EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público depositó este lunes la solicitud de medida de coerción contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero y otras 19 personas más imputadas en Operación Calamar.
Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de la Persecución y Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que en esa solicitud de coerción pidió que se declarado el caso complejo.
“Este proceso se ha desarrollado con una investigación que ha asumido altos estándares internacionales en todo lo que ha sido en la recolección de las pruebas”, manifestó la magistrada.
En ese sentido, destacó que poseen más de 1,200 elementos de pruebas depositados y una medida de coerción que tiene más de 3 mil páginas, que establece la sustracción de dinero del Estado que supera lo más de 17 mil millones de pesos.
“Estamos listos para el conocimiento de la medida, una vez el tribunal fije la audiencia”, declaró.
Ortiz expresó que están solicitando la prisión preventiva, por considerar que el caso conlleva por el alcance del entramado, advirtiendo que las investigaciones apenas comienzan.
“El juego de los primeros arrestos siempre puede tener nuevas líneas y nuevas personas involucradas”, vaticinó la fiscal.
En el caso figuran el exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo y el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
También el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
La imputación preliminar del órgano persecutor en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
