Según la Articulo 191 de la Constitución Dominicana, la función esencial del Defensor del Pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en esta Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos. La ley regulará lo relativo a su organización y funcionamiento.
Por tanto, podemos decir que el Defensor del Pueblo es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los habitantes ante abusos que puedan hacer los poderes políticos, en su caso, legislativo de ese mismo Estado. En este sentido se concluye que busca dos objetivos: la buena administración publica y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Una buena Administración pública es aquella que cumple con las funciones que le son propias en democracia. Es decir, una Administración pública que sirve objetivamente a la ciudadanía, que realiza su trabajo con racionalidad, justificando sus actuaciones y que se orienta continuamente al interés general. La buena Administración pública es un derecho de los ciudadanos, nada menos que un derecho fundamental, y, también, un principio de actuación administrativa. Los ciudadanos tienen derecho a exigir determinados patrones o estándares en el funcionamiento de la Administración. Y la Administración está obligada, en toda democracia, a distinguirse en su actuación cotidiana por su servicio objetivo al interés general.
Con este enfoque se convierte el Defensor del Pueblo Es el gendarme por excelencia de la protección y del cumplimiento de los derechos fundamentales que debe garantizar el Estado a los sujetos de esos derechos que son las personas. El Defensor del Pueblo vigila la legalidad de los actos de la administración pública, es decir, que supervisa que los actos de los funcionarios públicos se sometan estrictamente a la Constitución y a las leyes.
El concepto de administración pública es extendido o ampliado, y se entienden como tal, las empresas y entidades privadas que administran y ofrecen servicios públicos, de manera particular los servicios públicos prioritarios. En esta última categoría entran las entidades y corporaciones que suministran servicios en las áreas de educación y salud privadas, electricidad, agua, comunicaciones, (es decir, teléfonos, internet, cable y otros).
El otro objetivo que esta definido como parte del rol del Defensor del Pueblo es la garantía de los Derechos Fundamentales. Estos son aquellas prerrogativas inherentes al ser humano, ya que pertenecen a toda persona en razón de su dignidad. Se encuentran incluidos en la Constitución, se consideran como esenciales en todo sistema político y gozan de un estatus especial en cuanto al sistema de garantías instaurado para su protección.
Se llaman derechos fundamentales, pues al encontrarse establecidos en la Constitución, forman parte del fundamento jurídico y político del Estado, el cual está establecido en el artículo 8 de nuestra Carta Magna. Los derechos fundamentales sirven para poner límites al poder. En otras palabras, la finalidad de estos derechos es impedir los abusos del poder por parte de los titulares de las funciones estatales y particulares.
De manera más específica, el Defensor del Pueblo vigilará que los funcionarios y agentes públicos cumplan con las disposiciones constitucionales, particularmente los inherentes a los derechos fundamentales de la persona, que se encuentran consagrados en Título II, Capítulo I, Secciones I, II, III y IV, Artículos 37 al 67 de la Carta Magna vigente, relativos a los derechos civiles y políticos, a los económicos y sociales, a los culturales y deportivos y a los derechos colectivos y difusos y a los medio ambientales.
En la República Dominicana, el Defensor vigilará que los funcionarios públicos y los agentes que presten servicios públicos cumplan con las disposiciones de la Constitución y las leyes, así como el respeto de convenios, tratados y pactos internacionales que han sido ratificados por el Congreso Nacional dominicano.
En vista de todo esto La Magistratura del Defensor ha planteado (3) tres agendas: Agenda Legislativa, Agenda Institucional y Agenda Organizacional, Dentro de la Propuesta de Valor de la Magistratura del Defensor cada una de estas agendas estas definidas y desarrolladas en su amplitud. Con Líneas acción y Estrategias. A continuación las agendas:
La Agenda Legislativa es la prioridad que se les da a los proyectos de ley que debe debatir y aprobar el Congreso de la República dentro de los términos de la legislatura, que en este caso, comprendeuna readecuacion furto de la Constitucion del 2010. Implica readecuacion de leyes y creacion de nuevas leyes.
La Agenda Institucional reúne los problemas que dependen funcionalmente o por consenso de la competencia de la autoridad publica considerada. Cuando hablamos de formación de la agenda estamos haciendo hincapié en dos cuestiones: a) Que problemas van a ser designados por el gobierno para ser merecedores de una atención especial; y b) Como van a ser definidos tales problemas.
La Agenda Organizacional se refiere a la ordenación racional de los eventos públicos de un actor con poder político. Ordenación que no sólo se refiere a consideraciones temporales, sino al proceso de organizar los actos públicos a través de ejercicios de elección y renuncia realizados a partir de limites variables. Estos limites más adelante se propondrán como las fuentes de o los repertorios disponibles para los eventos de agenda.
La Agenda Organizacional tiene implícita una estrategia de cambio. Cualquier proceso de cambio organizacional, requiere reexaminar cuatro aspectos importantes: a) Los objetivos organizacionales: Empiece por validar los objetivos, replantee si es necesario, todo, teniendo en perspectiva, el mediano y largo plazo.. b) Las funciones del equipo gerencial: Analice los nuevos roles, sepa ¿Que nuevas competencias necesita desarrollar en la organización que estén a tono con la competitividad de su sector?, ¿Qué criterios va a utilizar para evaluar el desempeño como grupo? c) Las políticas y los planes estratégicos: Valide una por una, hay muchas políticas y estrategias que actúan más como barreras, que como fortalezas, recuerde que las estrategias son fruto de procesos mentales exigentes. Recuerde que las políticas y estrategias solo sirven si contribuyen a lograr los objetivos. d) El equipo gerencial: Más que buscar nombres o credenciales, busque talentos capacidades de gestión, convoque a especialistas en este tema para que le ayuden a “cazar” talentos que requiere su proyecto.
La Magistratura del Defensor legitimara socialmente el Órgano Constitucional, sobre la base de su Propuesta de Valor y un equipo de profesionales comprometidos con la Institucionalidad.
Por Pablo Ulloa