RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Gregorio Domínguez Domínguez, quien es acusado de desalojo ilegal de unos terrenos en Punta Rucia, La Ensenada, Puerto Plata, acudió este viernes a la Suprema Corte de Justicia por segunda ocasión, al juicio preliminar que se conoce en su contra.
La jueza de la Segunda Sala Civil, Vanessa Acosta, se reservó la lectura del fallo para el martes 22 del mes en curso a las 2:00 pm.
De acuerdo a la defensa del diputado por la provincia de Santiago, el día que la supuesta víctima, Lucila Nelly Capellán, fue desalojada de su propiedad por un grupo de personas supuestamente empleadas por el legislador, este se encontraba en campaña política.
Por tal razón, pidieron a la magistrada Vanessa Acosta de la jurisdicción privilegiada que dicte un auto de no ha lugar, puesto que no existe validez que su defendido haya cometido los hechos que se le imputan.
En los alegatos de la defensa de Domínguez, solicitaron a la magistrada, si apertura a juicio de fondo, que tome en consideración todas las pruebas que se presentaron.
En tanto, el abogado de la víctima, Amadeo Peralta sostuvo durante la audiencia que los argumentos de la defensa del diputado carece de fundamentos, puesto que su cliente terminó de pagar la propiedad en el 2016, mientras que Domínguez adquirió los terrenos en 2017.
Asimismo, Peralta informó en la audiencia que en el levantamiento que hizo el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), estableció que la construcción de Capellán estaba avanzada.
El Ministerio Público (MP) pidió medida de coerción contra el diputado, además de dictar admisible la querella.
“Esta lloviendo sobre mojado, estamos convencidos que la acusación pública es la idónea”, dijeron los representantes del MP en la audiencia.
En ese sentido, también pidieron a la jueza excluir las pruebas de fotografías, testigos idóneos, por carecer de los requisitos para hacer acreditada en el juicio, inspección de mapeo, por considerar que son demostraciones impertinentes por parte de la barra de defensa del diputado.
La jueza, Acosta le dio la palabra a la querellante y esta lo único que pidió es que en el caso se haga justicia, al tiempo que alegó que en 17 de Mayo del 2020 existía tres construcciones que el Domínguez supuestamente mandó a destruir.
Tras culminar la audiencia
A la salida de la sala, uno de los defensores del diputado, Francisco Hernández manifestó que todo se ha tratado de un engaño y un montaje en contra de Domínguez.
“Es tanto así que el Ministerio Público en su estado de nerviosismo se atrevió a pedir que excluyeran nuestras pruebas, cuando las verdaderas pruebas ilegales son las de ellos”, agregó el jurista.
Asimismo, precisó que la decisión más sana es un auto de no ha lugar, no solo porque el ciudadano Domínguez Domínguez no estuvo presente en el lugar de los hechos, sino porque esa construcción nunca existió.
En tanto, que el diputado declaró que tomará acciones legales en contra de la demandante.
“Somos inocentes de lo que se nos acusa, por eso iniciaremos un proceso legal en contra de personas que han falsificados documentos”, expresó Domínguez.
Peralta indicó qué hay pruebas precisas de los atropellos cometidos por el legislador, quien demolió varias viviendas.
“Esperamos que el tribunal tome la decisión correcta. Nosotros le imputamos al legislador violación 396 de fuerza pública, violación de propiedad privada y asociación de malhechores”, expresó el defensor de la parte querellante.
En la audiencia, la cual se prolongó por más de cinco horas asistieron un grupo de querellantes, quienes a la salida de la sala vociferaron distintos tipos de improperios al diputado, acusándolo de asociación de delincuentes.
