EL NUEVO DIARIO, MADRID. – La ONU ha pedido al Gobierno de España que adopte «todas las medidas necesarias» sobre las llamadas «leyes de la concordia» impulsadas por gobiernos regionales conservadores, al considerar que pueden obstaculizar el derecho de las víctimas de la dictadura a conocer la verdad y dar pie a teorías negacionistas.
El pronunciamiento de la ONU se recoge en una comunicación conjunta de los relatores especiales sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el argentino Fabian Salvioli, y las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, el chileno Morris Tidball-Binz, así como del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que encabeza Aua Baldé, de Guinea Bissau.
Según el organismo internacional, las medidas del Gobierno español han de estar encaminadas a preservar la memoria colectiva ante las «graves violaciones de los derechos humanos» y, en particular, a evitar que surjan tesis revisionistas, al entender que las leyes que tramitan tres regiones obstaculizarían el derecho a conocer la verdad sobre la Guerra Civil española y la dictadura militar
En el informe, redactado a instancias del Gobierno español, remarca que todos los poderes del Estado y entidades públicas «deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos» y que no hacerlo compromete la responsabilidad de España
El Ejecutivo español, una coalición de izquierda, anunció en abril que recurriría estas leyes a Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa
Ante el requerimiento de Naciones Unidas, el ministro español de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, emplazó a los gobiernos regionales de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, donde gobiernan en coalición el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox, a que corrijan sus normativas o serán recurridas ante el Tribunal Constitucional cuando se aprueben.
Torres denunció que pretenden «blanquear la dictadura» del general Francisco Franco, al no condenarla ni hacer referencia a las víctimas del bando republicano en la Guerra Civil.
Para el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el que la ONU zanje que «las leyes de blanqueamiento de la dictadura son indignas de una democracia como España» supone una «vergüenza» para PP, principal partido de oposición en el Congreso español, y Vox, tercera fuerza.
El gubernamental partido socialista PSOE exigió a la derecha que aclare si está «con las víctimas o con las leyes de la vergüenza».
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en España aseguró que estas leyes son “un intento por blanquear el franquismo y ensalzar la dictadura, lo que supone una agresión para las víctimas”.
Por su parte, los tres gobiernos regionales criticaron el informe, al considerar que contiene errores de bulto y bulos, cuestionar su conocimiento de la legislación española y del contenido de estas leyes y recomendar a la ONU que se dedique a evitar conflictos en el mundo en vez de entrar en estas cuestiones.
El líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, subrayó que lo «mejor es leer los textos y no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado».
