RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La abogada ambientalista Giselle Pérez destacó este viernes que República Dominicana cuenta con una nueva Ley de Residuos Sólidos que beneficiará en distintas formas al territorio nacional, entre ellas con los distintos incentivos que trae la legislación y consideró que hacia esa dirección es que se deben mover los dominicanos y vender el país no solo como destino turístico, sino como una posibilidad de negocio en lo que es la gestión “correcta” de residuo sólidos.
“Se van a estar manejando instrumentos financieros como son los bonos verdes, también incentivos para proyectos que se dediquen a la transformación de residuos, también va a poder recibir exoneración de impuestos sobre la renta, exoneración para importar los equipos necesarios para este tipo de actividad”, agregó.
Pérez emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Enrique Mota y Cristal Acevedo, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
(Ver entrevista a partir del minuto 1:14:20).
En tal sentido, contó que en estos momentos se encuentra trabajando en un proyecto que pretende utilizar los residuos sólidos como la biomasa, cuya iniciativa es promovida por la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos número 225-20, la cual ha sido un “gran logro” en materia legislativa.
“Va a ser algo sumamente novedoso en el país, solamente la Ley de Energía Renovable había sido la legislación que regulaba este tipo de proyecto, pero ahora contamos con esta nueva ley que pretende disminuir y fomentar el aprovechamiento de lo que son los residuos sólidos”, expresó.
Resaltó que dentro de los incentivos que trae la legislación al país, se encuentran las inversiones y la recuperación de vertederos, los que hasta ahora “han sido un dolor de cabeza” para la República Dominicana.
“Hasta la fecha hemos tenido un desastre en lo que es la gestión de estos vertederos y la idea es que estos fondos que se van a captar a través del fideicomiso que se está creando, y que la propia ley de hecho lo dejó creado, sean destinados a lo que es la recuperación de estos vertederos”, expuso.
Explicó que el dinero del fideicomiso entraría de los pagos de impuestos que estarán pagando los empresarios, y adicional a ello, se va a estar recaudando fondos de terceros que quieran aportar.
Barcaza y granceras
Al hablar específicamente sobre la barcaza en el río Ozama y las granceras, la abogada indicó que la Ley General sobre Medio Ambiente, número 64-00 establece los procedimientos de evaluación ambiental que debe agotar el órgano rector en este aspecto para determinar el impacto que actividades como la extracción de minerales pueden causar.
“Yo quiero imaginar que ese proceso se cumplió y que estos impactos fueron evaluados, y que luego de haber sido evaluados fueron permitidos y autorizados”, manifestó.
Responsabilidad civil
Tras ser preguntada sobre cuál es la cuota de responsabilidad que tiene el ciudadano en la solución de estos problemas, Pérez puntualizó que toda la actividad humana tiene un impacto sobre el medio ambiente, el que puede ser positivo o negativo, y en el caso de que no sea favorable, dijo que hay un régimen de responsabilidad que puede ser aplicado, tanto administrativo, civil, como penal.
Consideró también que en este aspecto debe darse una combinación entre concientizar y hacer entender a los ciudadanos que el peso de la ley existe y que puede haber un régimen de responsabilidad que puede ser aplicado a ellos.
Ruido
Ante el planteamiento de que no se ve en la ciudad de Santo Domingo una iniciativa contra el ruido, la ambientalista mencionó que existe una norma que regula todo tipo de ruido, y en base a ella las autoridades deben estar trabajando.
En ese sentido, dijo que “sí se nota el trabajo que realiza la fiscalía” en cuanto a los establecimientos comerciales que suelen poner música a decibeles no permitidos por la normativa.
“Ellos sí tienen la regulación en base a cual pueden actuar y por ejemplo, en el caso de las industrias o del proceso constructivo que causa mucho ruido, sí se regula, es tanto así que estás empresas deben suministrar al Ministerio de Medio Ambiente estudios de ruido y otros, para poder evidenciar que están en cumplimiento de la normativa”, detalló.
Pérez añadió que el país cuenta con una legislación ambiental “muy rica”, sin embargo, consideró que hace falta que se aplique un régimen de responsabilidad de manera adecuada, así como que se inviertan los recursos que son recaudados por el citado Ministerio en la fiscalización de las distintas problemáticas.
