¿Leonel, el tránsfuga?

Por Daniel Beltré Hijo jueves 24 de octubre, 2019

Consideraciones jurídicas para cerrar el debate

Precandidatos, candidatos, nominados y tránsfugas: el debate entramado

Se insiste en que el numeral 4 del artículo 49 de la Ley de Partidos impone un límite al derecho de ser elegido de Leonel Fernández. Este texto legal establece -ya lo hemos dicho- que para aspirar a una precandidatura o candidatura, se requiere que el ciudadano no haya participado como candidato por otro partido para el mismo evento electoral. Sin embargo, Leonel Fernández no ha sido candidato.

Aun cuando la norma se ofrece con meridiana claridad y, a pesar de la inconfundible concretización del hecho concreto normado, hay quien insiste en que el artículo 134 de la Ley de Régimen Electoral, que prohíbe que una persona nominada sea postulada por otro partido, es otro impedimento.  Sin embargo, Leonel Fernández no ha sido ni “candidato” ni “nominado” por ningún partido político. El artículo 135 de la citada Ley establece que un candidato nominado es aquél que ha resultado ganador luego de un proceso de selección en el marco de una competencia interna entre precandidatos.

Vale la pena señalar, que el artículo 56 de la Ley de Partidos, permite superar el control impuesto por estos artículos con el sólo acto de la renuncia del candidato electo, quien luego podrá inscribirse en cualquier otro partido y participar nuevamente como precandidato o candidato.

Transfuguismo: carnada a la opinión pública

Los que afirman que Leonel Fernández no puede ser candidato fundamentan su hipótesis en la idea de que la legislación electoral sanciona el transfuguismo.

Como parte de un discurso planificado -o no- algunos juristas que defienden las hipótesis precedentemente desmontadas, han procurado circunscribir el debate a unos cuantos conceptos: derecho a ser elegido, precandidato, candidato, nominación y transfuguismo. Es una forma inteligente de limitar conceptualmente el tema a una docena de disposiciones legales y a un par de cientos de palabras. Se trata en realidad de un falso debate.

La noción de transfuguismo ha venido a ser la idea transversal en esta construcción narrativa que pretende imponer la idea de que Leonel Fernández no puede ser candidato, puesto que ya fue precandidato.

Queriendo volver complejo un tema que no lo es, algunos juristas no han hecho lo elemental: determinar el concepto y luego la naturaleza jurídica del acto o del hecho examinado.

Transfuguismo no es cambiar de partido. Un ciudadano puede cambiar de organización política e incluso puede aspirar dentro de la misma a posiciones electivas; una norma que sancione este hecho o conducta es inconstitucional (Ver sentencia TC/0441/19).

El transfuguismo se configura cuando opera como una distorsión a las reglas de la Democracia. Es decir, cuando el tránsfuga se beneficia del mandato de representación obtenido de los ciudadanos -o militantes- y, luego de ser elegido, coloca su puesto a disposición del mejor postor; es decir, lo que la ley condena es la patrimonialización del mandato representativo.

Es en tal virtud que el artículo 49 numeral 4 de la Ley de Partidos prohíbe que un candidato electo, habiendo obtenido ya el mandato por parte de los electores pase a formar parte de otra organización política, pues se desnaturalizaría una función nodal de los partidos políticos: la representatividad democrática. Los electores eligieron a un ciudadano en el marco de una organización política determinada por lo que, si el representante cambia de partido podría estar defraudando la confianza del elector; pues tal y como afirma DUVERGER, entre el derecho a ser elegido y la materialización del principio de representatividad hay un ente mediador: el partido político.

 

En el caso de las candidaturas, igualmente se estaría cometiendo un acto de deslealtad frente al elector, dueño de ese mandato de representación y, además se estaría violando el principio de equidad, de rango constitucional en los procesos internos de los partidos, en virtud del artículo 216 de la Carta Magna.

¿Cómo la ley define transfuguismo? El eslabón perdido del debate

El artículo 2 de la Ley de Régimen Electoral define “transfuguismo” como la “actitud y comportamiento de quien se convierte en tránsfuga”. A su vez, el numeral 5 de esta disposición nos pone en contacto con el eslabón perdido que los juristas no han podido encontrar, la definición de tránsfuga: son “aquellos representantes que, traicionando a sus compañeros de partido, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de estas, pactan con otras fuerzas políticas”. 

De este texto de Ley se debe colegir que para que el transfuguismo se configure deben presentarse al menos las siguientes condiciones: 1) que el ciudadano detente un mandato de representación; 2) que obre un acto de deslealtad frente a los electores; 3) que se materialice un pacto con otra fuerza política.

El legislador no usa el concepto “representante” de forma casual; de hecho, en la primera motivación de la Ley de Régimen Electoral, como para que no se prestara a confusión se indica que “la Constitución de la República establece que la soberanía reside en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen la Constitución y las leyes”.

 Derecho a ser elegido y principio de representatividad democrática

Se ha confundido el derecho a ser elegido establecido en el artículo 22 de la Constitución y, el principio de representatividad democrática que informa nuestro sistema político en los términos de los artículos 2 y 4 de nuestra Constitución.

El derecho a ser elegido -de forma muy excepcional- apenas puede ser restringido bajo reglas de interpretación estrictas (DUHAMEL-MÉNY). Aun cuando la soberanía nacional o la integridad territorial están en peligro grave e inminente, y declarado el Estado de Defensa por el Congreso Nacional, la Constitución proscribe la suspensión del derecho a ser elegido (ver artículo 263, numeral 8 de la Constitución). Es más, si el régimen de ciudadanía establecido en el artículo 22 de la Constitución quisiera ser tocado por un proceso de reforma, se requerirá la intervención directa de la voluntad ciudadana mediante referendo aprobatorio, en los términos del artículo 272 de la Ley Fundamental.

El mandato representativo, por el contrario, exhibe mayores niveles de control constitucional. Y es lógico que así sea, porque se enmarca en un proceso claramente definido por la Constitución que inicia con la manifestación de la voluntad ciudadana -aquí el derecho a ser elegido es pilar fundamental-, y culmina con la materialización de la representatividad, instrumento para el ejercicio del poder político, por naturaleza limitado por la Ley fundamental.

La esfera de acción del derecho a ser elegido tiene una frontera material, puesto que, desde el punto de vista individual, esto es, del titular, llega un momento en el que este derecho puede cesar en su accionar: cuando el ciudadano resulta electo, o, dicho de otro modo, cuando el candidato es elegido. En ese momento deja de ser candidato y se convierte en representante. Por esta razón la Ley de partidos y la Ley de Régimen Electoral condicionan la configuración del transfuguismo a la existencia de un mandato de representación: tránsfuga es el representante que, traicionando a sus compañeros de partido, pacta con otra fuerza política. Antes del ciudadano ser electo, no puede hablarse de transfuguismo. 

El proceso de elección es una técnica indispensable en la institución de la representación (LOWENSTEIN). Sin embargo, el derecho a ser elegido y el mandato de representatividad democrática son dos instituciones jurídicas distintas. El transfuguismo no se da en sede de elección sino en sede de representación.

A partir del momento en que el precandidato o candidato es elegido, la reglamentación constitucional del derecho a ser elegido cesa en relación con su titular; una vez electo el ciudadano, se consuma en su totalidad la normatividad de esta prerrogativa, dando paso a una nueva institución jurídica: la representación democrática.

La detentación de un cargo representativo constituye una habilitación normativa para la expresión de la representatividad conferida por los electores (PRESNO LINERA); los representantes no son dueños de ese mandato; la representatividad no es su propiedad. Los titulares del cargo son, más bien, un instrumento al servicio de la realización del principio de representatividad. Cuando el candidato deja de ser elegible y se convierte en electo, ostenta entonces el mandato de los ciudadanos y se materializa el principio de representatividad democrática.

El representante es detentador de un cargo que no le pertenece, puesto que son los ciudadanos que le eligieron los dueños del mandato. Por vía de consecuencia, el transfuguismo es sancionado cuando el representante asume una concepción patrimonial del mandato o del cargo representativo (PRESNO LINERA). Los mismos presupuestos constitucionales en virtud de los cuales se construye la prohibición de la figura del “mandato imperativo”, son los que informan la prohibición del transfuguismo.

De ahí que, la conducta de un precandidato que no resultó electo no puede ser calificada de transfuguismo, ni obrar sanciones en su contra; toda vez que no es titular de un mandato representativo de los electores. Un precandidato no puede ser tránsfuga toda vez que no es aun representante, o lo que es lo mismo, carece de mandato o cargo representativo que pueda utilizar en fraude de sus electores.

La conducta del tránsfuga es sancionable cuando de su actuación se deriva un menoscabo en la relación con los electores; evidentemente, siempre que el distanciamiento entre el representante y los electores no sea la consecuencia de una falta de la organización política. Es el artículo 56 de la Ley de partidos que permite sancionar al tránsfuga, sin embargo, no deja el procedimiento sancionatorio en manos de la organización política, sino que el mismo debe ser arbitrado, conforme las reglas del debido proceso, por la Junta Central Electoral.

Judicialización del debate o autoritarismo encubierto

El principio de representatividad democrática no podría verse materializado sin la existencia al derecho a elegir y ser elegido. Sería ilusorio. El afianzamiento de este derecho se explica a partir de la evolución de los sistemas políticos hacia procesos democráticos de mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. A mayor restricción del derecho a ser elegido -consustancial al principio de representatividad democrática- mayores son los riesgos de involucionar hacia regímenes autoritarios que restringen las libertades públicas.

Los derechos de ciudadanía, específicamente el derecho a elegir y ser elegido, son el punto de contacto entre la Democracia y el ciudadano. Dicho de otro modo, la Democracia se materializa por medio del libre ejercicio de estos derechos y la representatividad. El derecho a ser elegido se erige pues como un puente entre la Democracia y la más íntima voluntad del ciudadano y su derecho de participar en la política y en los asuntos del Estado. Sin el derecho a ser elegido este vínculo nodal entre derecho y política no pudiera darse. Al menos, no en Democracia. De hecho, el poder absoluto de las monarquías fue cediendo en la medida en que surge la noción de representatividad, y esta a su vez da paso -en gran parte- al principio de separación de los poderes del Estado.

El hecho de que se haya librado este debate jurídico, más bien nos da señales acerca de una posible involución política o retroceso de los valores democráticos. La representación como técnica es una conquista de la humanidad, que deja atrás antiguos instrumentos autoritarios de concentración absoluta del poder. El surgimiento de ideas que pretendan limitar el despliegue libre del derecho a ser elegido es sin dudas un síntoma peligroso para nuestra Democracia.

Por Daniel Beltré Hijo

 

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