Control social

Por Aladdin Jiménez martes 29 de septiembre, 2020

Las autoridades gubernamentales están bajo el régimen de instrumentaciones y mecanismos de controles que permiten velar por la fiscalización del uso de los recursos públicos y a la vez que no se lesione las normas que rigen la función pública. Dentro de estos controles se encuentran: el control institucional,  político y social.

En esa línea, la Constitución Dominicana detalla en quienes recae estos tres tipos de controles, al sustentar que el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos; son llevados a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes. (Art. 246, Constitución Dominicana).

Si nos detenemos en el tercer control citado: el social, podemos darnos cuenta de que el ejercicio  del mismo se circunscribe a la ciudadanía así como en los actores u organizaciones de la sociedad civil. Quienes tienen la facultad de hacer uso de las herramientas democrática y normativas para intervenir en las políticas de la administración pública como medio de supervisión de la gestión administrativa.

El  control social tiene categorías  las cuales permiten  identificar el qué de su marco de acción en el ejercicio del mismo de parte de  la ciudadanía y la sociedad civil. Partiendo del Anteproyecto de Ley Orgánica sobre Derecho de Participación Ciudadana y Control Social se pueden indicar las siguientes clasificaciones:

 

  1. Veeduría ciudadana

Con la veeduría ciudadana,  mecanismo de control democrático que  permite que los ciudadanos ejerzan la vigilancia sobre las actuaciones de los funcionarios y gestión pública administrativa con trazabilidad. Por ejemplo: estar al pendiente de los procesos de compras y contrataciones en las distintas instalaciones del poder ejecutivo, legislativo, judicial, organismos autónomos, y gobierno local.  Sin perder de vista los principios de eficacia, transparencia, coordinación, racionalización y continuidad. (Decreto 183-15, reglamento de comisiones de veeduría).

 

  1. Demanda de rendición de cuenta

La demanda de rendición de cuenta por parte de la ciudadanía u organización social persigue la salvaguarda de la prerrogativa de las personas en cuanto a saber sobre las actuaciones de los funcionarios con la gestión pública;  Previene prácticas de corrupción administrativa; permite el ejercicio de control social sobre los fondos públicos;  y la observación del cumplimiento de las políticas públicas.

 

  1. Denuncias de faltas

Este es el deber ciudadano que se lleva a cabo cuando se pone a conocimiento de las autoridades competentes aquellas actuaciones o hechos irregulares de alguna institución o funcionario público.

 

 

  1. Observatorios ciudadanos

Surgen de la iniciativa de la sociedad civil o de ciudadanos, con el propósito de hacer una lectura y una observación profunda y cuidadosa de uno o varios fenómenos que afectan a una comunidad o el accionar de entes y órganos públicos en las ejecutorias de políticas públicas. (Art. 115 del Anteproyecto de Ley Orgánica sobre Derecho de Participación Ciudadana y Control Social).

 

  1. Comisiones de auditoría social

Este es el control social propio de la comunidad que tiene como objeto defender  y vigilar las ejecuciones presupuestarias o “gastos sociales del gobierno central o el gobierno local cuando se trata de temas alusivos a la construcción de obras públicas, entre otras.

 

En conclusión,  se debe velar por el uso correcto y transparente del presupuesto público. Asumiendo el compromiso de ser contralores sociales en las localidades.  Con acciones que la ciudadanía puede asumir más allá de la responsabilidad que se tiene del poder de elegir a los gobernantes. Estas prácticas favorecen en conjunto con la sociedad civil el funcionamiento del sistema democrático para protección del interés general. Implicando los espacios de participación en el diseño, ejecución, evaluación y fiscalización de las políticas públicas. Se necesita promover la  cultura de los mecanismos de control social.

 

Por Aladdin Jiménez

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