Santo Domingo 23 / 31 Soleado
ENVÍA TUS DENUNCIAS 829-917-7231 / 809-866-3480
2 de mayo 2024
logo
OpiniónTommy Mejía PouTommy Mejía Pou

Quieren prorratear la culpa

COMPARTIR:

Los gobiernos que se sucedieron desde la construcción del colapsado muro en el paso a desnivel de la av. 27 de febrero, con consecuencias mortales, no tienen ninguna responsabilidad.

Para la construcción de cualquier obra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es el encargado de garantizar la calidad en la ejecución de las obras de ingeniería y arquitectura en todo el país, mediante el análisis,  evaluación y supervisión de planos, presupuestos de obras, así como la calidad técnica del personal involucrado en la actividad.

El Codia es una institución de carácter público que entre sus fines tiene según la letra B del artículo 6 de la ley 6160: “Servir como guardián del interés público y actuar como asesor del Estado en los asuntos de su competencia”.

El Codia actuó como guardián del interés público, por ejemplo cuando denunció que el Secretario de Obras Publicas señor Víctor Díaz Rúa (2007-2012) había distribuido más de cuatro mil millones de pesos en obras a menos de veinte contratistas, exigiéndole al funcionario transparencia y que convocara a concurso para la asignación de las obras a lo que está obligado por ley. No le hicieron caso.

No había ninguna institución (Dirección General de Contrataciones Públicas DGCP, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental DIGEIG, la Dirección General de persecución del Ministerio Publico) que actuara en consecuencia, todas eran complacientes con el gobierno, eran cómplices.

El Codia actuó como asesora del Ministerio de Obras Publicas cuando advirtió en 1999 que se debía tumbar el muro lateral norte del paso a desnivel de la av. 27 de febrero con Máximo Gómez, porque podría caer y provocar un trágico accidente.

Un asesor es un especialista sobre alguna materia que presta consejo a los ejecutivos sobre la misma para que adopten las decisiones adecuadas.

Aun cuando el Codia tenía razón, como ha sido comprobado, se trata de una opinión otorgada en su calidad de asesora, para orientar al Ministerio de Obras Públicas a tomar una decisión correcta. Pero el Ministerio de Obras Públicas obvió el resultado de la asesoría y aprobó el proyecto como fue ejecutado, con las fatales consecuencias conocidas.  Esta es una obra  sobrevaluada al extremo.

La aprobación del Ministerio de Obras Públicas es la decisión oficial del organismo competente para realizarla.

La asesoría del Codia queda archivada en el expediente de la obra que nos ocupa, no obliga a nadie a revisarla cada vez que venga un gobierno nuevo, menos a un gobierno que llega 25 años después. Hay miles de expedientes con opiniones encontradas, los gobiernos sucesivos no están obligados a revisarlos.

La continuidad del Estado es un principio fundamental de todo Estado democrático; las decisiones de los organismos del Estado deben ser respetadas por todas las autoridades y por todos los ciudadanos, sin perjuicio de los recursos previstos por la ley. Sin esto no se podrían continuar las políticas públicas de desarrollo ni  los planes y proyectos favorables al progreso, pautados  a mediano y largo plazo.

Por tanto es impropio decir que todos los gobiernos que se han sucedido después de la ejecución de la obra que nos ocupa, tienen una parte de culpa en el fracaso de la misma.

Seria deplorable pretender que un gobierno pueda ser responsable de una decisión de un gobierno anterior, por el solo hecho de existir una asesoría que fue obviada en su momento. Eso pondría en peligro la institucionalidad y la supervivencia del estado social de derecho.

El único culpable es el gobierno que construyó la obra. A simple vista se nota que quieren prorratear su culpabilidad, confundiendo  a la opinión pública para que crea que todos los gobiernos son iguales.

Por Tommy Mejía

Comenta

[wordads]