RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El titular de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, sostuvo este viernes que no existe fundamento jurídico para que el tribunal acoja los incidentes promovidos por los abogados defensores, entre ellos declarar la acusación inadmisible, en el proceso que involucra a varios exfuncionarios acusados de integrar una presunta red de corrupción contra el Estado.
Camacho afirmó que las defensas se han limitado a presentar opiniones sin responder a los hechos planteados por el Ministerio Público durante el conocimiento del proceso preliminar en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
“Las defensas, dentro y fuera del tribunal, se han limitado a presentar opiniones. Una opinión la puede tener cualquiera, pero los hechos no. Los hechos son objetivos y verificables”, expresó el funcionario.
El director de Persecución enfatizó que, de acuerdo con la acusación, existen evidencias de que en el año 2019 se realizó una reunión en el Palacio Nacional, en la que presuntamente se ordenó buscar fondos y se habría creado un lugar para la recepción de esos recursos conocido como “La Casita”, ubicado en el sector Bella Vista.
Explicó que el expediente contiene declaraciones y evidencias documentales relacionadas con pagos millonarios vinculados al presunto esquema de corrupción investigado.
En ese contexto, señaló que el empresario Bolívar Ventura habría reconocido haber entregado más de 1,200 millones de pesos, lo que forma parte de las pruebas presentadas por el órgano acusador dentro del proceso.
Camacho agregó que también figuran como testigos personas que habrían sido utilizadas para poner en funcionamiento un programa mediante el cual se distribuían sobornos vinculados al sector de los juegos de azar, además de documentación relacionada con los procesos de pago investigados.
“El tribunal no falla en base a opiniones, falla en base a los hechos y a las pruebas presentadas con relación a esos hechos. Este es un caso en el que las pruebas son sobreabundantes y evidentes”, sostuvo Camacho.
Reiteró que, a su juicio, los elementos de prueba presentados evidencian la necesidad de que el proceso avance a la siguiente etapa judicial para que los hechos puedan ser debatidos en un juicio de fondo.
La acusación en este caso sostiene que varios exfuncionarios y particulares habrían conformado una estructura para defraudar al Estado dominicano mediante pagos irregulares, sobornos y el uso de documentación falsa para justificar millonarias erogaciones de fondos públicos.
Según el expediente acusatorio, el entramado habría operado a través de instituciones estatales y habría beneficiado a diversos implicados, entre ellos los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, quienes son señalados de participar en un esquema que presuntamente provocó un perjuicio económico significativo al Estado.
