RESUMEN
Vivir en la República Dominicana es aceptar como algo normal, la violación constante de nuestras leyes; es irónico expresarlo, pero en un país donde prácticamente todo necesita una ley, aunque ninguna se cumpla, requiere la evaluación profunda de gran parte de sus ciudadanos.
Según nuestra carta magna, esa que nadie respeta y todos modifican a su conveniencia; vivimos en un estado social, democrático y de derecho. Podríamos afirmar que el historiador y político Romano Cornelio Tácito no se equivocó al manifestar ´´Cuánto más corrupto es el estado, más leyes tiene´´; parecería que tal frase, fue inspirada en la realidad que vive nuestra querida y abusada patria.
Muchas Leyes y poca aplicación
Los grandes problemas que hoy atravesamos como sociedad, podrían haberse evitado perfectamente, si aquellas leyes que fueron aprobadas, hubiesen sido aplicadas; y si la mayoría de nuestros legisladores estuvieran comprometidos con la fiscalización; de la misma forma que lo están con los lineamientos políticos de sus partidos.
Nuestra querida isla es rica en leyes y si existiera algún premio por la violación constante del marco jurídico en una nación, podríamos afirmar que estaríamos en los primeros lugares, partiendo de esta triste realidad, me remitiré a compartirles algunos ejemplos de leyes cuya falta de aplicación afecta de manera negativa nuestras ciudades.
Ley 120-99 prohíbe tirar desechos sólidos. Este año se cumplen 19 años de su aprobación y violación constante, nunca ha sido aplicada; en su art. 4 establece penalidades desde 2 a 10 días de cárcel y multas de 500 a 1,000 pesos para quienes la infrinjan.
Ley 166-03 sobre ingresos municipales. Este año cumple sus 15 primaveras en constante violación, nunca se ha aplicado; en su art. 3 establece que los ayuntamientos recibirán un 10% de los ingresos del Estado Dominicano establecidos en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos, hoy día el pago del gobierno a los ayuntamientos no alcanza el 5% (Fuente FEDOMU).
Ley 176-07 Distrito Nacional y los municipios. Desde su aprobación a la fecha han transcurrido 11 años y su aplicación ha sido parcial, en su art. 19 establece claramente cuáles son las competencias exclusivas de los alcaldes, entre las que se encuentran A) Ordenar tránsito de vehículos y personas en las vías públicas. B) Ordenamiento del territorio, planeamiento urbano, gestión de suelo, entre otras; si estas dos competencias propias de las alcaldías fueran ejecutadas con celo y firmeza contaríamos hoy día con ciudades más vivibles, menos estresantes y más verdes.
Estas tres (03) leyes concernientes al ámbito municipal, son el fiel ejemplo del gran problema nodal que afecta a todos los ayuntamientos del país; como podemos observar contamos con un marco jurídico para penalizar el lanzamiento de desechos sólidos al espacio público; contamos con una ley que ordena la transferencia de recursos a los ayuntamientos; y se establecen por ley las obligaciones exclusivas que los alcaldes deben ejecutar en su territorio. Entonces ¿Por qué se promulgan leyes y se viola su aplicación? ¿Por qué resulta tan difícil transferir los recursos a los ayuntamientos y tan fácil crear nuevas dependencias estatales?
Lo que nadie dice y todos saben; es que las leyes se aplican según el criterio del gobierno de turno.
Lo que nadie dice y todos saben; es que el estado social, democrático y de derecho plasmado en nuestra constitución solo existe en letras.
Lo que nadie dice y todos saben; es que el estado es el principal violador de las leyes.
Lo que nadie dice y todos saben; es que carecemos de un régimen de consecuencia y voluntad política para enfrentar los grandes males que embargan el país.
Lograr avanzar como país requiere voluntad política; visión a largo plazo; respeto del marco jurídico; régimen de consecuencias fuerte y firme. Si queremos lograr salir del sub desarrollo y emular países como Dinamarca, Singapur y Corea del Sur; países que hace apenas 45 años no tenían nada y hoy poseen los ingresos per capitas mas grandes del mundo, necesitamos una sola promesa de campaña: respetar las leyes, aplicarlas y fortalecer las instituciones.
Por Euclides Marmolejos Baéz