(El Plan Nacional de Acción 2009-2014 fue abandonado)
Se considera lamentable que en el mes de la prevención de trata de personas, como es el mes de enero del presente año 2024, tenga vigencia la ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
Es Lastimoso que el país no ha actualizado los mecanismos para identificar a la mayoría de los casos de trata de personas. Muy al contrario, el mes de la trata de personas encuentra a la República Dominicana con una ley que data del 2003, pues no se han actualizado otros mecanismos como los previstos en el plan nacional de acción contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes trazado entre los años 2009 al 2014.
La Comisión Interinstitucional contra la Trata (CITIN) conjuntamente con la cancillería dominicana, elaboró el plan de acción contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, con el auspicio de la Organización Internacional para las Migraciones.
Lamenta que ese plan nacional de acción se frustró y que no ha recibido continuidad; ese plan se sustenta en la ley 137-03 y en el decreto 575-07, y constituía en su momento un instrumento de política pública para luchar contra ese crimen.
Sin embargo, muchas instituciones públicas no se integraron al plan de acción, por lo cual hoy puede ser considerado un plan muerto, o en vías de estar en un estado final de mortalidad.
Todo eso es lamentable, más el hecho de que se cumple un año de que el presidente de la República retirara el proyecto de ley nueva, instruyendo el presidente retirar del Congreso el proyecto relativo a la explotación y tráfico ilícito de migrantes, que había sido sometido por el Poder Ejecutivo y que no logró el consenso necesario con los distintos sectores, recientemente.
La Oficina de Asistencia Legal (OFAL), institución sin fines de lucro, ha manifestado preocupaciones por el incremento del crimen de tráfico de personas, que en la actualidad parece impune, pues a pesar de su auge, existen muy pocos expedientes judiciales sobre esa situación, por falta de compromiso.
Es lastimoso que hoy día el proyecto de ley retirado del Congreso por el presidente no ha sido sometido de nuevo al Congreso, dejando trunco el proceso de una ley actualizada.
Instamos a que el presidente Luis Abinader someta nueva vez el proyecto de modificaciones de la vieja ley No.137-03, sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, promulgada el 7 de agosto del 2003, hace más de 20 años.
Puede hablarse de que hay impunidad en las persecusiones y castigo de los hechos criminales de trata de personas, ya que son muy pocos los expedientes que existen en la justicia, por lo cual invita al presidente de la República a que someta al Congreso Nacional ese proyecto de ley tan importante para investigar y sancionar el crimen organizado en la República Dominicana.
Valga decir que la justicia dominicana tiene en su seno unas cinco o seis sentencias condenatorias, que debido al descuido de los representantes del Ministerio Público, los condenados se han evadido con mucha facilidad y espíritu supino y alegre.
La trata y la migración ilegal son dos resultados que van íntimamente unidos, por ejemplo, hoy día tenemos varios países, entre ellos Ucrania en la cual hay cientos de expedientes criminales sobre trata de niños, niñas y adolescentes, incluyendo las madres, situación sobre a la cual referiremos más adelante.
Miles de mujeres, niños y niñas dominicanas están en varios países del mundo abandonados a la suerte y a los dictados de los criminales organizados, sin recibir ayuda ni orientación.
La mayoría de mujeres dominicanas ahora son llevadas a las tres Guyanas, a Argentina y otros lugares, que amerita la intervención del Estado dominicano para salvaguardar los derechos de esas personas prácticamente secuestradas y salvajemente tratadas.
Por: Ángel Moreta