Hoy, con 17 años de experiencia en el sector educativo, me permito poner sobre la mesa algunos puntos de interés para la sociedad, y así esta pueda comprender cómo opera el sector educativo privado y la imperante necesidad de que la Ley General de Educación no. 66-97 sea modificada, adecuando un régimen tributario especial que permita equilibrar la regulación económica con apoyo del Estado.
Las instituciones educativas privadas son reguladas por el Ministerio de Educación (Minerd), pues prestan un servicio basado en un derecho, la educación, que nacen ante el déficit (infraestructura y calidad) de la educación pública; sin embargo, para la operatividad, al igual que cualquier producto del mercado, son sociedades comerciales, incoherente ¿no?.
El estudio “Impacto Económico del Sector Educativo Privado” realizado por Ainep en 2017 establece que el 88 % de los colegios son empresas bajo el formato de Sociedades de Responsabilidad Limitadas (SRL), 8 % son Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) y un 4 % son Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL), sin una diferenciación por parte del Estado de otras actividades comerciales; por lo que no cuentan con un régimen tributario especial, ni subsidios, ni exenciones fiscales (la única, de ley, no se aplica) aspectos que a todas luces impactan el costo de la colegiatura y por ende en el bolsillo de las familias.
La Ley 86-00 que autoriza a la Secretaría de Estado de Educación a regularizar las tarifas de los colegios privados del año 2000 ordenó la “categorización” de los colegios, proceso que se realizó, sin resultados.
Al minuto en que redacto este artículo, la ley, no cuenta con un reglamento de aplicación, pero sí con un procedimiento administrativo ante el Minerd que instruye a completar un formulario, depositarlo con anexos que sustentan el incremento y una comunicación de la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela (Apmae).
Recientemente el Senado aprobó un nuevo proyecto modificando artículos de la Ley 86-00 con el objetivo de sancionar a los colegios ante los incrementos anuales del costo de la matrícula. Proyecto, que a mi parecer, debió esperar la actualización de la Ley 66-97, y ejecutar lo que ordena la misma ley que modifica, ponderando en ambos instrumentos legales (número 66-97 y 86-00) las causales que impactan el costo de la colegiatura y estructurar un marco impositivo especial que permita aligerar la carga económica para el operador privado del servicio, lo que se traducirá en la tranquilidad de las familias.
Fortalecer el sistema educativo dominicano se logra mejorando la oferta de la educación pública y manteniendo la oferta educativa privada como una opción para las familias elegir, así como un brazo de apoyo al Estado y estímulo a la constante mejora educativa.