En los últimos años ha ocurrido un fenómeno social que ha estado marcado principalmente por las corrientes sociales y la necesidad de desarrollo económico en los distintos países del mundo. Como forma de englobar las acciones de creación de bienes, servicios o procesos, las comunidades han adoptado la palabra Emprendimiento como forma de conceptualizarle.
Lo cierto, es que hemos considerado Emprendimiento a toda nueva acción encaminada a producir un beneficio social o económico. Pero ¿Realmente todo emprendimiento produce desarrollo? Podríamos alegar que no. Sin embargo, no hay duda de que la cultura del emprendimiento ha logrado ser una formula segura para el crecimiento económico en países en vías de desarrollo.
Tenemos que tomar en cuenta que existen ya naciones del mundo que han aceptado el Emprendimiento como parte integral de su cultura. Y lo cierto es, que a medida que las barreras económicas se hacen más tenues entre las naciones, es cada vez más fácil crear un producto disruptivo, que rompa todo esquema actual y le haga fácilmente monetizable. Esto, se ve principalmente reflejado en la balanza comercial, al momento en que una empresa empieza a desarrollar bienes y servicios que son consumidos globalmente.
En buen momento la República Dominicana se ha insertado en esta ola, y de manera proactiva distintos grupos de la capital y el interior del país cada vez más están produciendo iniciativas encaminadas a incentivar la innovación, el desarrollo y la creación de nuevos bienes y servicios. A la vez, existe un aire de competencia, lo cual motiva a la disrupción continua, en busca de preservar un posicionamiento dentro del mercado local o la creación de un nuevo mercado.
La pregunta el millón sería ¿Qué nos falta?
Pues, por un lado, es importante la creación de un nuevo marco jurídico destinado al incentivo de la innovación y el desarrollo de nuevas empresas.
Es preciso entender, que un emprendedor puede darse en cualquier estrato social, lo que significa, que las posibilidades de innovación pueden, de manera porcentual, tener mayores posibilidades en los estratos más bajos. Lo cual es cada vez más frecuente. Y para esto es necesario crear los mecanismos necesarios para que nuestros nuevos emprendedores puedan formalizarse e institucionalizar su sueño de creación, lo que podrá dar como resultado la creación de empleos, la dinamización de la economía y, por último, el pago de impuestos gubernamentales.
En los últimos años este paso ha ido en mejora constante. Cada vez más, los gobiernos han ido reduciendo las barreras y los procesos necesarios para la creación de empresas, mientras que los costos y expendios legales se encuentran a la altura de una población cada vez mayor.
No obstante, viene la parte fea: los impuestos.
Algo que nuestros gobiernos no han logrado entender, se deriva de la carga impositiva a la población en general y, en consecuencia, de la formalización de nuevas empresas producto de una nueva idea.
El proceso creativo que motiva al emprendedor, en gran medida, está dado por la necesidad. La falta de recursos económicos, la carencia de empleo, la alta carga de compromisos familiares, y, por último, una necesidad insatisfecha, llevan a las personas a crear soluciones creativas que a menudo se fusionan con la búsqueda de una audiencia con poder adquisitivo. El problema es que las ideas tardan en lograr tracción. No siempre despegan en el tiempo que se estima y, de hecho, en nuestra experiencia, tardan el doble de lo que proyectamos en convertirse en rentables.
Es imposible para un emprendedor poder cumplir con las obligaciones impositivas contempladas en la ley durante los primeros años del emprendimiento. De hecho, en la mayoría de los casos, los emprendimientos empiezan como micro negocios informales, los cuales privan a los primeros empleados de los beneficios inalienables exigidos en el código laboral y lo estipulado en nuestras leyes.
Lo que nos lleva a un último punto: flexibilidad legal en la contratación de mano de obra.
Es importante entender, que los recursos económicos de un emprendimiento son como su oxígeno. Y si el estado, de manera legal, cohíbe a la nueva organización de respirar constantemente, será difícil para esta sostenerse en el maratón que constituye lograr la rentabilidad de la empresa.
Actualmente, la carga económica que constituye contratar un empleado excede el 30% del valor de su salario. Lo que significa que, a la larga, en una empresa de servicios, estaremos reduciendo la capacidad de generación de la organización en un porciento similar. Esto significa un año más para lograr rentabilidad en un emprendimiento de 3 años. Lo que se traduce en un año menos del estado dejando de percibir impuestos sobre la renta.
Visto desde el punto de vista del emprendedor, es un año menos de innovación o reinversión en crecimiento de la organización. Un año más de riesgo de fracaso o quiebra. Un año más luchando contra los equilibrios de la economía, cambios políticos e influencias regionales.
Lo cierto, es que se necesita un pacto de estado, en el cuál se incentive la creación de nuevas organizaciones innovadoras. Es imprescindible el desarrollo de tecnologías y procesos disruptivos, y facilitar la formalización de estos a través del marco jurídico existente, sin limitar los recursos a los que con frecuencia tienen acceso.
La creación de leyes encaminadas a las pymes es un buen comienzo. La implementación de ventanillas únicas y portales para reducir los pasos necesarios para creación de empresas ayuda también. Sin embargo, nada de esto dará resultado, si no existe una reforma en el plano jurídico, específicamente en lo que se refiere a los marcos laborales e impositivos. Ya que son estos las principales limitantes para la creación de nuevos emprendimientos.