Aspiramos a ejercer esta función pública no es por ambición al dinero, vanidad personal, deseo profundo de fama, gloria o poder político.
Debemos confesarles, amigos lectores, que esta aspiración no es más que la culminación de una vocación natural que poseemos como defensor desde que nos iniciamos en la vida pública hasta la fecha donde prácticamente estamos retirados de todas las actividades profesionales.
Y, sin pérdida de tiempo alguno, pasaremos a explicarles a ustedes nuestra fructífera trayectoria como defensor: nos iniciamos en el club Fases de Luna donde participamos activamente en la formación de los grupos culturales y deportivos.
Más tarde ingresamos a los partidos políticos, donde nos dedicábamos a la organización de los grupos comunitarios, talleres literarios, grupos juveniles y estudiantiles.
En el palacio de justicia de Ciudad Nueva participamos junto a jóvenes abogados en la asistencia legal gratuita, siempre contando con la ayuda permanente de las distinguidas magistradas Mirian Germán Brito, Bienvenida Belliard y el procurador fiscal de ese entonces Dr. Alexis Joaquín Castillo.
En los laboratorios jurídicos de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), como estudiante de término de la carrera de derecho fui uno de los colaboradores más destacados en la asistencia jurídica gratuita.
Fui dirigente activo del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, donde conjuntamente con los abogados Leo Liranzo y Ramón Martínez Portorreal desplegamos una dura lucha en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Debido a estas actividades, muchas veces fui perseguido y encarcelado en los gobiernos del PRD.
Cuando el Dr. Leonel Fernández me nombró fiscal comunitario en el año 2005 en Santo Domingo Oeste, la comunidad en pleno fue testigo de que asumí su defensa de manera radical de sus intereses, anhelos y aspiraciones en procura de facilitar una justicia pronta y gratuita.
Con la Licda. Carminia Caminero Sosa, realizamos un trabajo encomiable en las cárceles del país donde logramos la excarcelación de muchos internos y envejecientes a través de la Fundación Jurídica y Social en Defensa de los Envejecientes.
Sin necesidad de afectar los intereses de los empresarios y el sector gubernamental, cuando trabajé 16 años consecutivos en Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) siempre defendí los intereses de los trabajadores.
Cuando trabajaba como asesor de prensa y asistente del Dr. Julio César Terrero y Calvajal, todos mis salarios se los donaba a los abogados necesitados porque en esos tiempos no existía las pensiones que actualmente otorga el Estado a los abogados por medio del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).
Aun teniendo mi oficina de abogado privada, a los ciudadanos que no podían pagarme lo defendía gratuitamente hasta tal punto que la mayoría de las veces ellos se quedaban sorprendidos de mis actitudes.
Con la misma Carminia cuando participábamos en las diferentes actividades sociales, siempre me veía obligado a desarrollar el mal hábito de robarme los útiles escolares y los libros que la gente rechazaba y con mucho entusiasmo se los donaba a las escuelas públicas, clubes y bibliotecas de los barrios marginados de la capital.
¿No son acaso estas actitudes claras señales de defensa al derecho a la educación de los ciudadanos consagrados en el artículo 63 de la Constitución del año 2010 que creó un Estado Social y Democrático de Derechos?
Sin que hasta ahora nadie lo supiera, amigos lectores, muchos de ustedes se sorprenderían si les confieso que mi biblioteca de miles de libros se la he donado a personas e instituciones en todo el territorio nacional.
La mayoría de mis cuadros de pintura también los he donado, siendo la más reciente donación un hermoso cuadro que le regalé a la Licda. Cristina Rivas Mendoza, que es una de las abogadas más prometedora con que cuenta nuestro país.
¿Constituyen o no estas acciones un claro indicio de mi defensa a los derechos culturales de los ciudadanos consagrados en el artículo 64 de la mencionada Constitución Dominicana?
Para concluir esta parte de mis aportes como defensor consagrado de toda una vida, nos gustaría que el país supiera que gracias a mis gestiones de las fundaciones que he dirigido hoy en día muchas personas son profesionales y dominan algunos idiomas debido a las becas que les conseguimos para que estudiaran en las universidades y en el Instituto Cultural Dominico-americano.
Respóndame ahora ustedes estas preguntas: ¿una persona con una trayectoria así merece o no dirigir la Defensoría Pública? ¿Debería retar públicamente a cualquiera de los demás aspirantes para que demuestren que cuentan con un perfil de defensores mejor que el nuestro?
Les adelanto que ser seleccionado a esta posición vamos a implementar un programa de políticas públicas tendentes a integrar esta institución en la búsqueda, solución y prevención del delito en el entendido de que el alcance de la ley 277-04 que crea la Defensoría Pública, es de alto interés nacional.
POR RAMÓN MILIANO