EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador peledeísta por Elías Piña, Yván Lorenzo, aseguró este miércoles que se siente preocupado por la vida de los altos dirigentes políticos que están presos en la Operación Calamar y externó su preocupación al respecto.
El también vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado, dijo que tiene la información de que la vida de varios compañeros corre peligro, como son el excandidato presidencial y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, y el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
“Hemos venido a ver a los compañeros que están recluidos aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, porque su vida corre peligro y son presos de Luis Abinader, el mandatario ha instruido que no nos permitan verlos”, explicó el congresista.
Lorenzo acusó al gobernante de la República de ser el responsable de la vida de todos y cada uno de los imputados.
“Los tienen secuestrados, la familia nos informó que la vida de ellos corre peligro, vinimos y no nos permiten verlos, quiero decirle al país que Abinader es el responsable”, consideró.
Al dar la espalda a la prensa, susurró que hay uno de los imputados que se encuentra en un estado de salud delicado, sin dar el nombre de quién se trata.
La audiencia del Calamar
La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, conocerá la medida de coerción contra el grupo de implicados que hasta el momento hay 22, este domingo.
Para el grupo, el Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva y la declaración de caso complejo, por la cantidad de dinero sustraído del erario.
Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público, catalogó el caso como «criminalidad organizada» a unos altos estándares que no tiene comparación con ninguno de la región.
Contra el grupo el órgano persecutor ha levantado cargos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
