EL NUEVO DIARIO, RÍO DE JANEIRO.- La facción criminal Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor de Brasil, opera unas 150 gasolineras en Sao Paulo, según informó hoy el presidente de la Federación Nacional de Comercio de Combustibles y Lubricantes (Fecombustible), Paulo Miranda Soares.
«Reciben camiones con combustible robado y, cuando las autoridades van hasta allí, los amenazan. Es una fiscalización muy difícil de hacerse porque estamos tratando con bandidos», aseguró Soares en un seminario que transcurre en Río de Janeiro.
El PCC surgió en los años 90 en una cárcel de Sao Paulo para defender, en un principio, a la población reclusa del país, llegando incluso a controlar varias prisiones en el estado paulista y en otras entidades federativas del norte.
Sin embargo, con los años extendió su actividad al tráfico de drogas y armas, especialmente en las regiones fronterizas con Bolivia y Paraguay, y también al rentable robo de cargas y contrabando de combustible.
«El crimen organizado baja los precios de los combustibles, las ventas se disparan (…) Al final el resultado es un beneficio enorme, pero en realidad no hay ningún lucro porque están lavando dinero de los robos a bancos y asaltos a camiones de valores blindados», apuntó Soares en el coloquio «Ilegal, ¿y qué hacemos?».
Este hecho ha obligado a las autoridades brasileñas a crear un equipo especial en el estado de Sao Paulo para investigar esa red irregular que, según Soares, «aumentó mucho» a partir de la crisis económica de los dos últimos años.
De acuerdo con un informe elaborado este año por el comité de transporte de cargas de Reino Unido (Join Cargo Committee, en inglés), Brasil es el sexto país -de un total de 57 analizados- de más arriesgo para transportar bienes.
El gigante suramericano solo está por detrás de naciones inmersas en conflictos armados como Siria, Libia, Yemen, Afganistán y Sudan del Sur.
«En general, se ataca a un punto, pero eso no resuelve el problema porque se detiene a un receptor, que es solo una pieza en el engranaje. Uno tiene que desmontar la máquina y para eso se precisa de un trabajo de investigación», subrayó el fiscal José María de Castro durante su intervención en el seminario.
