La designación de la magistrada Yeni Berenice Reynoso Gómez como titular de la Procuraduría General de la República Dominicana marca un giro en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. Su llegada a la cúspide del Ministerio Público no es solo un relevo burocrático, sino que, conociendo su trayectoria, podríamos anticipar que la justicia dominicana podría estar en la antesala de una etapa crucial de su historia.
Las expectativas sobre su gestión están divididas. Para algunos, representa la esperanza de que los casos de corrupción administrativa y delitos conexos, que han permanecido en una especie de letargo judicial, finalmente lleguen a juicio de fondo y concluyan con las debidas sanciones. Para otros, su nombramiento genera una justificada preocupación, especialmente para aquellos que han sido señalados en expedientes judiciales y han visto en el tiempo y en las maniobras políticas una oportunidad para evadir la justicia. Y para quienes actualmente ocupan funciones públicas e incurren en acciones irregulares, su designación debería ser motivo de alerta.
El doctor Humberto Salazar, en un breve análisis publicado el pasado sábado en su cuenta de X, apunta a dos desafíos fundamentales que enfrenta la nueva procuradora: la continuidad de los casos abiertos y la necesidad de demostrar imparcialidad en los nuevos procesos. Como bien señala Salazar, “las cosas no se van a dejar así, no se van a diluir con el tiempo y se les dará seguimiento”, lo que sugiere que la ciudadanía puede esperar una reactivación de los casos pendientes. Asimismo, advierte que “si la nueva procuradora quiere respeto y credibilidad, debe comenzar a medir a todos con la misma vara y devolver a la justicia la venda de la imparcialidad”.
Es precisamente en este punto donde la gestión de Yeni Berenice Reynoso Gómez enfrentará su mayor reto. Hasta ahora, ha sido evidente que la pasada dirección del Ministerio Público concentró sus esfuerzos en hechos ocurridos bajo administraciones anteriores, lo que, independientemente de la culpabilidad o inocencia de los imputados, ha generado la percepción de una justicia selectiva. Sin embargo, la corrupción no tiene un solo color político. Existen denuncias sobre irregularidades en la actual administración, especialmente en procesos de compras y contrataciones públicas, que hasta el momento no han recibido el mismo nivel de atención judicial.
En los círculos políticos y tertulias se comenta que a esto se suma un problema aún más grave: “los actos dolosos que se estarían produciendo dentro de las instituciones públicas, especialmente aquellas encargadas de servicios sociales y agencias recaudadoras del Estado”. Irregularidades que no han salido a la luz pública debido a estrategias de manejo de imagen y marketing político que buscan minimizar el impacto de las denuncias. Sin embargo, una vez se produzcan los relevos institucionales dentro de los plazos legales, es muy probable que muchas de estas acciones sean llevadas ante la justicia.
En ese sentido, la sociedad debe mantenerse vigilante, ya que en algunos casos se podría intentar recurrir a la prescripción contemplada en el Código Procesal Penal como una vía para evadir consecuencias penales. Según el artículo 45: “La acción penal prescribe: 1) Al vencimiento de un plazo igual al máximo de la pena, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad, sin que en ningún caso este plazo pueda exceder de diez años ni ser inferior a tres”. En cuanto a la suspensión, el artículo 48 señala: “El cómputo de la prescripción se suspende: 2) En las infracciones cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio del cargo o en ocasión de él, mientras sigan desempeñando la función pública y no se les haya iniciado el proceso”. Esto implica que una vez concluya su mandato, un funcionario podría ser sometido a la justicia sin que su caso haya prescrito.
El gran reto de la nueva procuradora será, entonces, garantizar que la justicia no solo tenga los ojos vendados, sino que también sea vista como imparcial por la ciudadanía. Su prestigio como fiscal agresiva y determinada la precede, pero ahora su desafío es aún mayor: debe ejercer su rol sin responder a presiones políticas, equilibrar la balanza y demostrar que en República Dominicana la ley se aplica igual para todos, sin distinción.
Es momento de que el país vea resultados concretos, no solo espectáculos mediáticos ni expedientes que terminan en el olvido. Yeni Berenice Reynoso Gómez tiene en sus manos la oportunidad de marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción. La pregunta que muchos se hacen es: ¿tendrá la independencia y la determinación necesarias para hacerlo?
Por: José Peña Santana.