Los desafíos a los que se enfrenta la sociedad actual hacen necesaria la sensibilización de una ciudadanía que se empodere de sus derechos y deberes, que dé valor a la participación ciudadana, al respeto, al compromiso y al diálogo como herramientas para trabajar en la búsqueda del bien de la colectividad.
El empoderamiento ciudadano permite que tanto la persona como su comunidad hagan conciencia y tengan control sobre los procesos que inciden o pueden incidir en su calidad de vida. En adición, facilita que “las personas y comunidades se movilicen en los ámbitos políticos y sociales y puedan obtener beneficios que obren en su bienestar social” (Miguel Gonzáles Marregot, 2009).
Cultura de legalidad
Salinas de Gortari en su libro «Empoderamiento ciudadano» dice que para que haya crecimiento económico y bienestar social, es necesario que las autoridades institucionales establezcan leyes y normas que se cumplan, pero esto no es suficiente. La condición necesaria y suficiente, además, es que cada uno de los ciudadanos participe comprometidamente en cumplir y hacer cumplir dichas leyes. Sólo así es dable la plenitud de un Estado de derecho que garantice un crecimiento económico que beneficie a todos y todas.
Ahora bien, del planteamiento anterior de Gortari, podemos llegar a citar un elemento crucial para hacer un diagnóstico del empoderamiento ciudadano, el cual es menester tomar en cuenta: «la cultura de legalidad».
La cultura de legalidad tiene como sustento que los ciudadanos conozcan la ley y su cumplimiento sea cotidiano. La cultura de legalidad sirve de indicador para medir la fortaleza o debilidad de la observancia de las normativas de parte de los receptores.
Una vez que en nuestra sociedad se tenga una cultura de legalidad, lograremos aplicar el empoderamiento ciudadano de cara al individuo, la comunidad, el colectivo y la gestión gubernamental central o municipal.
El ciudadano comienza a ejercer su derecho de acceso a la información, su control social de la gestión pública, incide en la toma de decisiones, en los referendos, las iniciativas de ley popular, en los cabildos abiertos, presupuesto participativo, en fin, comienza a ejercer de manera óptima los mecanismos de participación ciudadana, permitiendo medir y evaluar el desarrollo de las capacidades organizativas centrales y municipales.