EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado de la familia Tremols-Payero, Miguel Valerio, dijo este martes que esperan a que la Corte de Apelación acoja su petición de revocar la prisión domiciliaria a favor de sus clientes, acusados de un fraude por RD$4,127.5 millones contra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por considerar que este caso es sólo un “expediente flojo”.
“Nosotros entendíamos que por lo flojo que está este expediente, debieron de dar libertad pura y simple, un expediente que se basa en conjeturas. Ya la Dirección General de Impuestos Internos reconoció que no había falsedad de alcohol. Lo reconoció inmediatamente porque eso era una locura”, alegó Valerio, al ser abordado por periodistas durante la audiencia celebrada en la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El representante legal de la familia Tremols-Payero agregó que investigarán una supuesta campaña publicitaria mediática sobre el expediente por parte de la DGII.
Valerio indicó que la audiencia celebrada el día de hoy fue aplazada debido a que el expediente, que alegadamente consta de más de mil páginas, no pudo ser leído en su totalidad, así como para que razón por la cual la audiencia será celebrada el lunes 21 de mayo a las 10:00 de la mañana.
De su parte el abogado Manuel Núñez informó los imputados estarán listos el lunes para conocer acusación, la cual fue aplazada para que uno de los abogados de la parte demandada conozca el expediente.
Por el caso 9 miembros de la familia Tremols-Payero están acusados de fraude por RD$4, 127.5 millones contra la Dirección General de Impuestos Internos por evasión al pago de impuestos.
Antecedentes
Valiéndose de reportes de compras ficticias a empresas inactivas o sin estructura para realizar ventas millonarias, entre 2012 y 2017 el Grupo Tremols habría defraudado al Estado por un monto de RD$4,127.5 millones, que se elevan a RD$9,321.7 millones si se suman recargos e intereses, según la querella.
Las autoridades tributarias determinaron que eran compras ficticias que tenían como propósito deducir esos gastos de la renta neta imponible y de esta manera dejar de pagar los impuestos correspondientes, para lo cual utilizaban facturas con Números de Comprobantes Fiscales (NCF).
