Durante mucho tiempo hemos escuchado el grito de algunos contratistas de obras del gobierno sobre las dificultades para cobrar las cubicaciones, aún más, de obtener el pago final de las mismas, y muchos se quedan esperando por años lo que fueron sus ganancias, de esa manera, se les dificulta honrar los compromisos contraídos con particulares.
Para que esto suceda confluyen muchas variables; una de ellas es la falta de planificación y disposición de estudios ponderados de los proyectos a construir, generando adenda por: aumento de cantidad, partidas nuevas y aumento de precios; situación que crea dolores de cabeza a quienes dirigen las instituciones. Este escenario, añadido a las solicitudes urgentes de parte de la presidencia, hace que el presupuesto asignado a los proyectos se vuelva insuficiente para cumplir con los compromisos contraídos, y de ahí viene el malabarismo e incumplimientos de pagos.
Aunque la ley 340-06 adolece de fallas, porque deja brechas importantes al manejo antojadizo de las autoridades, ha sido el inicio de una nueva etapa para adquirir las compras, contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. Si lo vemos desde el punto de vista positivo, es una manera de organizar el Estado y establecer controles que no existían antes, pero aún, en cuanto a los proyectos de ingeniería se mantiene un descontrol que afecta, tanto, a las instituciones como a los contratistas.
Da la impresión, que, con el nombramiento del nuevo director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, se vislumbra una luz esperanzadora, que estará vigilante ante cualquier desatino que se produzca en las instituciones, y la suspensión de la licitación del INVI es una prueba, además, de las nuevas disposiciones emitidas por esa dirección.
Urge que el gobierno, a través de sus instituciones se avoque a planificar las obras a construir en el transcurso de los cuatro años, en ese sentido, debe realizar la prefactibilidad, así como, la factibilidad de todos los proyectos.
No creo que sea una tarea tan difícil de lograr. Sólo voluntad, y disposición para formar un cuerpo de profesionales contratados de manera especial para esos trabajos, que, conjuntamente con los ya asalariados, realicen presupuestos cuya posible variación se ajuste al rango establecido en la ley 340-06, que establece, que ninguna obra debe aumentar o disminuir el 25%.
Es necesario que, para poder lograr esos objetivos, se realicen a cada proyecto los levantamientos topográficos necesarios, así como estudios de suelos y calicatas para establecer la estratigrafía del terreno, con ello conocer el volumen de excavación lo más aproximado posible, de igual manera, los estudios de las cuencas hidrográficas para establecer las obras de artes que realmente necesiten los proyectos.
En el caso de las edificaciones, estos estudios determinarán la profundidad y el tipo de fundación a realizar. Por no tomar en cuenta estas recomendaciones, una parte importante de las construcciones de las escuelas han excedido hasta el cien por ciento del presupuesto original. Lo mismo ha pasado con otras obras civiles, como: carreteras, calles, etc. También, hospitales y otras obras, que en principio eran reparaciones, y luego de iniciar, hubo que construirla de manera total, variando así el presupuesto y excediendo el 25% establecido.
Es el momento de empezar a organizarnos para dejar atrás la informalidad que mucho daño le hace al sector de la construcción, a las instituciones y al estado en sentido general.
Por José Espinosa Féliz