EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La jueza Kenya Romero informó este lunes que se retira a deliberar hasta este martes para decidir las medidas de coerción que impondría a los 20 implicados en el caso de supuesta corrupción denominado Calamar, en el que están envueltos tres exministros.
Al salir de la audiencia, varios abogados comunicaron lo establecido por la jueza, quien subirá a estrado a las 10:00 a.m. de este martes para imponer las medidas de coerción a los encartados.
Los juristas explicaron que las medidas más fuertes serán impuestas a seis señalados en el caso, ya que fueron los que no arribaron a ningún acuerdo de colaboración con el Ministerio Público para obtener medidas menos gravosas.
Al respecto, el abogado Manuel Martínez Acevedo calificó como «altamente preocupante» que el Ministerio Público acuerde medidas más leves a otros imputados basados en negociaciones con otros encartados del mismo caso y agregó que tal acción atenta contra la institucionalidad.
«La mayoría de imputados que se le dictará medidas de coerción son producto de acusaciones de delatores», lamentó el jurista al decir que «los delincuentes delatores» no tienen capacidad para sustentar acusaciones.
Entre los acusados que podrían tener prisión preventiva están los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, además de otros exfuncionarios que negaron las imputaciones del Ministerio Público y rechazaron los acuerdos judiciales.
En las maratónicas audiencias, que sumaron cinco, 14 involucrados en el caso decidieron colaborar con el Ministerio Público entregando información sobre el entramado de supuesta corrupción, por lo que las autoridades variaron su pedido para que obtengan arresto domiciliario y garantía económica.
Otros, según sus abogados, no admitieron sus hechos ni llegaron a acuerdos con la Procuraduría, pero aún así el Ministerio Público decidió no solicitarles prisión preventiva como medida de coerción.
Cuando acabó la audiencia, los representantes del Ministerio Público expresaron que «la contundencia» de las pruebas llevará a que los imputados que no colaboraron vayan a prisión por 18 meses por los hechos que les imputan, mientras que los demás tendrán otras medidas.
El Ministerio Público manifestó que «están dadas todas las condiciones» para que los exfuncionarios cumplan coerción en una cárcel en la medida que se profundizan las investigaciones del hecho.
Según las autoridades, existió un entramado encabezado por Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, para distraer millonarios fondos estatales que supuestamente fueron usados para financiar campañas políticas.
Para esto, según la acusación, se usaron expropiaciones de terrenos, sobornos y coalición de funcionarios y así se ocultaron miles de millones de pesos desde el Ministerio de Hacienda para fortalecer las campañas políticas.
