RESUMEN
La reciente decisión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de no ratificar a tres jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha reavivado un debate profundo sobre el régimen de permanencia e inamovilidad de los magistrados del alto tribunal. Surgen preguntas legítimas: ¿Los jueces son designados por un período de 7 años o hasta cumplir los 75 años, edad de retiro obligatorio? ¿La evaluación de desempeño debe ser estrictamente jurídico-técnica o también incluir criterios políticos? ¿Qué estándar debe aplicarse para justificar una “no ratificación” en el marco de dicha evaluación?
En una entrega anterior sobre este mismo tema, expresé —y cito—: “Desde mi perspectiva, los tres magistrados debieron ser ratificados en sus cargos”. Esta afirmación parte de una convicción personal —que reconozco puede estar equivocada—: los jueces de la SCJ deben considerarse inamovibles hasta su retiro obligatorio a los 75 años. La evaluación de desempeño, en mi opinión, debe conjugar lo jurídico-técnico con un criterio político razonable. Sin embargo, la decisión de “no ratificar” a un juez debe estar respaldada por una motivación especial, mientras que la ratificación no requiere el mismo nivel de justificación (véase el caso del magistrado Francisco Ortega Polanco).
Insisto: esta es mi posición personal. Pero he elegido vivir en democracia, lo que implica aceptar y respetar la existencia de otras visiones sobre la naturaleza y funcionamiento de las instituciones democráticas. Entonces, mal podría yo pretender imponer mi perspectiva como la única válida. Por ello, algunos colegas abogados, profesores y mentores —a quienes respeto profundamente— se han sorprendido por mi llamado a respetar al Consejo y sus miembros, y a evitar su desprestigio gratuito. Actitudes como esas solo alimentan la desconfianza en las instituciones públicas y democráticas, y fomentan la desafección política, algo contra lo que lucho activamente.
Si existe un ejército de ciudadanos exigiendo mayor transparencia por parte del CNM, cuenten conmigo. Como ciudadano comprometido, he solicitado en varias ocasiones —amparado en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública— las actas del CNM.
En abril de 2019, durante una sesión del CNM celebrada el día 4, el Consejo decidió —y cito— “… producir una renovación significativa en la composición de la Suprema Corte de Justicia como han demandado múltiples sectores sociales…”, reemplazando así a 9 jueces. En ese proceso, se decidió no ratificar a la honorable magistrada Miriam Germán Brito y otros. La referida acta fue firmada por todos los consejeros, excepto los congresistas de oposición.
Aunque considero que aquella decisión fue improcedente —como ya he señalado—, lo cierto es que la SCJ atravesaba entonces una etapa de profundo desprestigio. Y, para ser justo, la nueva composición resultó ser excelente, quizás la mejor Suprema Corte de nuestra historia. Pero ese análisis lo dejaré para otra ocasión.
¡Ironías de la vida! Los tres jueces que hoy integran el CNM y que votaron —a favor y en contra— de la no ratificación de los jueces la semana pasada, fueron designados como jueces de la SCJ por medio de la tan satanizada acta incomento. Más de uno pensará que, habiendo sido beneficiados por un criterio flexible, no pueden ahora oponerse a su aplicación. Más aun, un honorable magistrado de SCJ que firmó la referida acta está pendiente de evaluación para el próximo año. Como repite e insiste mi profesor Juan Manuel: nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
Cabe destacar que el único que escapa a esta paradoja es el magistrado presidente Luis Henry Molina, quien aspiraba a la presidencia de la SCJ, cargo que estaba disponible tras la decisión del magistrado Mariano Germán Mejía de no continuar.
Lanzo entonces una pregunta para la reflexión: ¿Quiénes son los principales responsables de que un criterio más rígido de inamovilidad judicial no haya echado mayores raíces en nuestra institucionalidad? ¿Los políticos, los jueces, la sociedad civil, la academia? Me despido por ahora, dejando estas interrogantes para una próxima entrega. No sin antes recordar una frase que escuché el primer día de clases en la licenciatura en Derecho: “El interés es la medida de la acción”.
Por: Kelvin W. Herrera.
Correo: kelvinwherrera@gmail.com