La entrada en vigencia de la ley 140-15 del notariado en agosto del año 2015 y la posterior aprobación del reglamento para el uso obligatorio del papel de seguridad notarial, mantiene sumida en una crisis la actividad notarial.
Desde el primer momento la Suprema Corte de Justicia (SCJ) está enfrentada al Colegio Dominicano de Notarios (CDN) pues se opone a la aplicación de la referida ley alegando que en la misma se aprecia ¨una situación de marcada contrariedad, particularmente, por el régimen de cobro de los honorarios y la nuevas funciones que ejercen los notarios en sustitución de los alguaciles¨. Se opone también al uso obligatorio del papel de seguridad notarial.
El CDN mantiene una firme posición para que se aplique la ley del notariado tal como fue promulgada.
La SCJ sometió a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley sobre notariado.
El CDN se opone y mantiene su misma posición.
El colegio de abogados, FINJUS, fundación justicia y transparencia, asociaciones de ahorros y préstamos, los bancos comerciales, corporaciones de créditos, apoyan el proyecto de ley sustentado por el presidente de la SCJ. También se oponen al uso obligatorio del papel de seguridad.
En el mismo colegio de notarios específicamente en su consejo directivo hay distintas opiniones, incluso ocho de sus miembros, que hacen mayoría, declararon que es una decisión ilegítima la puesta en vigencia del papel especial de seguridad.
Con estos actores se define el escenario de la crisis. No es nuestro propósito analizar las posiciones encontradas, sino alentar a las dos instituciones, CDN y SCJ, responsables del buen funcionamiento del ejercicio notarial, a realizar las diligencias necesarias para iniciar un proceso de dialogo que culmine en un acuerdo que contribuya a una mayor seguridad jurídica.
Queremos también llamar la atención sobre las consecuencias de esta crisis.
La profesión de notario no existe para sí misma, es una función pública que responde a unas necesidades económicas, políticas o jurídicas, es decir, a unas necesidades sociales.
El notario garantiza la validez y eficacia de los contratos, es un sistema de seguridad jurídica preventiva al cual responde la existencia misma del notariado.
Uno de los principios fundamentales de todo ordenamiento legal es la seguridad jurídica, debido a la necesidad de que los ciudadanos sepan, en todo momento, a qué atenerse en sus relaciones públicas y privadas.
Pero las consecuencias de esta insólita confrontación entre las dos instituciones encargadas de regir la actividad notarial crea una atmósfera negativa de muy alto impacto, capaz de afectar significativamente el valor del ejercicio notarial, creando una actitud de acusación por parte de la opinión pública.
Es indudable que esta situación crea incertidumbre y falta de confianza entre los notarios y la sociedad, se convierte incluso en objetivo mediático, con lo que, a las propias consecuencias de la crisis se une la presión de los medios de comunicación.
Antes de la aprobación de la ley del notariado esta fue sometida a debates y vistas públicas, o sea que tanto la SCJ como el CDN estaban absolutamente conscientes de lo que podría ocurrir. Sin embargo, no hubo anticipación, prevención ni preparación. ¿Qué pudo haber ocurrido? Posiblemente intolerancia y falta de comunicación.
Sin duda la comunicación sigue bloqueada. La comunicación en este escenario de crisis es muy compleja pues detona una serie de actitudes negativas provenientes de variados grupos que influyen en la opinión pública.
Un eventual acuerdo traería la modificación de la ley del notariado lo que implica la intervención de los senadores y diputados que en definitiva tienen la última palabra. Son políticos y les interesa mucho la opinión pública, por razones conocidas.
Por tanto, para una correcta información de la opinión pública y de los legisladores, la SCJ y el CDN en conjunto deben designar quienes serían los voceros de unas eventuales conversaciones. No hacerlo permite que otros especulen llevando confusión a la opinión pública, a los notarios y a los legisladores.
La falta de acuerdo entre las instituciones que la ley designa como responsables del buen funcionamiento de la actividad notarial, el CDN y la SCJ, tendrá como consecuencia una solución política de parte de los legisladores que no será necesariamente la que más convenga a la seguridad jurídica.
Hace unas semanas escuché al Dr. Nelson Rudys Castillo Ogando, en un programa televisado, decir que con un poco de comunicación con la SCJ se podría poner fin a esta crisis, incluso puso algunos ejemplos. Ojalá así sea. El Dr. Castillo es un experimentado gremialista notarial, actual vicepresidente y candidato a la presidencia del CDN.
Por Tommy Mejía Pou