Proliferación de la criminalidad como consecuencia de la poca aplicación de la ley e inacción de las autoridades

Por Euclides Marmolejos Báez lunes 10 de junio, 2019

El auge de la delincuencia, los hechos lamentables de muertes por riñas en centros de diversión, la utilización de armas blancas y de fuego, las muertes violentas por carreras de motocicletas, crímenes de sicariato y la gran ola de violencia que adorna nuestro país, tiene como causa nodal la nula aplicación de las leyes y la inexistencia de una política pública integral mancomunada entre el Gobierno Central, los cabildos, sociedad civil, medios de comunicación, iglesias, empresarios y demás actores sociales.

Si analizamos el marco jurídico que existe en República Dominicana, podremos palpar sin temor a equivocarnos que contamos con los lineamientos legales para encausar nuestra sociedad en el camino del bien común, la seguridad y la anhelada convivencia ciudadana.

Para citar algunos ejemplos: Contamos con una nueva ley de transito No. 63-2017, también con una nueva ley de armas No. 631-16, ambas legislaciones expresan claramente las acciones punitivas posibles para castigar su incumplimiento, donde se contemplan desde multas hasta cárcel. Ante esta realidad las interrogantes obligatorias serían ¿Se están aplicando las leyes vigentes en el país? ¿Han surgido políticas públicas efectivas desde los organismos que estas leyes señalan como responsables de su aplicación? ¿Se promueve la prevención del delito o la mano dura ante el delito? ¿Cuentan los agentes del orden con el entrenamiento y las herramientas para accionar?

 

Realidad social existente en los negocios diurnos y nocturnos de expendio de alcohol

Hoy en día por diversos motivos gran cantidad de ciudadanos se encuentran armados, muchos de ellos en cumplimiento a la ley, otros no. Sin embargo, la nueva ley de armas No. 631-16 establece claramente en su articulo 43 donde explica los deberes y obligaciones del porte y tenencia de armas de fuego, lo siguiente: “no portar armas en lugares de expendio y consumo de bebidas alcohólicas”, esta pequeña violación constituye el principio de todos los males. La ley es clara aún con el permiso esta prohibido portarla y exhibirla en estos lugares y penaliza inclusive a los propietarios de estos establecimientos que lo permiten, según establece el art. 79 “los centros de diversión, expendio o consumo de bebidas alcohólicas que permitan en sus instalaciones personas con armas de fuego o blancas, serán sancionadas con el cierre del establecimiento por el Ministerio de Interior y Policía”.

Es decir, el régimen de consecuencia existe, más no así la fiscalización estricta, celosa, proactiva y constante del Ministerio de Interior y Policías (MIP), organismo encargado de dar cumplimiento a la ley de armas No. 631-16.

 

En los barrios la realidad es más critica

Quienes han recorrido los sectores más olvidados de nuestro país, son conscientes del nivel de marginidad en que viven, donde la ley la imponen quienes viven allí y donde la autoridad es nula. Según el informe estadístico sobre seguridad ciudadana (enero-marzo 2019) del observatorio de seguridad ciudadana de República Dominicana (OSC-RD), se han producido 240 homicidios, 49% por armas de fuego y 35% por armas blancas; 550 heridos, 85% armas de fuego, 15% armas blancas; en los fines de semana se han producido el 51.6% de los incidentes; el 70% de las victimas están en el rango etario 15-44; estas cifras confirman el nivel de violencia, a nivel nacional la mayoría de homicidios registrados han ocurrido por problemas de convivencia, según el observatorio para el 2018 de un total de 1068 homicidios, 696 ocurrieron por problemas de convivencia para un 65.16% y un 30.1% por problemas de delincuencia.

Es evidente que los niveles de convivencia que existen en nuestros barrios, por su crecimiento sin control, donde existen pocos espacios públicos, donde el entorno agrede a sus residentes, donde la juventud esta en muchos casos a la merced de lo malo; allí el nivel de convivencia es muy bajo. Y es justamente allí donde deben enfocarse todos los esfuerzos mancomunados para evitar la proliferación del cáncer social llamado violencia, promovido muchas veces por la inacción de muchos.

 

¿Qué hacer ante una realidad que nos afecta a todos?

He expresado públicamente que un gobierno responsable es aquel que promueve políticas públicas con la intención de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, ofrecerles garantías de mayor convivencia; aunque estas políticas públicas generen rechazo social, si las mismas son aplicadas basadas en estadísticas y su aplicación contribuiría ha preservar la seguridad de los ciudadanos.

El tema de la seguridad ha desbordado los niveles aceptables y el primer paso es reconocer esta realidad y promover desde el Gobierno políticas públicas integrales y mancomunadas con los gobiernos locales, sociedad civil, empresarios, iglesias y demás actores sociales.

La aplicación de la ley debe ser estricta y constante, sin contemplaciones ni paños tibios. El daño cultural más grande que se ha promovido durante décadas desde todos los gobiernos es que las leyes existen, pero no se cumplen. Cambiar esta cultura presente en toda la sociedad requiere un mensaje claro del gobierno.

Bajar al barrio, supervisar y establecer orden en los lugares de recreación. Ningún dominicano debe sentir temor de compartir o sentirse limitado en su accionar, en tal sentido, la autoridad en este caso el Ministerio de Interior y Policías debe establecer procedimientos de fiscalización públicos que marquen el inicio del fin al caos que existe, donde cualquiera portal un arma de fuego o blanca dentro de estos lugares.

Someter a la acción de la justicia a los empresarios que violen la ley. La seguridad es responsabilidad de todos, si el empresariado no lo entiende así, tenemos un problema. Todo empresario que viole la ley 631-16 debe ser sometido a la justicia, comunicado a la sociedad y clausurado el establecimiento.

Rol de los cabildos fundamental en promover convivencia ciudadana. Los ayuntamientos son los entes más próximos al ciudadano y deben tener un rol importante en la ejecución de cualquier política pública que busque garantizar seguridad ciudadana.

Los medios de comunicación y su rol. Los medios deben ser padrinos de esta lucha social y más allá de dar cobertura a lo malo, servir de fiscalizadores de la efectividad o no de las políticas públicas; su correcta aplicación por parte de las autoridades; castigar mediante la difusión a todos aquellos empresarios que violen la ley y así prevenir al colectivo social.

Finalmente lograr un país más seguro es responsabilidad de todos, es cierto; aunque la cuota de responsabilidad que embarga a un gobierno es mayor y más si este: conoce las estadísticas de seguridad ciudadana; cuenta con el marco jurídico para accionar; y aún así no se muestra proactivo, dinámico y enérgico ante el cáncer social que afecta nuestra sociedad.

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