RESUMEN
A cinco años del actual gobierno, República Dominicana enfrenta una preocupante realidad: no ha avanzado “ni en democracia, ni en desarrollo” (NiNi’s). Las expectativas de transformación se han desvanecido frente a decisiones políticas controvertidas, falta de ejecución gubernamental y una gestión que muchos califican de errática.
Uno de los signos más alarmantes ha sido la intención del gobierno de imponer legislaciones que amenazan derechos fundamentales. Dos proyectos en particular han encendido las alarmas: una ley para regular la libertad de expresión y otra para sancionar discursos de odio. Ambas han sido interpretadas como intentos de silenciar críticas legítimas y limitar el debate público, en un país donde la libertad de prensa y de opinión son pilares esenciales de la democracia.
En cuanto al desarrollo, los resultados son igualmente decepcionantes. Las provincias y los municipios siguen sumidos en el abandono. La falta de inversión efectiva en obras públicas y la ausencia de mantenimiento a la infraestructura existente reflejan una gestión que ha privilegiado la imagen sobre la acción concreta. El transporte público continúa siendo caótico, ineficiente y limitado, mientras las partidas presupuestarias no se ejecutan en su totalidad, ni responden a un plan de desarrollo nacional estructurado.
La gestión fiscal también está en entredicho. El Estado no solo enfrenta dificultades para captar impuestos de forma efectiva, sino que tampoco logra invertir de manera transparente y estratégica los recursos disponibles. Esto ha generado un círculo vicioso de endeudamiento, falta de confianza y paralización de proyectos clave.
En el ámbito legal, la situación no es distinta. Medios locales han dicho que la reforma al Código de Trabajo ha provocado fricciones con el sector empresarial, mientras que la propuesta de modificar la Ley de Contrataciones Públicas avanza con apuro y sin los debidos mecanismos de consulta ciudadana. Sin embargo, en medio de este panorama, ha surgido una voz sensata que ha apostado por la participación democrática, me refiero al senador Omar Fernández.
Fernández nos ha dado un vivo ejemplo de madurez al proponer la realización de vistas públicas para socializar los cambios hechos en la Ley de Compras y Contrataciones. Esto daría mayores garantías a quienes impacta este marco legal.
El objetivo del senador es garantizar que los sectores correspondientes sean escuchados y tengan una ley con procedimientos más claros, ágiles y justos. De manera, que la propuesta de socialización representa un respiro democrático en medio de un gobierno cada vez más cerrado a escuchar a la gente.
Finalmente, al evaluar estos cinco años de gestión, el saldo es preocupante; no hay avances estructurales, ni reformas sólidas, ni garantías democráticas robustas. No estamos gobernados por el gobierno del cambio, sino por los NiNi’s – ni democracia, ni desarrollo”.
Lastimosamente, aún restan tres años de administración de los NiNi’s. La pregunta es si decidirán cambiar el rumbo y atender las verdaderas urgencias nacionales o si seguirán profundizando el desencanto y el estancamiento.
POR: GILBERTO BASTARDO