Si yo fuera asesor de comunicación del presidente de la República, Luis Abinader, ante un caso tan complejo como el que se está investigando en SeNaSa, suspendería sus presentaciones en La Semanal, o quizás prohibiría a los periodistas preguntar sobre ese tema. Hasta ahora, sus respuestas parecen más una defensa a sus amigos del grupo Read-Villanueva, ante los cuestionamientos públicos sobre los contratos de ese grupo con la ARS pública.
Cuando en La Semanal al presidente Abinader se le pregunta sobre el caso SeNaSa, responde con el mismo argumento que usó esa institución como defensa ante el pedido de investigación abierto por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), a requerimiento de la empresa DHL Digital Health, sobre un contrato para proveer servicios farmacéuticos ambulatorios a los afiliados del régimen contributivo de esa ARS.
Evidentemente nervioso, el presidente dijo textualmente lo siguiente: “Ehh… la institución SeNaSa es una institución autónoma… ehhh no es directamente… ehh… y parte de su sector… mmm… parte de sus atribuciones no están en Compras y Contrataciones”.
Solo que esa dirección ya había declarado ilegal el contrato al que se refiere el mandatario.
¿A qué nos referimos? Al contrato con la empresa Farmacard, que a su vez forma parte del grupo Read-Villanueva (sin mencionar ese apellido, es imposible entender el tema). A través de dicho contrato, SeNaSa entregó por cápita toda la cartera de afiliados del régimen contributivo para que Farmacard gestionara la entrega de medicamentos.
Se trata del contrato mediante el cual SeNaSa transfirió la gestión de medicamentos a Farmacard. La ARS cuenta con 1,870,894 afiliados contributivos, y el acuerdo se firmó por cápita, a razón de RD$168.85 por afiliado, lo que representaba un pago mensual de RD$314 millones. En un año, esa cifra ascendería a RD$3,780 millones, y durante los tres años de duración del contrato, el monto total sería de RD$11,340 millones, todo por el uso de un sistema informático llamado Medinet.
Llama la atención que Contrataciones Públicas declarara el contrato ilegal por no cumplir con los requisitos de un proceso competitivo y transparente, ya que Farmacard no es una prestadora de servicios de salud, como también confirmó el Ministerio de Salud Pública, certificando que la empresa no está registrada ni habilitada para ofrecer esos servicios. Por esa razón se declaró su ilegalidad. De igual modo, la SISALRIL, al ser consultada, respondió que lo contratado era una “asistencia farmacéutica” para afiliados, no un servicio de salud.
Pero no solo eso: en dicho contrato, SeNaSa entregó a Farmacard el control de los pagos de los servicios farmacéuticos, precisamente el área de mayor riesgo de corrupción en una ARS. Esa empresa era la encargada de pagar y cobrar los medicamentos autorizados a los usuarios. Además, Farmacard, no conforme con lo que cobraba por cápita, envió una comunicación a las farmacias informándoles que aplicarían un 4.25% de comisión sobre todo lo facturado.
Dicho esto, parece evidente otro acto de manipulación en la campaña mediática montada contra la red de farmacias GBC, muy similar a las maniobras de comunicación que buscan desviar la atención. Se intenta imponer la narrativa de que el caso de corrupción en SeNaSa fue cometido solo por “unos cuantos ladronzuelos”, dejando fuera del radar al grupo Read-Villanueva, dueño de casi todas las empresas mencionadas en el escándalo.
GBC es solo un proveedor más de medicamentos a usuarios de ARS públicas y privadas. Todo indica que está siendo víctima de una campaña de desinformación. Lo primero que hizo Farmacard al estallar el escándalo fue decir que fueron ellos quienes detectaron el fraude, la misma versión que han sostenido Kherson SRL, Santiago Hazim y, recientemente, el propio presidente de la República, quien se alineó con esa narrativa.