RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Heidi Mariela, señalada por el Ministerio Público como parte de la presunta red de corrupción que operó en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), se entregó este lunes en la Procuraduría General de la República para responder por las acusaciones en su contra. Con su entrega, ya son 10 los implicados en manos de las autoridades.
Su entrega se produce tras un intenso fin de semana en el que el Ministerio Público arrestó al exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, y a otras personas imputadas de defraudar a la institución con miles de millones de pesos. Según la Procuraduría, este entramado habría operado mediante contratos irregulares, sobornos, falsificación de documentos y maniobras que afectaron el patrimonio público destinado a la salud.
Horas antes de la entrega de Heidi Mariela, las autoridades también habían arrestado a otra mujer identificada como Yovanna, mientras el Ministerio Público confirmó que más personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación y podrían ser judicializadas conforme avancen las indagaciones en la Operación Cobra.
En total, la operación incluyó 12 allanamientos que llevaron al arresto de Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, además del exdirector Hazim. Solo en este despliegue participaron 25 fiscales y más de 200 agentes policiales, según informó la institución.
De acuerdo con el Ministerio Público, la Operación Cobra ha permitido recopilar evidencia de un esquema de corrupción que habría funcionado desde la propia Dirección Ejecutiva del SeNaSa, bajo el mando de Hazim, en coalición con otros funcionarios y prestadores de servicios de salud. Las autoridades describen el entramado como una “asociación criminal” que operó a gran escala y que afectó directamente el derecho constitucional a la salud.
En las próximas horas, se espera que la Procuraduría deposite la solicitud de medidas de coerción contra los detenidos, para lo cual tiene un plazo legal de 48 horas. Mientras esto ocurre, familiares y abogados continúan visitando el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanecen recluidos los implicados y donde se instalaron insumos y colchones para su permanencia temporal.
El Ministerio Público ha reiterado que la Operación Cobra “llegará hasta las últimas consecuencias” y que, además de las sanciones penales, buscará el decomiso de los fondos sustraídos.
Ver esta publicación en Instagram
