El presidente de la República en su condición de Jefe de Estado y de Gobierno, por primera vez, le llama la atención de manera directa a la ONU con relación a la solicitud realizada de suspender o detener la deportación de haitianos que ilegalmente están en territorio dominicano, expresando que “esos pedidos son inaceptables e irresponsables”, advirtiendo que esas medidas no solo iban a continuar, sino que serán incrementadas. De igual manera, el ex presidente, Leonel Fernández, catalogó como inaceptable la petición realizada por este organismo internacional.
Estas deportaciones ordenadas por el presidente de la República están amparadas en la ley de migración No. 285-04, así como en los Arts. 18 y s., 128 y s. de la Constitución, que autorizan al presidente a ordenar el arresto o retorno de los inmigrantes ilegales e indocumentados a su país de origen, pudiendo además prohibir la entrada al país de cualquier extranjero sin importar su nacionalidad, por razones del orden público y la seguridad nacional. Por eso, las decisiones cuentan con el apoyo soberano de la gran mayoría del pueblo dominicano, dejando atrás cualquier diferencia política- partidista, por haber sido dispuesta en virtud de la sentencia 168-13, de fecha 23 de septiembre del 2013, dictada por el Tribunal Constitucional, el cual tiene autoridad última y suprema del Estado Dominicano.
Los poderes del Estado Dominicano no deben olvidar que, cada cierto tiempo, la ONU hace este mismo tipo de recomendación a favor de la inmigración ilegal haitiana, con la finalidad de resolver la grave crisis de Haití a través del territorio dominicano. Es decir, la Organización de Naciones Unidas piden que República Dominicana desacate la sentencia 168-13 de nuestro Tribunal Constitucional, decisión que puso orden en el país en cuanto a las reglas migratorias y en la que se dejó claro que cada país es soberano de determinar quiénes son nacionales y quiénes no.
Sin embargo, la agenda geopolítica desde hace décadas continúa buscando la manera en que nuestro país, de alguna manera, sea quien se encargue de resolver el problema migratorio haitiano; como lo han intentado en foros y a través de instituciones internacionales, ejemplo de eso fue la Conferencia Internacional de Trabajo realizada en Ginebra en 1989, donde el representante del gobierno haitiano en la conferencia, Sr. Guerrier, solicitó que el gobierno dominicano le diera la nacionalidad dominicana a los hijos de haitianos que alegaban haber nacido en territorio dominicano, así como el estatus de residentes a los trabajadores haitianos que se encontraban en el país (ver acta de reunión Ginebra 1989, Conferencia Internacional de Derecho de Trabajo).
Por cierto, la ONU, el 8 de noviembre del 2013, haciendo uso abusivo de un supuesto derecho, reiteró ante el presidente dominicano de esa época estas mismas recomendaciones a favor de los inmigrantes haitianos ilegales. En pocas palabras, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y EEUU saben que el pueblo haitiano es incapaz de salir de la gran crisis que les afecta sin la ayuda que se le ha prometido, al tratarse de un estado colapsado o fallido, solo existiendo en papel ya que gran parte de su territorio se encuentra controlado por bandas criminales.
Por último, hay que aclararles a estos organismos internacionales que la gran crisis haitiana se inició a partir del 10 de septiembre de 1994, cuando durante la presidencia de Bill Clinton en EEUU se ordenó la invasión militar a Haití, para reintegrar en su cargo de presidente a Jean Beltrán Arisitide y fue abolido el ejército haitiano que, con sus defectos y corrupción, era de las pocas instituciones que más o menos funcionaba en Haití; siendo reemplazados los miembros del ejército haitianos por tropas de la ONU o MINUSTAH hasta el 2018, es decir, estos organismos ocuparon a Haití por más de 20 años y lo único logrado fue empeorar las situaciones del país vecino a los que ya tenía, siendo este otro fracaso de estos organismos internacionales en su misión de estabilizar Haití.