EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario de la filial del Distrito Nacional del Colegio de Abogados de la República, solicitó este lunes a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, no aprobar el proyecto que crea el Colegio de Abogados, debido a supuestos graves errores, especialmente, en los artículos 101, 102,103, 121,122, los cuáles castigan severamente a los abogados.
Eric Cornielle solicitó en nombre del gremio a los diputados acoger su petición de modificar el contenido de la ley, a fin de corregir los visos que ponen en peligro a “todos los abogados, siendo los más perjudicados los de escasos recursos económicos”.
El jurista explicó que el artículo 121 castiga con penas de tres años de cárcel a los abogados que ejerzan sus funciones sin ser abogados y para los suspendidos.
Sin embargo, agregó que los artículos 101 al 103 establecen que si un abogado no ha pagado su cuota en el plazo de tres meses queda suspendido y en consecuencia cuando se presente a un tribunal puede ser apresado y procesado, corriendo el riesgo de ser condenado a tres años de cárcel puede quedaría tipificado el crimen de usurpación de funciones.
Sugieren una modificación para que se establezca que los suspendidos por falta de pago no corran la misma suerte de los suspendidos por ser condenados y que ejerzan sus funciones sin estar previsto de su carnet, aclarando que la situación de los que ejercen siendo abogados ya, pero que aún no le ha salido el carnet, pero ya graduados y solo esperan ser provisto de dicha credencial, en franca violación a nuestra Constitución.
Otro tema calificado de irregular en la ley crea el Colegio de Abogados es, según Corniel, la suspensión por condena del artículo 103, la cual “no está claro”, pues dice que los abogados condenados serán suspendidos, pero ese artículo no hace diferencia ni siquiera, de una condena de tránsito o una condena grave, es decir las enmarca todas en conjunto, y si un abogado es difamado y va a prisión, además de ser condenado injustamente no podrá ejercer la carrera.
De su lado, Harold Echavarría denunció que la implementación de un sistema de barra para poder subir al estrado, es inconstitucional, ya que establece que solo pueden litigar aquellos que tengan especialidad o maestría en el área específica que litiga, limitando el libre ejercicio de la profesión y peor aún aquellos que viven de los litigios pero no disponen de los fondos para solventar estudios de especialización, serán excluidos de manera discriminatoria, si se aplican las previsiones del artículo 87 del proyecto de ley.
