EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El contador público y especialista en auditoría financiera, Yván Lenin Rosario, consideró este martes que en el país se ha instaurado una idea errada sobre la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, donde se piensa que donde interviene el ente regulador es porque hay algo irregular o una debilidad que se traduce en una sustracción o un desvío de fondos, sin embargo, aseguró que es todo lo contrario.
“Cada vez que la Cámara de Cuentas interviene o hace un examen del manejo y uso de los fondos del Estado que se ha puesto a su disposición, no es con la intención de buscar cosas que no están tipificadas conforme a la ley”, afirmó.
Asimismo, indicó que el alcance del ente regulador llega hasta remitir informes al Ministerio Público, por haber encontrado hallazgos en una determinada auditoría que violen la Ley 10-04 por la que se rige y por los que un auditor puede ser pasible de ser llevado a la justicia.
Rosario fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Julia Muñiz y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
(Ver entrevista).
También, el contador aprovechó para felicitar a la clase auditora del país, a la que consideró que se le debe mayor peso de opinión y atención, porque en los casos de corrupción administrativa que están siendo conocidos se han formulado expedientes con muy buen respaldo de documentación.
“Ese Ministerio Público ha sido eficiente en los hallazgos, que asumo debieron ser informados a través de la unidad rectora o responsable de informar a las unidades competentes”, destacó.
Avances en materia de auditoría
Durante la entrevista Rosario subrayó, que la Cámara de Cuentas es responsable de fiscalizar en materia de control externo todos los fondos que provienen del presupuesto nacional, sin embargo, no sería el único órgano que lleva ese proceso.
Consideró que el país está muy avanzado en este aspecto, porque tiene una auditoría social que se mantiene fiscalizando cómo los administradores del Estado están ejecutando el presupuesto, que tiene que ir conforme a un plan operativo anual que debe tener cada institución pública.
“Hemos visto en los últimos años prácticamente una ofensiva contra los procesos de Contrataciones, que como bien ustedes saben la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación 543-12, son las que prácticamente fundamentan todas las compras y adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios”, agregó.
