La seguridad ciudadana se concibe como la acción integrada que despliega el Estado, con la contribución de la ciudadanía y de otros organismos de orden público, destinado a garantizar la convivencia pacífica. De entrada, hay que destacar que la misma ha dejado de ser responsabilidad exclusiva del Estado y se ha convertido en un bien común, derecho y obligación de la sociedad en general. Esto se explica en la participación de los diferentes sectores sociales que se favorecen de unas situaciones positivas de seguridad.
La República Dominicana ha logrado indicadores importantes de crecimiento económico, pero ello ha venido acompañado de una alta percepción de falta de seguridad pública dada, en parte, al importante número de delitos que se cometen y la falta de confianza en los organismos sancionadores.
Entendiendo esto, cabría preguntarse, ¿cuál es el papel de la seguridad privada en este nuevo contexto? El general Luis Payán Areché, en su libro Seguridad Privada: Actores y Funciones, plantea que la seguridad privada es un sub-sector del sector seguridad y defensa nacional. Asegura que el entendimiento de esto asegura su correcta e imprescindible funcionalidad.
En base a lo dicho por Areché entendemos que el rol de la seguridad privada no puede ser aislado a las estrategias de la fuerza pública, por tal motivo su desarrollo debe ajustarse a las políticas de seguridad diseñadas por el Estado. No cabe duda que la seguridad privada puede hacer un aporte sustancioso a la seguridad ciudadana en nuestro país. Podríamos asegurar que la aplicación de políticas públicas de seguridad tomando en cuenta las entidades privadas producirían efectos positivos para la sociedad.
No obstante, hay que indicar que para materializar esta aspiración es requisito que la seguridad privada cuente con una normativa jurídica amplia y ajustada a la realidad social que vive la República Dominicana en el que la seguridad se ha convertido en una preocupación individual. Además que cuenten con los medios idóneos y necesarios para el cumplimiento de su misión.
Es importante destacar el posicionamiento de la seguridad en la economía nacional.
Sin lugar a dudas la actividad privada de la seguridad es atractiva en términos de rentabilidad, dado su vertiginoso crecimiento, donde cada año aumenta el número de empresas de esta índole. A diferencia de otros renglones de la economía, son pocas las entidades que cierran sus puertas por problemas financieros.
Los ingresos de este sector resultan superiores a los sectores tradicionales de la economía, y también es uno de los mayores generadores de empleo. En la vigilancia fija o móvil, escolta y transporte de valores, entre otros servicios, hay cerca de 300 mil personas vinculadas a la seguridad. Esta cifra supera por mucho a los miembros de la Policía Nacional.
Estos datos evidencian que las empresas de seguridad privada son entidades dinámicas que buscan su evolución y desarrollo, ajustándose a las nuevas necesidades de la comunidad, proveyendo un bien económico en el marco de un Estado de Derecho.
Por ello, todos los actores involucrados en la seguridad privada aspiran a una regulación efectiva por parte del Estado hacia las empresas que no cumplen con los requerimientos legales, y se participe en igualdad de condiciones en el mercado. De la misma manera las empresas deben de evaluar las condiciones laborales de sus trabajadores.
En este sentido, se hace necesario que los ministerios de Interior y Policía y de Trabajo, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y la organización que representa a las compañías de seguridad pongan en marcha un plan conjunto para fortalecer los derechos laborales de aproximadamente 300 mil personas que trabajan en la vigilancia privada.
De la misma manera las empresas de seguridad privada deben tener en cuenta que el personal cumpla algunos perfiles y capacidades de desempeño para que su resultado sea eficiente, efectivo y eficaz, y que contribuya a contrarrestar los nuevos escenarios de criminalidad que se van a presentar atentando contra la seguridad humana y ciudadana.
Por tal motivo, deben incentivar la capacitación y profesionalización como estrategia y objetivo institucional que permitan la prestación de un servicio de alta calidad.
El cumplimiento de las normas en la contratación del personal producirá un servicio de calidad que repercutirá en la creación de más empleo, en la disminución de la criminalidad y en el fomento de nuevas tecnologías destinadas a la seguridad.
Por Sandy M. Mota