La sociedad dominicana no se repone aun del estupor causado por la decisión de la Corte de Apelación de la provincia Duarte, de reducir a dos años de prisión la sentencia condenatoria contra marlín Martínez; acusada de complicidad en el asesinato de la adolescente embarazada Emely Peguero.
La Corte nordestana basó su decisión en el alegato baladí de que el Ministerio Público no contaba con pruebas suficientes contra la imputada.
Este caso fue muy mal manejado desde el principio, y la Procuraduría General de la República deberá tomar en cuenta las aberraciones cometidas, para que prospere el recurso casación que se propone realizar en un tribunal de alzada.
Siempre predominó la búsqueda afanosa de la más mínima prueba contra los inculpados, lo cual conllevo la liberación de Simón Bolívar Ureña, arias el Boli, acusado de ocultar el cadáver; a cambio de sus declaraciones contra Marlín y Marlon Martínez. Delito por el cual se merecía una condena de 10 a 15 años de prisión
Toda persona acusada de alguna trasgresión, tiene el derecho a la defensa y a que se le presenten las pruebas de su culpabilidad; pero nadie puede demostrar que Marlon Martínez sea inocente, que nada tuvo que ver con la desaparición y posterior muerte de su entonces novia; y que su madre no fue cómplice del crimen.
Luego de la tortura emocional a que fueron sometidos los padres de Emely, en la audiencia del 4 de Octubre; en la cual fue abierta la maleta donde había
estado el cuerpo de la joven. Constituye una aberración incomprensible y una crueldad la reducción de la pena a Marlín Martínez.
El señor Genaro Peguero, padre de Emely, visiblemente conmocionado e indignado preguntó: ¿quieren más pruebas de ahí? En lenguaje llano había expresado una gran verdad. La madre, Adalgisa Polanco, quien siempre ha sido muy locuaz con la prensa, ese día tuvo que permanecer en la sala de audiencia sollozando.
La rectificación de la pena de 30 años de prisión a Marlon Martínez, constituye un burla a la sociedad dominicana pues tan pronto su madre obtenga su libertad puede vender las propiedades que pose; pagarle un fianza a su hijo y ambos abandonar el país. Con lo cual el crimen contra la jovencita y la criatura que llevaba en su vientre quedarían impunes.
Otro elemento anómalo del caso es que una las integrantes de la corte de apelación, La jueza Saturnina Rojas Ureña, al motivar la decisión se expresó en audiencia como toda una abogada defensora de Marlín Martínez; lo cual no se corresponde con su rol de magistrada.
Todos estos componentes aberrantes deberán ser tomados en cuenta por la Procuraduría General de la República, y la Fiscalía de San Francisco de Macorís, y lograr así que la ciudadanía recupere su confianza en el Poder Judicial.
Por Julio Cesar Valdez