La mayoría del pueblo se arriesgó para salir a votar, con la esperanza de lograr el cambio, que por décadas hemos estado anhelando. Los líderes del partido gobernante (PLD) esperaban una segunda vuelta, donde tendrían la ventaja del uso de los recursos del Estado. Contra una oposición, que lo agotaría en la primera vuelta.
La primera prueba, que espera a Luis Abinader, es enfrentar exitosamente al Corona-virus. Un hecho, que requerirá recursos económicos que no estarán disponible. Dice un refrán popular “Guerra avisada, no mata soldado”, hace poco, que Danilo Medina advirtió, que quien llegue al poder, no podrás hacer nada porque recibirá una administración endeudada hasta el tope.
Lo que significa que a Luis Abinader, les esperan situaciones que parecen insuperables, frente a las exigencias de un pueblo con grandes expectativas. Hoy el comentario más común es, “Ojalá haga un buen gobierno”. Es lo que todos esperamos. De lo contrario, el país puede caer en un estado de ingobernabilidad.
El pueblo está tan cansado de la corrupción rampante, la impunidad, la inseguridad y otros males sociales, que en su mayoría solo aspira a emigrar. Según un sondeo de la encuestadora Barómetro de las Américas, a finales del año 2018, el 53% de los dominicanos, desea abandonar el país.
Esperamos que este cambio no sea utópico, sino real; de lo contrario nos veremos inmersos en un verdadero caos. Con un triunfo apabullante y la mayoría en el Congreso, Abinader no tiene excusa para emprender la tarea de adecentar la administración pública.
El pueblo espera, que comience por someter a la justicia por enriquecimiento ilícito, a los saqueadores del Estado y dar un ejemplo a los nuevos ministros. Tiene de su lado la fuerza de la ley que condena ese delito, como lo establece la Convención Interamericana Contra la Corrupción en su artículo IX y nuestra Constitución en el artículo 146. La Ley 311-14, en su artículo 18 establece las sanciones, que van de cuatro a diez años de prisión y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez (10) años.
No se trataría de persecución política, sino de hacer cumplir la ley, que es el freno a la impunidad, la inseguridad ciudadana, la invasión pacifica haitiana y todos los males sociales. Este pueblo tiene sed de transparencia y de justicia, lo demostró en las urnas, cuando no se amedrentó frente a la pandemia para ir a votar, procurando un cambio.
En toda la región, los pueblos están gritando, basta ya de políticas que excluyen, que dejan a millones de personas atrás, basta ya de un modelo de crecimiento que bajo las grandes cifras y los promedios ocultan una desigualdad creciente.
Lic. Elías Samuel Rosario Mata
Abogado, presidente filiar DXC en Panamá