En días recientes, la revista Forbes emitió su anualmente esperado “Reporte de los Mejores Países para hacer Negocios”. Dentro del criterio para realizar la lista, se toman en cuenta factores apremiantes que hacen a la nación más o menos eficiente, en términos de generación de valor a través del comercio. En cuanto estos, vale citar la libertad de comercio, la libertad monetaria, los derechos a la propiedad privada, la innovación, la tecnología, la protección al inversionista, la corrupción pública y privada y la carga impositiva.
Nuestra isla, con un crecimiento de poco más de 6% de su producto interno bruto, que según Forbes, poseer un nivel de desempleo de tan sólo 5% y una inflación mucho menor a dos dígitos. En el Forbes Best Countries for Business, fuimos colocados en la posición 93, de 153 países evaluados, gracias a la baja puntuación en los factores de tecnología y carga impositiva.
Sin embargo, es de dominio popular la tan sonada “necesidad”, de realizar cambios estructurales en nuestra política fiscal a través de una reforma, la cual se encuentra principalmente impulsada por el Fondo Monetario Internacional, y respaldada, aparentemente, por nuestro Ministerio de Hacienda.
No obstante, a menudo, obviamos que los problemas del estado no sólo se resuelven con dinero. De hecho, el crecimiento económico, viene dado por la generación de valor, no por la adquisición de dinero por parte del estado, el cual, a menudo es cuestionado en términos de corrupción, transparencia, eficiencia en los recursos y planeación, sin observar, que es un verdadero reto para el estado proveer beneficios a la población de manera equilibrada con los gastos en distintos sectores productivos.
De manera más clara, el estado tiene la responsabilidad de regular tanto la política económica como la política social del país. Y dentro de este marco, es preciso entender que una no tiene sentido sin la otra, y que un partido político por sí solo no es capaz de lograr el crecimiento, transparencia y eficiencia que todos requerimos todo el tiempo. Es importante la voluntad popular.
Y es aquí en lo que se basa esta opinión: en la voluntad popular de la población, no sólo en el estado, sino sobre los sectores productivos, los gremios y las entidades que de una forma u otra poseen influencia directa sobre la política nacional, la que a menudo confundimos por solo estar integrada por los partidos políticos.
Si preguntamos a los distintos grupos empresariales, cuál debería ser la prioridad de la política económica, al unísono escucharemos “la transparencia”. Si preguntamos al sector civil, probablemente escuchemos el término “transparencia”. Si preguntamos a la iglesia, cuál debería ser el objetivo de una correcta política económica del estado, seguro escucharemos la palabra “transparencia” formar parte de esta respuesta. Empero, no todos estamos conscientes de lo necesario para lograr un correcto nivel de transparencia.
Esto es precisamente lo irónico de la transparencia. Todos exigimos transparencia, sin embargo, no todos estamos dispuestos a proveer transparencia.
Las políticas económicas del estado deberían estar orientadas de manera focal, en brindar transparencia y eficiencia en el gasto público. De modo, que todos los actores del sistema, así como la población en general, se encuentre en plena facultades de “auditar” el sistema de manera abierta. No obstante, a menudo vemos como la idea de brindar un sistema transparente, se ve claramente eclipsado por intereses particulares de grupos económicos con el fin de “proteger” los sectores locales de la penetración de nuevos competidores en el sistema.
El sistema, se encuentra dado por el estado, los contribuyentes (personas y empresas) y la población en general. Sin embargo, solo exigimos transparencia al estado.
Por otra parte, la implementación de tecnología es menudo rechazada por la capacidad que posee de transparentar los procesos y resultados, lo que resulta en una guerra constante por la autoridad sobre esta.
Es necesario la creación de una cultura de transparencia en la República Dominicana. Se hace beneficioso, la independencia de organizaciones como la Oficina Nacional de Estadísticas, la cual está llamada a proveer de manera sistemática información sobre la población, los sectores productivos, la economía, el impacto del gasto público, el impacto del gasto privado, los resultados de la política social, los resultados de la política económica, y consecuentemente, las proyecciones derivadas del avance de la República Dominicana como nación, producto de las decisiones emanadas del estado.
A la vez, es necesario un sistema de información fiable y estandarizado en términos económicos. Un sistema bancario regulado, desde afuera, y no por los principales actores del sector. Estadísticas sobre los sectores competitivos, estructura de las empresas de los distintos rubros, estados financieros presentados ante el fisco, declaraciones fiscales públicas y privadas. Se requiere mayor transparencia en términos de propiedad privada, compuesto principalmente por un sistema de títulos públicos, el cuál permita la realización de cualquier tipo de transacción comercial de esta índole, de manera eficiente y rápida. Es necesario mayor comercio electrónico, tanto dentro como fuera del estado, incluyendo políticas orientadas a la reducción de transacciones en efectivo, y más transacciones electrónicas. Pero sobretodo, se necesita un sistema de transparencia estatal, que permita la visualización de cada transacción realizada por el estado en términos de nuestra cuenta única.
En fin, el camino de la transparencia es largo y pedregoso, pero es imprescindible empezar por aceptar, de que el estado debería utilizar la tecnología para hacer pública toda información que maneje, tanto del sector público y privado, sin dejar de lado la creación de un sistema de información estadístico de la nación, el cuál guíe cualquier decisión económica, tanto de gobierno como de las empresas. Es decir, lo que necesitamos, es una verdadera cultura de transparencia.