especies frutales que originalmente estaban en la isla y las que fueron introducidas, siglo tras siglo, hasta nuestros días, siendo uno de los principales objetivos, preservar el material biológico de nuestras frutas donde la investigación sería dinámica y constante, además de que garantizaría un espacio verde como pulmón del pueblo de San Cristóbal, este parque pudiera servir para actividades educativas y culturales para todo el país y las visitas al parque generarían demandas de bienes y servicios y por tanto un movimiento importante de la actividad económica.
El apoyo a proyectos de esta índole y en el orden productivo y empresarial brinda las herramientas de gestión para hacer posibles localidades productivas, promotoras del empleo y eficientes en la lucha contra la pobreza y la exclusión,
Por Jacoba Hasbún