Desde hace décadas se viene observando y demandando una necesaria reforma a la Comisión de Derechos Humanos (CIDH), pues sus informes y visitas “in loco” -casi siempre- están plagados más que de observaciones técnicas -bajo el subterfugio o prerrogativa de instrumentos jurídicos vinculantes (llámense: tratados, convenciones, protocolos u acuerdos)- de vulneraciones a la soberanía, Constituciones y legislaciones nacionales que quedan supeditadas a una suerte de gendarmería internacional -Sistema Interamericano- que, curiosamente, sus mayores países financiadores ni siquiera están bajo el alcance de la Comisión (CIDH) ni de la Corte (IDH). Por ello, en el fondo, resultan observaciones políticas-ideológicas y bajo estigmatizaciones selectivas.
En ese contexto -sui géneris-, la República Dominicana, por décadas, ha sido estigmatizadas por la CIDH con calificativos e inclusiones injustificadas en Capítulos en los que jamás debimos aparecer según los criterios “técnicos” de la CIDH. Esos calificativos han ido desde país practicante de “racismo estructural” hasta incluirnos en la categoría de violadores sistemáticos de los derechos humanos de migrantes, concretamente de ciudadanos haitianos, obviando, adrede, que hemos sido el país mas solidario, receptor y que cargamos con una migración haitiana que sobrepasa la capacidad de nuestra economía y sistema sanitario.
Por ello, no podía ser mas oportuna y correcta la mas reciente respuesta del Gobierno Dominicano a la exigencia y pretensiones de la CIDH respecto a las parturientas haitianas, pues mas que un deber de nuestro país es una responsabilidad de Haití y sus autoridades -ya en situaciones normales o de crisis-. Pero no, la CIDH, en vez de emitir un informe o queja mas cónsona con la realidad se despacha -por la vía pública y haciendo generalizaciones (“descontextualizaciones”)- con comunicados y exigencias equivocadas y dirigidas al destinatario equivocado: la República Dominicana. ¡Exíjanle a Haití y a sus autoridades!
Por igual, compartimos la reiterada posición de nuestro país de que “…ante la incapacidad del Gobierno haitiano para resolver las necesidades básicas de su población y la inexcusable ausencia de la comunidad internacional en ese sentido, República Dominicana manifiesta su más enérgico rechazo a la irresponsable pretensión de colocar la solución de los problemas haitianos sobre los hombros dominicanos. Nunca habrá una solución dominicana a la situación haitiana”.
Sin duda, una posición-país firme, correcta y coherente, que se sintetiza en que “Nunca habrá una solución dominicana a la situación haitiana”. Ahora, toca, como país, exigir y demandar la necesaria reforma a la CIDH -¡en todos los escenarios!-.
Por Francisco S. Cruz