RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, manifestó esté miércoles que la ejecución de obras de bienes y servicios sin tener presupuesto fue una de las principales actividades que generaron alta corrupción en el Gobierno pasado, porque se generaban deudas administrativas que eran saldadas en los siguientes años bajo el concepto de deudas por pagar.
“Es decir, deudas totalmente ilegales que se hacían para que después se pagaran como cuentas por pagar en el año siguiente, es decir, se compraban equipos médicos, 2,400 millones de pesos de equipos médicos, no estaban presupuestados, se recibieron en el año 2019 y esos 2,400 millones de pesos se pasaron como deuda para el año 2020, eso con nosotros se terminó”, expuso.
Indicó que para el año 2011 la deuda administrativa del Gobierno dominicano llegaba a 1,040 millones de pesos y para el año 2020 ese déficit rondaba los 62 mil millones de pesos.
El director de Presupuesto fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Julia Muñiz y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario, previo a girar una visita de cortesía a Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.
(Ver programa).
“En nuestra gestión ningún funcionario puede generar una deuda administrativa, porque colocamos en la Ley de Presupuesto un artículo, el que genera deuda administrativa lo paga con su patrimonio y el garante de eso es el presidente de la República, entonces nadie se atreve a ejecutar una obra si no tiene la certificación de apropiación de fondo dada por la Dirección General de Presupuesto”, aseguró.
También apuntó que las obras que oferta el presidente Luis Abinader son necesariamente contenidas en el presupuesto para su ejecución, y en ese sentido expuso que el mandatario en el mes de julio se comprometió a terminar el acueducto de Jima, La Vega, e inmediatamente hicieron una reformulación para incluir el proyecto.
“Todas las obras tienen un sistema de plurianualidad, es decir muchas veces se anuncia una obra que vale mil 200 millones de pesos, pero que para el inicio a penas se necesita el 20% porque la ley establece que para iniciar una obra se necesita hasta el 20 % para que arranque, pero lo otro se distribuye en la plurianualidad de los años siguientes”, subrayó.
Censo
El funcionario manifestó que existe la voluntad de que “real y efectivamente sepamos cuántos somos”, y consideró que los más interesados en que se realice el censo en el territorio nacional son los ayuntamientos, ya que la proporción de recursos que se le asigna está en función del porcentaje que representan, según el empadronamiento del año 2010.
En ese sentido, dijo que hay una cantidad de ayuntamientos, cuya asignación de recursos no se corresponde con la cantidad de habitantes que actualmente tienen, como sería el caso del municipio de Santo Domingo Este.
También dijo que la realización del X Censo Nacional de Población y Vivienda que pretende llevar a cabo esta administración, del 10 al 23 de noviembre, es un mandato de ley y de convenios internacionales, por lo que tampoco le dan importancia al debate que se ha suscitado en torno al proyecto.
“Sí es mucha la previsión de los recursos necesarios. Este año la totalidad de recursos serán de 3,660 millones de pesos, para el año que viene entonces hay una partida considerable también para poder hacer ya la consolidación de todas las informaciones, es decir, que desde el punto de vista financiero, para lograr esa meta que se ha propuesto el gobierno como mandato de ley ha sido más que suficiente y estamos preparados”, acotó.
Preciso que el censo es el mejor instrumento para un desarrollo de políticas públicas y para saber si se lograrán alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030, y quien se opone a eso no es político ni tiene sentido de humanidad tampoco.
