EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un grupo de activistas protestaron este jueves frente al Congreso Nacional para exigir que sean incluidas en el Código Penal las tres causales del aborto, asegurando que dejarlas fuera es atentar contra los derechos de las mujeres y niñas.
Bajo la consigna de que quieren «un Código Penal que respete a las mujeres» la coalición advirtió que si los legisladores no atienden sus demandas se lanzarán a las calles hasta que se les garantice que sus derechos serán protegidos.
Agregaron que esta pieza que hoy los senadores se abocan a aprobar en primera lectura representa un retroceso para el país porque no solo violenta los derechos fundamentales de las mujeres al obligarlas a continuar con un embarazo inviable o producto de una violación, sino que es garantista de la impunidad.
Las feministas abogan para que en la nueva normativa se despenalice el aborto en circunstancias excepcionales que son cuando este sea consecuencia de una violación o incesto; cuando la vida de la madre este en peligro o cuando este sea incompatible con la vida.
La activista Natalia Mármol, manifestó que aprobar un Código Penal tal y como está es retroceder a la época de las cavernas.
Mármol subrayó que esta iniciativa «abandona a las mujeres; garantiza prescripción para la violencia de género, sexual, reduciendo las penas para las agresiones a niños y niñas, creando tribunales especiales para que los militares se juzguen entre ellos».
Asimismo, señaló que la normativa legislativa busca garantizarle impunidad al Estado, las iglesias y los ayuntamientos.
De su lado, Lucenaida Mejía, expresó su rechazo de manera categórica la exclusión de las causales amenazando de esa manera derechos fundamentales especialmente de las mujeres más vulnerables.
«La única alternativa que tenemos las mujeres es coger las calles, romper cercos, cruzar vallas y obligar a que los derechos de las mujeres sean respetados,» añadió.
Las manifestantes le recordaron al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) que no solo tiene mayoría calificada para aprobar cualquier ley orgánica sin el apoyo de la oposición, sino también que darle al país un Código Penal garantista de derechos fue una promesa desde antes de llegar al poder.
