EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Es al pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que le corresponde conocer el juicio de fondo contra los encartados en el caso de sobornos pagados por Odebrecht, siempre que se mantengan en el expediente como imputados, los tres legisladores y el Ministro de Industria y Comercio.
El pleno de la SCJ está compuesto por 16 jueces, y por mandato constitucional le compete a este órgano conocer los casos de jurisdicción privilegiada, como este escándalo de corrupción en el que están implicados tres congresistas, dos senadores y un diputado, así como el Ministro de Industria y Comercio (con el cargo puesto a disposición del Presidente), Temístocles Montás.
El senador Julio César Valentín (PLD-Santiago), su colega Tommy Galán (PLD-San Cristóbal) y el diputado Alfredo Pacheco (PRM-Distrito Nacional), son los tres legisladores encartados.
Antes de que el caso vaya a juicio de fondo, el proceso deberá agotar la fase preparatoria, la que por disposición del Código Procesal Penal corresponde al Ministerio Público, para lo cual el juez Francisco Ortega Polanco ya otorgó ocho meses como plazo.
El pleno es el órgano de mayor jerarquía del Poder Judicial y sus decisiones se toman por mayoría de votos, y en caso de empate, el voto del Presidente del órgano será decisorio.
Los 16 jueces que componen el pleno de la SCJ que conocerían el caso Odebrecht, son: Mariano Germán Mejía, José Alberto Cruceta Almánzar, Martha Olga García Santamaría, Víctor José Castellanos Estrella, Francisco Antonio Jerez Mena, Miriam Concepción Germán Brito y Esther Elisa Agelán Casasnovas.
También, Juan Hirohito Reyes Cruz, Fran Euclides Soto Sánchez, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Sara Isahac Henríquez Marín, Robert Placencia Alvarez, Edgar Hernández Mejía, Francisco Antonio Ortega Polanco y Dulce María Rodríguez de Goris.
Como se sabe, varios de esos jueces han sido conocidos por haber juzgado otros importantes casos de corrupción en el que también se han visto envueltos funcionarios públicos.
Se recuerda que la magistrada Miriam Germán Brito, a propósito de la instrumentación de esta acusación por sobornos, anunció la decisión de enhibirse voluntariamente, por vínculos de amistad que ha admitido tener con uno de los principales acusados, el ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa.
Antes del juicio de fondo, la Segunda Sala de la Suprema deberá conocer las correspondientes apelaciones que harán los imputados respecto a las medidas de coerción que ya les ha sido impuesta por el juez de instrucción especial, Ortega Polanco.
Es esta Segunda Sala la que tiene competencia para conocer y fallar estos recursos, atribuidos a la Suprema Corte de Justicia, siempre que no sean de los que conoce esta última como jurisdicción privilegiada.
POR LUIS BRITO
