RESUMEN
No creo que nadie deba pagar por los actos, errores, hechos o crímenes de sus antepasados -lejanos o cercanos-; pero en nuestro país tenemos una ley -la 5880-62- que reza en su artículo primero: “Toda persona que alabe o exalte a los Trujillo [y se ha legalizado un partido de un nieto de Trujillo] o su régimen tiránico, en alta voz, o por medio de gritos, discursos, escritos públicos o epistolares, dibujos, impresos, grabados, pinturas o emblemas se considerará y juzgará como autor del delito contra la paz y la seguridad públicas y será castigada con prisión de diez días a un año o multa… “; y encima, todavía, a casi siete décadas de esa larga noche de horror y sangre, no existe una Comisión de la Verdad sobre la Era y sus crímenes. Sin embargo, nuestra frágil democracia se permite legalizar un “partido” que, de seguro, pasará de contrabando, logrado algún escaño de poder -así sea una regiduría- el legado del “jefe”, pues quien quita o garantiza que el nieto y sus acólitos no terminen, por herencia, amor filial e ideología, exaltando al sátrapa.
Y no es miedo a las ideas o la confrontación de pensamiento, como tampoco motivación a la censura o castración al libre debate, sino que el trujillismo aún vive, respira, escribe y ahora, por más que se disimule, tiene partido, porque su nieto aún reivindica, no desde lo histórico-científico o crítico sino desde su “visión” política, aspectos políticos-ideológicos de aquella dictadura que encabezó su abuelo y en la que sus padres fueron piezas medulares. Entonces, será muy difícil, ya en el terreno y con fuerza de ley, que el trujillismo, en vez de ser enjuiciado y desterrado de nuestra vida pública y democrática, no se airee y asuma el latente y peligroso privilegio de reencarnar bajo el fuero legal.
Ya el tiempo y el accionar de ese “partido” nos dirá, y sabrá Dios a qué precio, si, como dice el refrán “No es lo mismo, llamar al diablo que verlo llegar”. En fin, ya son muchos los indicios de que involucionamos como sociedad y de que el “teteo” y el outsider peor están por tomar, de golpe y porrazo, el país. !Detengamos esto!
Finalmente, sé que habrán quienes -y ya lo han manifestado- dirán que la ley 5880-62 es “obsoleta” e “inconstitucional”, pues prohíbe lo que nuestra Constitución consagra: “libertad de expresión de pensamiento”; si, pero, ¿acaso reivindicando aspectos políticos-ideológicos de una dictadura y de un pasado horrendo, seremos una sociedad más democrática? No lo creo. Y no importa que en Chile o en España, se pueda “hablar” o reivindicar una dictadura, porque cada país cura o exorciza sus demonios de diferentes maneras que, si vamos al caso, y desde esa visión -que respetamos-, también, no estimulando esos “valores” se ejerce democracia, ¿o no? Porque el colmo sería que, en una democracia, lo permitamos todo. Pero, además, ¿cuál es la diferencia, sustantiva, entre una dictadura -de derecha o izquierda- y una democracia? ¿No son los valores libertad, justicia y respeto a la dignidad humana? Entonces, no confundamos libertad de pensamiento con apología o estímulo abierto a lo que jamás nos conducirá a ninguna democracia (porque no creemos que el nieto de Trujillo y su engendro de “partido” vayan a propugnar por democracia alguna). Eso no está en su ADN ideológico ni político, por no decir cultural o biológico.
Mientras, con la legalización del partido de Ramfis Trujillo, se pone sobre el tapete: ¿Qué hacemos con la ley 5880-62? Unos dicen que la Constitución de 2010, en efecto, la mató-derogó. Ya veremos …(pero sobre lo que no hay duda, es que la actual JCE hizo la diferencia. !Y qué diferencia!). Y uno se pregunta -porque en política nada es ingenuo-: ¿Quién, con poder e interés político, hizo o apadrinó la «vuelta” o milagro, además de los alegatos o subterfugios “legales” del tremendismo?
Por: Francisco S. Cruz
El autor es político y exprofesor de historia