RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.–El titular de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró este jueves que cada peso pagado en sobornos está debidamente probado ante el juez en el caso de corrupción que involucra a una red de militares y civiles acusados de manipular procesos de licitaciones para obtener contratos de seguridad en diversas instituciones públicas.
Camacho afirmó que las pruebas presentadas ante el tribunal son contundentes e irrefutables, sustentadas en documentos contables provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), así como en transacciones financieras debidamente registradas que demuestran cómo se distribuyeron los sobornos entre los implicados.
“Cada una de las personas imputadas tiene registrado el pago que recibió. Hay un hecho fundamental: las transferencias fueron realizadas por Quilvio Rodríguez desde su empresa, directamente a los encargados de seguridad de las instituciones públicas. ¿Cómo obtuvo Rodríguez las cuentas de estas personas? Ellos mismos se las entregaron durante reuniones donde coordinaron la distribución del dinero ilícito”, detalló.
El procurador resaltó que el proceso investigativo ha sido sólido desde el inicio y que así lo demuestra el hecho de que cinco de los diez imputados, es decir, el 50 % haya admitido los hechos ante el juzgado.
“Esto refleja la fortaleza de la investigación y sustenta nuestra solicitud de arresto domiciliario para quienes colaboraron y prisión preventiva para los demás”, sostuvo.
Sobre los cinco imputados que admitieron los hechos, el procurador señaló que estos, además de asumir su responsabilidad, ofrecieron ante el tribunal una descripción clara del mecanismo utilizado para recibir los pagos ilegales, lo que refuerza aún más la teoría del caso construida por el Ministerio Público.
“Nuestra posición ha sido coherente en todos los procesos. Las personas que colaboran con el sistema de justicia deben recibir un tratamiento diferente. Están bajo menos riesgo de evadir el proceso judicial y su cooperación es esencial para el esclarecimiento total del caso”, afirmó.
Wilson Camacho destacó que este es un proceso sin precedentes, en el que están claramente identificados todos los actores de la cadena de corrupción: “Tenemos a los sobornantes, los sobornados y los intermediarios. Pocas veces se logra desmantelar una estructura con este nivel de detalle. Ahora corresponde al sistema judicial actuar con firmeza, especialmente frente a quienes han decidido no colaborar con la justicia”, concluyó.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, fijó para mañana jueves a las 6:00 p.m. su decisión sobre la coerción a los diez acusados.
Los involucrados supuestamente afectaron importantes instituciones del Estado: El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
La investigación fue liderada por la Dirección General de Persecución y la Pepca, y se inició a raíz de una denuncia formal enviada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.
Los acusados que no llegaron a acuerdos, para los que solicitan prisión preventiva, el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles del Ejército Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez, así como el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Asimismo, se declararon culpables Quilvio Bienvenido González, propietario de la empresa utilizada para obtener los contratos de seguridad figura entre los implicados, junto al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal. También están el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el coronel de la Fuerza Aérea, Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de Edenorte; y el coronel de la Policía Nacional y Ramón Quezada Ortiz se declararon culpable y la petición del órgano acusador es arresto domiciliario.
También están involucradas las razones sociales El Niño Prodigio EIRL, Safeco Corredores y Consultores de Seguros SRL, Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL, así como las personas físicas Wellington Peralta Santos y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, quienes figuran como imputados en el proceso.
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a los artículos 177, 178, 179 párrafo, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano. Asimismo, se les imputa la violación del artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, que prohíbe expresamente la corrupción administrativa.
En cuanto al delito de lavado de activos, las acusaciones se fundamentan en los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 4, numeral 8; y artículo 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
