(Resumen de los planteamientos sobre Corrupción e Impunidad en tertulia del grupo Tomas Moro y Juan XXlll)
La corrupción es un fenómeno inherente al Estado Débil. Cómo bien explicó Gunnar Myrdal, el gran economista sueco: los Estados débiles generan corrupción, y la corrupción aumenta su debilidad en forma creciente, lo que, a su vez, produce más corrupción, y así se reproduce y amplifica mediante un fenómeno de «causación circular acumulativa» .También sabemos que los estados débiles pueden terminar convertidos en estados fallidos, es decir, en estados que no pueden cumplir con sus fines esenciales.
Aunque es común analizar la corrupción con criterios éticos, morales o jurídicos, o con fines de descalificar adversarios políticos, la realidad es que se trata de una fuerte retranca al desarrollo de las naciones y una de las causas de ampliación de la brecha de las desigualdades.
La corrupción es provocada por una serie de factores que deben ser identificados para eficazmente combatirla, contenerla y disminuirla. El profesor Klitgaard del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), planteó hace muchos años una fórmula sobre los elementos concurrentes en la mayoría de los casos de corrupción: alta concentración del poder, mucha discrecionalidad en la toma de decisiones y poca transparencia. Donde quiera que coincidan estos elementos es altamente probable que habrá corrupción en abundancia. Por tanto, los programas y acciones de política que contribuyan a reducirlos o superarlos tendrán impactos notables en la reducción de su incidencia.
Nadie debe ser iluso creyendo que la corrupción se puede erradicar. Pero sí es posible lograr un cambio a fondo en la respuesta social e institucional contra ese fenómeno insidioso y disolvente: no sólo en relación al manto de impunidad que lo cubre, sino en un aspecto más decisivo: las acciones de prevención. La mayoría de los expertos coinciden en que es más difícil perseguir la corrupción y recuperar los activos sustraídos o asegurar indemnizaciones, que prevenir su ocurrencia con reformas institucionales puntuales, y que, además, puedan minimizar los daños que ocasione. Sin embargo, los expertos también recomiendan la persecución y castigo en aquellos casos susceptibles de ejercer un saludable «efecto demostración» sobre toda la sociedad, indispensable para reforzar su sistema de sanciones, enviando la señal de que «la corrupción no paga». Son los llamados casos de corrupción de cuello blanco, que por lo general, constituyen crímenes complejos, perpetrados mediante tramas de alta peligrosidad, ejecutados por actores con gran poder.
Cultura y estructuras de corrupción.
En República Dominicana existen estructuras y cultura de corrupción, con ramificaciones y raíces impresionantes. Y por eso hay tanta impunidad. Debemos tener bien presente, además, que la corrupción local se articula y refuerza con la corrupción transnacional, que en ocasión de la globalización, como bien explicó la economista Loretta Napoleoni, se ha reforzado a niveles sin precedentes junto al auge de «una economía canalla».
Sin embargo, de tiempo en tiempo, en momentos específicos, y por determinadas causas o eventos, se abren procesos importantes en los que se enjuicia y condena a «grandes culpables» de fraudes. Esos procesos excepcionales funcionan en realidad como mecanismos de catarsis, o más bien de reajuste, dentro de un sistema que por su esencia y sus características, opera con el lubricante de la corrupción en todos sus niveles. Han servido para «ajustar cuentas» entre facciones políticas o grupos de interés, sobre todo, en coyunturas de intensas contradicciones por concentrar más riqueza y poder o por controlar sectores estratégicos. Asimismo, son útiles para entretener a las masas populares, que en sus agobios sienten cierta compensación cuando «trancan» algunos «poderosos». Además, por un momento proyectan la percepción de que se emprenden acciones correctivas y justicieras, cuando en verdad sólo se busca que en lo sustancial todo siga igual.
En el presente, hay muchas expectativas de que el caso Odebrecht provoque grandes terremotos políticos en todo el continente, que marquen un cambio profundo y duradero. Aquí las aspiraciones al respecto tienen un amplio registro: incluyen desde los que esperan que el Presidente Medina se convierta en el Lee Kuan Yew del Caribe, emulando al legendario dictador desarrollista de Singapur, implacable con la corrupción y los corruptos, hasta los que desean que corra la suerte del ex Presidente guatemalteco Otto Perez Molina, quien cayó después de una explosión de «indignación popular», en la que no faltaron estrategias y estímulos foráneos. Pero en las presentes circunstancias, ni un extremismo absurdo ni el aventurerismo desesperado, son buenos consejeros. Lo cierto es que con ese caso se ha llegado a un punto de saturación social, y sea para bien o sea para mal, será considerado un punto de inflexión en la vida nacional, por su impacto en la conciencia de amplios sectores de la sociedad y su disposición de movilizarse y protestar.
Sin embargo, pase lo que pase, todos esos avatares se quedarán en la superficie, mientras no se enfrenten y reduzcan las causas subyacentes de las extendidas prácticas corruptas, que cada vez más dificultan al Estado cumplir sus fines esenciales y acentúan las diferencias entre las minorías privilegiadas y las grandes mayorías.
Tiempo de cambios
Mucha gente no ve la relación y otros prefieren no verla, pero mientras la política sea una actividad de altísimos costos económicos será cada vez menos democrática y más excluyente, y seguirá siendo un campo de inversión altamente rentable para los que buscan negocios fraudulentos o mafiosos de la mano del Estado, dirigidos a capturar rentas y no a crear riquezas. Así las cosas, la plutocracia o poder de los que tienen dinero, y el crimen organizado, se convierten en los hechos en los grandes electores de las sombras. Y el uso y abuso de los recursos públicos para mantener cuotas de poder, se impone «por necesidad», tanto como la práctica de cada gobierno de crear «sus propios ricos»
Por tanto, reformar la política electoral y partidaria para que sea trasparente, equitativa y de costos accesibles, es cortar una de las raíces profundas de la corrupción estructural. Ya la Constitución del 2010 estableció mandatos muy claros de limitar los tiempos de campañas, fijar topes en los gastos electorales y garantizar el acceso equitativo a medios de comunicación.
También resulta fundamental para comenzar a desmontar la visión patrimonial que impera sobre las funciones y cargos públicos: ese botín que se reparte en cada elección, donde la búsqueda de «Lo Mío » va impidiendo progresivamente la realización de Lo Nuestro. El funcionario nunca se verá como un servidor público mientras entienda que su puesto le pertenece, que se lo ganó en las bregas político-partidarias, y que es su chance de » resolver su vida». Su lealtad no será con el Estado y la nación, ni mucho menos con la ciudadanía, sino con el partido o la facción a la que pertenece. Su actitud siempre será la de «un jefe» o «jefecito» que reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho, y dispensa como gracia el cumplimento de deberes, contribuyendo a degradar así las relaciones políticas y anular el concepto de ciudadanía. Y que conste que en todos los gobiernos han servido y sirven con integridad y decoro miles de hombres y mujeres que son militantes de partidos. Sin embargo, muchos han tenido que vivir bajo la sospecha de que son ¨corruptos¨ por ser políticos, o sufrir la crítica de su gente más cercana de ser unos ¨pendejos¨ por no haberse aprovechado de su paso por el poder para adquirir fortuna.
En otro orden, aunque tampoco resulte evidente, -pero en el mismo sentido de lo antes señalado- existe una estrecha relación entre las concentraciones económicas y la corrupción. La realidad es que los monopolios y oligopolios que sobrecargan a la sociedad con los onerosos costos de su ineficiencia, se crean y mantienen, o con corrupción o con violencia, o con ambas cosas. En República Dominicana, como en muchas otras partes, esas concentraciones, que a veces son naturales por el tamaño de los mercados, han crecido y se han consolidado por lo común con la captura de los reguladores deshonestos o débiles, algo que ha deformado profundamente el desarrollo capitalista, con marcados sesgos mercantilistas.
En ese contexto, por fuerza de los hechos, «la política» o para decirlo con propiedad, lo que aquí se entiende por política, ha sido vista como la vía alterna para la promoción y el ascenso económico y social. Cuando las vías legales y legítimas están cerradas o son muy restrictivas, ahí aparece la «política» mercantilista, que facilita «coger los mangos bajitos» para el enriquecimiento rápido y fácil, al tiempo que los partidos se convierten en «agencias de empleos» y de beneficencia, para garantizar una supervivencia, aún sea en condiciones de precariedad. Es por eso que en cada elección se pone en juego el estatus de vida de millones de personas.
Por tanto, profundizar las reformas económicas resulta esencial para superar los esquemas imperantes de «capitalismo salvaje» y los agudos problemas de corrupción estructural que generan. Es impostergable redefinir las relaciones entre empresas y Estado, para que las mismas sean simbióticas y orientadas a la producción y la creación de empleos, y no parasitarias y rentistas en detrimento de los intereses públicos. Debemos proponernos que las personas y las empresas puedan realizar sus metas con libertad, a partir de su propia iniciativa y trabajo, sin necesidad de contar o contando lo menos posible con las palancas del favor político, generando empleos estables y dignos, vinculados a la producción de bienes y servicios de calidad exportable. En ese sentido, es necesario enfatizar que el papel del gobierno es crear las condiciones generales para que los sectores de la empresa privada generen muchos empleos estables, bien remunerados. No es cierto que millones quieren vivir del favor de los políticos o de un partido: la gran mayoría acepta esas relaciones denigrantes porque no tiene otras opciones de vida mejores. Eso explica por qué la mayoría de los dominicanos está dispuesta a emigrar a otros países con la esperanza de progresar en las condiciones de su existencia y la de sus familias.
Concretamente, la transformación de mercados y sectores estratégicos y su mejor regulación, comenzando por el sector eléctrico, es imprescindible para mejorar la competitividad de las fuerzas productivas y brindar mejores oportunidades a todos los actores económicos y sociales, así como a los ciudadanos en general. Lo mismo puede decirse de la necesaria reforma fiscal integral y de las relaciones de la administración pública con los administrados, en especial, con las empresas MPYMES, que necesitan ser tratadas con mayor justicia, equidad y racionalidad. Por igual, urge ampliar la base propietaria con agresivos programa de titulación de activos y democratizar el acceso a créditos y mercados de capitales, proceso indispensable para superar la economía dominada por unos pocos grandes grupos poderosos. No obstante, ningún cambio es más relevante que una política activa de empleos, en la que se respete el derecho de los dominicanos a trabajar y vivir en su país. Es necesario recordar que la Constitución del 2010 consagró el Estado Social y Democrático de Derecho, y que para acercarnos a él resulta indispensable ejecutar una verdadera revolución productiva, cuyos fundamentos fueron consignados en esa misma Constitución.
Es triste decirlo: el Estado dominicano ha propiciado la brutal desnacionalización de los mercados laborales en perjuicio de los derechos constitucionales de sus ciudadanos, ha permitido que se deprima su salario real y se deterioren sus condiciones laborales. Todo eso en flagrante y sistemática violación de la Constitución y las leyes. Si la economía dominicana generara suficientes empleos de calidad por parte de las empresas privadas nacionales y extranjeras, y el salario real aumentara progresivamente, y contáramos con más empresarios auténticos que gente queriendo hacerse ricas por cualquier medio, las cosas serían muy diferentes, y las esferas de acción de la política y los negocios se potenciarían recíprocamente en términos muy positivos.
Pero desafortunadamente no es eso lo que ocurre: siendo un país con crecimiento económico notable y sostenido, con condiciones excepcionales para convertirse en una potencia regional, acusa índices pésimos en la distribución de los frutos de ese crecimiento. En esas condiciones, ¿pueden las autoridades exigirles a los dominicanos comportamientos honestos, respetuosos de las leyes, apartados de los vicios? ¿Podrá mantenerse ese esquema perverso, sólo con la manipulación de los programas de asistencialismo y las nominillas improductivas, financiados con una carrera de endeudamiento insostenible y turbia? ¿Hasta cuándo seguirá el estímulo a la emigración legal e ilegal, que nos sustrae un valioso capital humano, para descomprimir las tensiones sociales, y compensar luego con el envío de remesas?
Otra reforma crítica es la institucional dirigida a desmontar estructuras de corrupción en el sector público. En la interacción del Estado y la Economía es común que surjan prácticas irracionales, irregulares o ilícitas que facilitan latrocinios, malversación o dilapidación de recursos públicos. También, mediante el pago de sobornos, dichas prácticas implican la violación de los controles en áreas sensibles de la seguridad jurídica, pública o nacional para la obtención de beneficios indebidos. Pasa con las compras públicas de bienes y servicios, la gestión de los empréstitos locales y extranjeros, el pago de las deudas, la construcción de obras y la disposición de los activos o bienes públicos, las barreras absurdas o extorsivas a la inversión nacional y extranjera. Pasa también en los sistemas de control en fronteras, puertos y aeropuertos, en cárceles, cementerios y mercados municipales, en oficinas recaudadoras o fiscalizadoras. Pasa, en general, en todas los centros de decisión y administración donde se realizan lo que los expertos llaman «flujos de transacción». Sin embargo, muchas veces los casos de corrupción estructural revisten «una respetable forma jurídica» plasmada en leyes, resoluciones, decretos, reglamentos, sentencias, contratos y actos administrativos, emanados de los poderes públicos y la administración del Estado y las municipalidades. En cada uno de esos espacios, urge actuar y alcanzar resultados positivos en términos de reducción de la corrupción y la impunidad. Nadie se llame a engaños: los costos del desorden y la corrupción son muy altos y los pagan de muchas maneras la mayoría de la población: más impuestos y tasas, servicios públicos malos y costosos, privaciones e inseguridad, violencia y exclusión.
Todas esas metas de reformas son esenciales para mantener la paz social y la estabilidad institucional en la República. Sobre todo, para demostrar que es posible una política responsable, servida con integridad, racionalidad, eficacia, en la que no existan espacios para políticos domesticados o con ínfulas oligárquicas, ni tampoco para funcionarios arrodillados o en venta ante los potentados.
Más allá de la indignación y el castigo.
Sin embargo, nadie debe llamarse a engaños: la corrupción pública y privada no se reducirá sólo con acciones punitivas, por ejemplarizantes y necesarias que parezcan y efectivamente sean. Mucho menos con shows mediáticos. Mientras los modelos de éxito social que se promueven sigan valorando a la gente sólo por lo que tienen y ostentan, y el lucro fácil, el consumo suntuoso, el relativismo y la mundanidad sean los resortes más poderosos de las dinámicas sociales, es poco lo que se conseguirá en términos de reducir los niveles de corrupción e impunidad. Después de todo, los comportamientos honestos, auténticos y ejemplares, son propios de personas con conductas inspiradas en valores trascendentes y altruistas, más que en el temor a los castigos penales o los estigmas sociales.
En consecuencia, la reforma ética y moral es vital para superar el estadio de desorden y desintegración social que nos corroe. En ese campo el liderazgo de todos los sectores tiene mucho que aportar, en especial, las instituciones católicas y evangélicas, los centros de educación superior y los medios de comunicación, ya que son los grandes difusores de los valores y conocimientos. Particularmente en el caso de los medios de comunicación, su responsabilidad tiene que ver con el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y equilibrada, requisito indispensable de todo orden democrático funcional y plural. Cuando fallan en su misión el daño es descomunal y se refuerza el cinismo o el escepticismo acerca de las posibilidades reales de mejoramiento general y sostenido.
Hay mucho por hacer para que la conciencia colectiva e individual cambie y asuma que sólo con un proyecto nacional fuerte e integrador, el pueblo dominicano podrá superar los complejos desafíos que tiene por delante y asegurar un futuro de prosperidad y libertad, de dignidad y respeto para todos. Sin ese sentido de pertenencia a la Patria que Dios nos dio no somos ni seremos verdaderamente libres. Simplemente, sin esa pertenencia vital, estaremos perdidos sin remisión.
La soberanía en peligro.
En el presente, ese sentido de pertenencia a la Patria es muy débil, porque las clases dirigentes o élites, en general, son infuncionales y no cumplen cabalmente con sus misiones de dirección, empresariado y ejemplaridad. No son capaces de pensar, actuar y sentir más allá de sus intereses particulares o inmediatos, y ese es el mayor caldo de cultivo de la corrupción pública y privada. En cambio, por ser vulnerables a los chantajes y presiones, asumen con genuflexión y falta de sentido crítico las agendas que imponen organismos internacionales o gobiernos extranjeros, que en el caso de República Dominicana está marcada por una visión geopolítica de buscarle solución a los agudos problemas del Estado Fallido de Haití, contando con República Dominicana como Estado pivote y zona de amortiguamiento. Eso es lo que ha convertido la frontera con Haití en la estructura de corrupción transnacional más peligrosa y perjudicial. Estructura que sin tener las proyecciones continentales del caso Odebrecht, es la que más golpea y debilita a la República Dominicana, y que al parecer sólo a unos cuantos parece preocuparnos.
Y eso nos lleva a una reflexión final, de trascendencia mayor, sobre las repercusiones de la corrupción y la impunidad sobre la soberanía, la autodeterminación y la integridad territorial en la Nación Dominicana.
Todos los dominicanos deben tener bien presente que cuando la corrupción avanza, penetra y carcome sus instituciones; cuando distorsiona su economía, perturba las familias y altera las pautas y valores sociales, como el trabajo y la disciplina; cuando compromete en el desdoro a sus líderes políticos, empresariales y sociales, la nación queda muy expuesta, indefensa, disminuida, ante las agresiones e imposiciones extranjeras, en riesgo de colapsar y perderse.
Es por eso que al terminar esta intervención, queremos advertir sobre una tendencia que hemos podido comprobar en ocasión de la denuncia de casos de corrupción, lavado de activos y crimen organizado proveniente de autoridades de gobiernos extranjeros y agencias internacionales.
Por experiencias anteriores, sabemos que las potencias extranjeras y las agencias internacionales actúan en estos ámbitos con cínica conveniencia y doble rasero. Es necesario, por tanto, que la sociedad dominicana, en especial, los sectores que sinceramente quieren combatir la corrupción y la impunidad, porque de verdad les duele la suerte de esta Patria, se mantengan vigilantes ante la eventual manipulación o instrumentalización de expedientes criminales para la imposición de agendas nefastas.
En los primeros años de la independencia de Cuba, se acuñó la frase: «Ante la injerencia extranjera, la virtud doméstica». La historia nuestra nos confirma su validez en sentido contrario: que nada atrae más las injerencias de los de fuera que los desórdenes y corruptelas de los de dentro. Por tanto, toda lucha nacional debe ser librada con honestidad y desde la honestidad, al servicio de un Estado que será más fuerte y seguro en tanto sea más integrador y fiel a sus ciudadanos y respetable y digno ante los demás estados.