Cuando la República Dominicana adhirió y ratificó el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) sometió una propuesta para proteger 8 productos considerados sensibles para la economía dominicana y fruto de esto se designó una comisión, en el año 1999, integrada por las entonces Secretarías de Estado de Agricultura e Industria y Comercio así como la Dirección General de Aduanas, para manejar por un mecanismo en principio transparente.
Solo que en un país como el nuestro, donde todo se prostituye, y los privilegios se otorgan dependiendo de los favores personales, simpatías políticas, amigos en los cargos públicos y en muchos casos dinero por debajo de la mesa para quienes deciden, esto degeneró en la entrega directa y en forma de ayudas a quienes mas convenían por los intereses antes enumerados o una mezcla de ellos, y el gobierno actual llegó con una serie de medidas para cambiar el modelo de importación.
Los productos de que hablamos son los siguientes: arroz, ajos, habichuelas, azúcar refina/morena, cebolla, leche, maíz y carne de pollo; con la sola enumeración todo el que conoce la República Dominicana sabe que son alimentos con dos características: son de consumo masivo y se producen internamente, solo que no se llega a la producción necesaria para cubrir nuestras necesidades.
La protección del productor nacional se deriva entonces de la capacidad de regulación y cobro de arancel que tenga el gobierno sobre cada uno de ellos, y por esto depende del Ministerio de Agricultura, establecer el calendario y la forma en que ingresarán al país los productos antes mencionados, a fin de que un mercado inundado no provoque la quiebra de los productores.
Este relato lo hacemos a propósito de una ¿querella? ¿Demanda? ¿Chisme de patio? o reclamo de ¿privilegios? de parte de una empresa importadora de leche en polvo, llamada LADOM (lácteos dominicanos), donde al reclamar una cuota fija para traer ese producto al país, mezcla una cosa con la otra e involucra al Ministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, en un tema que no es de su competencia.
Lo interesante del tema, es que nos cansamos de buscar, tanto en el decreto 505-99 emitido por el ex Presidente Leonel Fernández, que crea la Comisión para las Importaciones Agropecuarias, como el reglamento 590-16 del actual Presidente Danilo Medina sobre el mismo tema, y por ningún lado aparece la antigua Secretaria, hoy Ministerio Administrativo de la Presidencia como miembros de la referida comisión.
En el articulo 3 del primer decreto citado, son designados como miembros de dicha comisión: el Secretario de Agricultura, quien la presidirá, el Secretario de Industria y Comercio y el Director General de Aduanas.
En el párrafo se agrega a ¨la Vicesecretaría de Planificación Sectorial Agropecuaria, de la Secretaría de Agricultura, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva de la Comisión¨.
¿De que sombrero saca entonces la empresa LADOM a José Ramón para demandarlo? ¿Es esto una ofensiva armada junto con un ¨lenguaraz¨ del Partido Revolucionario Moderno que anda para arriba y para abajo hablando sandeces y gritando porque perdió las elecciones? O ¿es que sangra LADOM por la herida de la pérdida de sus privilegios y lanza dardos a ver a quien hiere?.
La tan sonada demanda o lo que sea, parece ser un plan para presionar en base al chantaje a varios funcionarios públicos del actual gobierno, aprovechando la ola ¿moralizadora? que se manifiesta en los medios de comunicación, y se realiza de modo que tenga sentido en base a los nombres que intenta involucrar.
Hay que recordar, que LADOM es la misma empresa que fue objeto de un escándalo que provocó su salida de la provisión de leche para el desayuno escolar a causa de las intoxicaciones que se producían en forma constante en varios planteles escolares.
Dicha empresa fue acusada por quien dirigía la Secretaría de Educación en esos momentos, Melanio Paredes, quien al retirar del desayuno escolar la leche UHT saborizada dijo que esa compañía ¨tenía serios problemas de credibilidad y seguridad en la población escolar¨, todo esto a causa de las dolencias estomacales que han afectado a decenas de niños.
Solo que de algún modo los dueños de la empresa productora de lacteos, a quienes al mismo Paredes acusaba de entregar leche en tan malas condiciones que provocaban enfermedades e intoxicaban a los escolares, por obra y gracia de una ¨mano amiga´ fue autorizada a seguir entregando jugos fortificados cuando no garantizaban la calidad de su principal producto, que se supone era la leche.
Esta descripción sirve para crear el contexto de quienes son los que acusan ahora y con una querella penal, según ellos, para que los funcionarios designados como miembros de la comisión antes mencionada, violen los términos del decreto 590-16 y, en vez de someter a una subasta pública la importación de leche, bajo los términos y condiciones descritas en dicho decreto, se vuelva a la asignación de cuotas privilegiadas donde la empresa LADOM al parecer tenía cierto tipo de arreglos.
La sola mención de los funcionarios que dice LADOM son objeto de la querella, es una muestra que este es un ejercicio de presión por parte de uno grupo de empresarios, de los que que al parecer se sienten afectados porque el actual gobierno ha transparentado la importación de los rubros agrícolas que por su consumo, son objeto de la codicia de quienes se han enriquecido cobijados bajo la sombra protectora de los políticos del patio.
Ademas deberían los abogados de la citada empresa, primero darse un vistazo a los decretos que tienen que ver con estas importaciones, porque si están incluidos funcionarios que no tienen nada que ver con ese tema, pareciera que es parte de una campaña política de descrédito en contra del gobierno, y no creemos que LADOM tenga el techo tan fuerte que pueda darse el lujo de andar tirando piedras.
Eso de andar reclamando privilegios por los medios de comunicación se escucha muy feo en un momento en que la sociedad dominicana esta reclamando transparencia en la gestión pública, pero soportar una campaña de prensa en contra de personas cuya función pública no tiene nada que ver con el tema que se reclama, como hace LADOM con José Ramón Peralta, es una vileza de una empresa que debería usar otro tipo de argumentos para sostener sus reclamos.
Parece que en la República Dominicana algunos persisten seguir viviendo en un país que ya no existe, presiones de este tipo son una muestra de la forma de pensar de algunos empresarios en un país acostumbrado a las ¨injusticias y a los privilegios¨ y si alguien se opone pues quieren llevárselo por delante.