RESUMEN
Un nuevo proyecto de Ley que busca prohibir a personas condenadas ser proveedores del estado, está a punto de conocerse en el Congreso Nacional de la República Dominicana. Este mismo proyecto de ley contiene en uno de sus acápites que tampoco podrían ser proveedores del estado los parientes de funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones contratantes.
En esta misma normativa se busca prohibir de igual manera a personas condenadas específicamente por casos de corrupción participar en los procesos de compra y contrataciones públicas, hasta tanto haya transcurrido un lapso de tiempo igual al doble de la condena.
Antes de profundizar en este tema debemos dar un repaso a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, en la que se establece claramente que familiares de funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía no pueden ser proveedores del estado.
Cabe señalar que la ley 340-06 tiene por objetivo transparentar las compras y las contrataciones del Estado, y para esto se establecen métodos de planificación y programación del uso de los recursos públicos que obedezcan a las necesidades y requerimientos de la sociedad y a las disponibilidades presupuestarias y de financiamiento.
Dentro de todas las vertientes que busca abarcar este nuevo proyecto de ley hay una parte muy importante que debemos mencionar: el principio de presunción de inocencia, este principio consiste en el derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, a ser considerada como inocente en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad, a través de una sentencia definitiva con el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada.
La razón de ser de la presunción de inocencia es la seguridad jurídica, la necesidad de garantizar a toda persona inocente que no será condenada sin que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción; esto es, que demuestren su culpabilidad y que justifiquen una sentencia condenatoria en su contra.
Entendemos que en este nuevo proyecto de ley debe ser concebido este principio, para salvaguardar la integridad física y jurídica de las personas o de quienes posiblemente pudieran verse afectados por esta ley, que pudiera entrar en vigencia más adelante.
Sin duda alguna esta normativa que se busca aprobar será de gran aporte al área de compras y contrataciones públicas de la República Dominicana y a los avances que desde hace un tiempo se vienen realizando, entre estos logros podemos mencionar el apoyo a las mipymes y la inclusión de las mismas en estos procesos así como un ambiente de confianza a quienes deseen participar en procesos de compras y contrataciones.