RESUMEN
SANEAMIENTO SIN PRECEDENTES
Para quienes observan la realidad nacional desde un cómodo cinismo, el juramento que hizo el presidente Luis Abinader ante el país, Dios y la memoria de su padre, de no ceder en su compromiso de enfrentar la corrupción y la impunidad pudo parecer parte del habitual recurso retórico de los discursos oficiales.
Sin embargo, un recuento objetivo de hechos desmonta esa lectura superficial.
A esos que -incumpliendo su responsabilidad social- miran para otro lado cuando desde el gobierno se combate a fondo la corrupción y la impunidad, es hora de restregarles los hechos.
Desde la revocación de contratos lesivos, la suspensión de acuerdos cuestionables y el respaldo irrestricto al accionar del Ministerio Público —tanto frente a hechos del pasado como del presente—, la actual gestión ha mostrado una coherencia poco común en materia de saneamiento ético, institucional. Se trata, sin exageraciones, de un proceso sin precedentes en la administración pública dominicana.
El Ministerio Público, en su rol de defensor de la sociedad, ha impulsado investigaciones sobre graves ilícitos de corrupción administrativa, dentro de un marco de respeto al debido proceso. Este accionar forma parte de una estrategia de profilaxis institucional iniciada el 16 de agosto de 2020, que busca dejar atrás una época en la que la corrupción y la impunidad eran vistas como parte del paisaje.
Senasa: la prueba más sensible
El caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) constituye, hasta ahora, el episodio más delicado, tanto por el volumen de recursos involucrados como por su impacto en la seguridad social. Pero, sobre todo, por un elemento clave: el principal investigado es un allegado personal y político del propio presidente.
En el pasado, situaciones similares solían resolverse con gestos simbólicos y sin consecuencias judiciales reales. En esta ocasión, sin embargo, fue el propio Poder Ejecutivo el que aportó elementos que derivaron en un proceso judicial en curso, conforme a las garantías del Estado de derecho.
Del “Caso 13” a una cultura de control
Desde el llamado “Caso 13” en la Lotería Nacional, la administración ha mantenido en alerta a las instituciones públicas, particularmente en lo relativo a compras y contrataciones y al cumplimiento de la Ley de Función Pública. Ámbitos que, en administraciones anteriores encabezadas por Leonel Fernández y Danilo Medina, fueron con frecuencia foco de escándalos.
Los procesos judiciales que hoy involucran a exfuncionarios del pasado gobierno, más allá de los alegatos de persecución política, encuentran sustento en delaciones, evidencias documentales y devoluciones de importantes sumas de dinero y activos al Estado.
Revocación de contratos: romper inercias
Uno de los primeros pasos del gobierno fue revisar contratos considerados lesivos al interés nacional.
El 13 de octubre de 2020 se anunció la no renovación de los contratos para la adquisición de cemento asfáltico AC-30, calificados como leoninos. La medida implicó la apertura de procesos de licitación bajo principios de transparencia, equidad y competencia, rompiendo con prácticas históricas poco claras.
Peaje sombra: una decisión de alto impacto
El 10 de diciembre de 2021, el presidente anunció la terminación anticipada del contrato de concesión de la Autopista de Samaná.
El acuerdo implicó un pago de 410 millones de dólares, evitando erogaciones futuras estimadas en unos 1,500 millones de dólares por concepto de “peaje sombra”. Más allá de la cifra, la decisión representó un golpe directo a esquemas contractuales que, por años, drenaron recursos públicos.
Intrant: redes complejas bajo la lupa
Más recientemente, el caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ha revelado la existencia de esquemas más sofisticados.
Según el Ministerio Público, mediante contratos irregulares con empresas como Dekolor, Pago RD Xchange y Transcore Latam, se habrían desviado fondos públicos y ejecutado operaciones de lavado de activos, vulnerando principios básicos de transparencia y legalidad.
Las imputaciones incluyen fraude en contrataciones, estafa contra el Estado, delitos tecnológicos y sabotaje a infraestructuras críticas, lo que —de confirmarse en los tribunales— representaría graves daños para el país.
Un punto de inflexión
La suma de estos casos permite identificar un patrón: no se trata de acciones aisladas, sino de una política de Estado orientada al saneamiento institucional.
La diferencia fundamental con el pasado radica en el “corte parejo”: la disposición de actuar sin importar vínculos políticos o personales.
Ese es, quizás, el verdadero mensaje detrás de las palabras del presidente: no un recurso discursivo, sino la expresión de una voluntad política que comienza a traducirse en hechos verificables.
Por Nelson Marte