Por casi una generación -30 años- se ha venido hablando de la necesidad de una ley de Partidos Políticos y de una reforma a la ley electoral. En ese ínterin histórico-político –de posposiciones, conveniencias y subterfugios baladíes- se sucedieron varios eventos: desaparecieron los grandes líderes nacionales: Bosch, Peña-Gómez y Joaquín Balaguer, el relevo político-generacional de esos liderazgos; y lo más sintomático, asistimos a la suplantación orgánica-institucional de los partidos políticos por sus cúpulas-líderes (proceso-realidad que muchos tipifican, erróneamente, como crisis del sistema de partidos políticos, cuando en término categórico y palpable es crisis de sus gerentes-líderes).
Ahora, de súbito y como urgido por las circunstancias –sumado a la presión de la ciudadanía-, los intereses grupales y la correlación de fuerzas hacia el interior de los partidos políticos- se ha puesto sobre la pizarra nacional el tema que, de alguna forma, se ha teledirigido o inducido: el debate hacia dos aspectos de la ley de Partidos Políticos:, esto es, primarias abiertas o cerradas (con padrón de la JCE, o listas-padrones de duplicidades y desaparecidos que, por décadas, los partidos políticos han usado en sus procesos “eleccionarios” internos de dedos, posposiciones y a retazos) y si simultaneas o diferidas. Tal reduccionismo, nos da una idea de hasta donde las jerarquías de los partidos políticos habían frisado esas dos iniciativas, pues cualquiera de los escenarios que termine imponiéndose o “consensuándose” será, por más que lo disimulen, pérdida de poder-control en desmedro del esquema de hegemonía y suplantación antidemocrática del que han disfrutado post Balaguer, Bosch y Peña-Gómez.
No obstante y a pesar de cualquier disquisición a favor o en contra de una u otra postura y sus líderes defensores (que ya son públicas, pero que antes eran de “la secreta” o de pura confusión, pues no se sabía qué partido, grupo o líder sostenía una u otra posición: si abierta o cerrada; o si padrón de la JCE o del partido). Por lo menos, hoy, ya hay ganancia: sabemos lo que nuestras jerarquías y líderes piensan. Y eso es bueno y hasta democrático.
Sin embargo, lo que no terminamos de entender, es porque algunos argumentos se quieren vender como verdades absolutas y altamente beneficiosas para la democracia y los partidos políticos, cuando por mucho tiempo hubo consenso de que, tales argumentos, eran contrarios y contraproducentes al fortalecimiento de las organizaciones políticas, e incluso, algunos líderes basaron sus proyectos presidenciales en la defensa, a rajatabla, de una militancia y una trayectoria partidaria (que, por supuesto, soltaron en banda). Pero olvidemos de eso, y vayamos a esos argumentos reivindicadores democráticos y por demás, posibles conjuradores de la crisis de los partidos políticos (que ya he dicho, y repito, no es de ellos, en término categórico y exclusivo, sino de sus líderes-cúpulas):
- Que las primarias abiertas –con el padrón universal de la JCE- son más democrática pues involucran al grueso de la población apta para ejercer el voto; aunque no esté inscrita en ningún partido político. Pero acaso, ¿Quién o qué ley le impide a un ciudadano o grupo de ellos, si así lo quisiera, inscribirse en un partido político equis o, incluso, formar uno?
¿O no se supone que los partidos políticos –post procesos eleccionarios internos, llámese convenciones, congresos o primarias- presentan a la ciudadanía-país sus candidatos a elección popular, y esa ciudadanía escoge, rechaza y castiga?
- Que los partidos políticos no tienen padrones de miembros y militantes confiables ni verificables. Pero ese argumento se cae solo, pues además de ser una verdad generalizada, habría que indagar porque los partidos políticos no tienen padrones confiables y verificables. Y la respuesta es sencilla: porque sus gerencias-cúpulas no han tenido la voluntad política para diseñarlo-construirlo, pero además, porque ninguno quiere aceptar su tamaño numérico real y prefieren el imaginario de la comparación con el partido comunista chino, incluso, algunos tienen más militante-miembros que el que tiene el gigante asiático. Entonces que se impone al respecto: ¡que la nueva ley obligue a los partidos políticos a tener un registro-padrón real y verificable. Pues una democracia no puede ser para que una determinada institución o instancia (llámese JCE o Tribunal Supremo Electoral), le resuelva debilidades y tareas a otras.
- Que los partidos políticos, sin excepción, están secuestrados por sus cúpulas-lideres, y que ellos solo -esas claques- deciden y disponen a su antojo. Cierto. Pero, ¿se resolverá el problema con primarias abiertas o cerradas, o más bien, con una ley de Partidos Políticos y Régimen Electoral que lo regule y consigne todo? Creo en esto último, pero más que ello que hay que edificar a los miembros de los partidos políticos y a los ciudadanos –porque ni eso se ha hecho- que cuando hablamos de ley de Partidos Políticos no estamos hablando de Régimen Electoral, pues la primera está referida a regular la vida orgánica-institucional de los partidos políticos (su democracia interna, sus procesos eleccionarios, sus estatutos, congresos, convenciones, primarias, asambleas, etc.); y la segunda, a las garantías electorales –de ley- que debe regir todo el proceso de unas elecciones nacionales: montaje y organización, tiempos de campaña, financiamiento, cobertura de publicidad y propaganda, las encuestas y su tiempo, los delitos electorales, alianzas, conformación de la boletas electorales, distribución de los colegios electorales, etc.
- Que los partidos políticos están filtrados por delincuentes comunes y la delincuencia organizada y que ochocuánto. Entonces siendo así –como se dice-, nos preguntamos: ¿no habría más control si los procesos de primarias, en cualquiera de sus modalidades, se realizan bajo la supervisión de la JCE y con los padrones -debidamente depurados y saneados- de los partidos políticos? Digo, es una simple pregunta porque hace tiempo que los Partidos Políticos no solo están amenazados por la delincuencia organizada, sino también, por empresarios de la política y de algunos que otros políticos empresarios (aspirantes presidenciales todos).
Creo oportuno dejar el rosario hasta aquí, porque es más que evidente que hemos llegado a un punto tal donde no queda claro si, real y efectivamente, nuestra clase política quiere una Ley de Partidos Políticos y de Régimen Electoral, pues la sinrazón parece ser la media y lo que, allá en lontananza, se advierte es una recóndita sospecha de que la Ley de Partidos Políticos y el debate que ha suscitado está siendo el escenario-ring –temprano- donde los gladiadores –del 2020- están midiendo fuerzas, haciéndose celadas y debatiéndose en campo ajeno: el jurídico-académico, cuando todos sabemos que es político-electoral, de liderazgos en pugnas y de juego de poder.
En consecuencia, mi aspiración suprema, es que al final, se encienda un bombillito y esa recóndita sospecha se disipe y tengamos, por fin, la ley de partidos políticos y de régimen electoral que el país necesita, y no, por esnobismo, una fotocopia de la Argentina, Uruguay, Honduras o Chile.