EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Un grupo de panelistas coincidieron la noche de este jueves en que, para su firma y posterior efectividad, el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, desde el punto de vista social, debe contener, entre otros aspectos, transparencia en todos sus procesos, políticas públicas, un plan de expansión, régimen tarifario, así como costos mínimos que garanticen el beneficio de los usuarios.
Fernando A. Peña, coordinador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), dijo que la sociedad civil exige con este pacto transparentar el negocio, sanear el sistema, construir uno nuevo con energía de calidad y barata para los ciudadanos.
Durante un “Conservatorio sobre el Pacto Eléctrico” realizado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), Peña enfatizó que todo el sistema de propiedad el sistema eléctrico se debe garantizar bajo la hegemonía estatal, que se establezca a contraloría social en las empresas públicas que tiene que ver con el sector y régimen.
Asimismo, Guadalupe Valdéz, exdiputada y economista, dijo que el Estado y sus instituciones tienen que pensar en el bien colectivo. “No se puede especular en algunos sectores capitalistas que quieren enriquecerse a costa del tema, por esto el Pacto Eléctrico de contener políticas público estatal, garantizar que la energía sirva para el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los usuarios».
Agregó que “el pacto necesita institucionalidad, procesos participativos, tiene que darse sobre una base de metodología, un acuerdo de las fuerzas vivas, una visión de sociedad y justicia económica”.
En ese orden, José Luis Moreno, ingeniero electromecánico y director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), explicó, en armonía con sus homólogos, que el Pacto Eléctrico urge de un plan de expansión, costos mínimos, régimen tarifario transparente, que se puedan auditar los costos de producción de las empresas generadoras públicas y privadas, para que se pueda establecer el orden mencionado, y que realmente vayan en beneficio del consumidor.
“No se compensa la energía no servida, la calidad de la energía… Por eso firmar un pacto que contenga todos esos elementos no va a resolver el problema, y tendremos que volver a hacer otro por haber aceptado un modelo deficiente”, sostuvo el ingeniero.
Ademá, Peña también aseguró que al final del pacto “tendremos energía de calidad”, al tiempo que lamentó que las autoridades anteriores que estaban analizando el tratado no estaban tomando en cuenta la transparencia y el compromiso para el régimen de consecuencia.
En otro orden, Valdéz dijo que para llegar a consenso, la firma debe reflejar cómo avanzará el cambio en la matriz energética, para un buen suministro.
Sugirió que la economía del país no puede continuar alimentándose de energías fósiles, sino que debe buscar otras alternativas, puesto a que aseveró que estas dañan el medio ambiente, provocan el conocido calentamiento global que está generando otros tipos de desastres naturales, como terremotos, sequias, inundaciones, entre otros.
Subrayó que la ciudadanía debe estar informada de porqué se plantean estos aspectos, y en qué les beneficia.
Este conversatorio fue organizado y auspiciado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD) y El Nuevo Diario. La moderación de la sección sobre el Pacto Eléctrico estuvo a cargo de Pascal Peña-Pérez, director del CODESSD Academy.
Se recuerda que el Pacto Eléctrico “debe ser discutido, conocido, modificado, aprobado o desaprobado con los nuevos integrantes del Pleno del Consejo Económico y Social de la República Dominicana, tal como lo establece la Ley 142-15 y el Reglamento 291-20”, dijo Jonathan Cabrera, presidente del CODESSD.
La institución justifica su solicitud, además, en virtud de que la coyuntura económica del país cambió a raíz de la pandemia del coronavirus, según dijo Cabrera.
“El contexto actual y el pasado no es el mismo”, señaló, al tiempo de recordar que en la anterior directiva del CES “no hubo consenso pleno” sobre el pacto y que el propio Partido Revolucionario Moderno (PRM), entonces en la oposición, hizo diversos señalamientos sobre la iniciativa.
Para Cabrera, “es muy importante” que en las nuevas discusiones “se sincere el costo (de la energía) para los hogares y que no se siga penalizando a las Mipymes”, un sector que será vital para la recuperación económica tras la pandemia, opinó.
El pasado 6 de enero, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, informó de que el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico se firmará a finales de enero, aunque aclaró que la última palabra la tiene el CES, en el que convergen distintos sectores.
