A partir del año 1978 la República Dominicana ha experimentado notables niveles de estabilidad política. La misma, al margen de los nubarrones, ha sido conquistada por medio de la legitimación que otorgan los procesos electorales. Se ha logrado construir una solvencia importante sobre el órgano electoral y se ha mantenido un respeto a la voluntad popular en el devenir del tiempo.
Haber despejado el escenario nacional de las antiguas luchas políticas por el inadecuado acceso al poder y las restricciones a la libertad, ha permitido que las distintas gestiones al frente de la administración pública hayan podido dedicarse, mal o bien, a aspectos económicos y sociales que han garantizado un crecimiento indudable para el país en todos los órdenes.
Lo anterior ha sido posible en democracia. Ha imperado el gobierno de las mayorías. Se participa de un concurso electoral donde resulta un ganador y quien no, asume su rol opositor en pleno ejercicio de los derechos fundamentales, civiles y políticos que consagra la Carta Magna.
Todo eso puede resumirse en una palabra: gobernabilidad. Esa ha sido la principal conquista de los dominicanos en los últimos cincuenta años. Eso significa que la población y sus actores políticos han entendido la ineludible necesidad de: preservar el imperio de la constitución y de las leyes, fortalecer la democracia por medio de las instituciones, y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de los ciudadanos de la manera más efectiva.
En ese contexto el sistema de partidos ha crecido considerablemente. De no alcanzar quizás los diez partidos reconocidos por el órgano electoral en 1978, en la actualidad estamos próximo a contar con 32 o 34 partidos, agrupaciones y movimientos formalmente incorporados al andamiaje político-organizacional del país. Lo cual es saludable para la democracia, pues, ello indica mayor interés de la gente en participar de los procesos políticos y de hacerlo en forma organizada.
Es precisamente por ese crecimiento vertiginoso del sistema de partidos que, en víspera de los procesos electorales, las organizaciones políticas toman la iniciativa de crear alianzas para formar las coaliciones que habrán de llegar al poder. Eso, en consecuencia, garantiza los niveles de estabilidad política tan necesarios para una gobernanza eficaz. Y quien debe constituirse en el primer salvaguarda de tales propósitos debe ser el organismo electoral.
Fruto de la suspensión del certamen municipal del año 2020 la credibilidad en la administradora de elecciones se ha visto afectada de forma contundente. La transición hacia una nueva gestión trajo consigo nuevos aires de esperanza y de renovación. Sin embargo, una gestión electoral es valorada por el éxito de sus procesos eleccionarios más que por los avances internos e institucionales que pueda exhibir.
Por consiguiente, propiciar un clima de confianza entre los funcionarios electorales y los actores políticos es fundamental para la preservación de la gobernabilidad que se traduce en atención a la materia económica que genera crecimiento, desarrollo y acceso a los servicios básicos para la mayor parte de la población.
Es lógico pensar que sería un contrasentido procurar limitar la capacidad de alianza de los partidos al margen de la ley, cuando el sistema se encuentra en franco aumento de su matrícula. Es dable argüir que las organizaciones se encuentren en la posibilidad de recurrir a métodos de reclamo ya superados. Es natural, además, que si internamente no se alcanza a proteger tal derecho se acuda, verbigracia, a la Unión Interamericana de Organismos Electorales -UNIORE- , o, a la Organización de Estados Americanos -OEA-.
En fin, la resolución No. 13-2023 de la Junta Central Electoral (JCE) que pretende establecer por nivel de elección la aplicación del 20% de ley para las reservas de candidaturas, no es más que un atropello a la democracia interna de los partidos, a la participación de la ciudadanía en los procesos políticos y un golpe bajo a su propia institucionalidad.
Dicha resolución es un acto improcedente, mal fundado y carente de cualquier base legal. Es, finalmente, un dislate, una afrenta y una amenaza a la gobernabilidad.
Por Borja Medina
Director ejecutivo FOPPPREDOM